La de cal
Sucrocítrico Cutrale Ltda.,
una de las mayores productoras de jugo de naranja del mundo, está siendo
procesada por el Ministerio Público del Trabajo en Araraquara (ciudad del
interior de São Paulo) por despedir a 83 trabajadores sin previa
negociación con el sindicato correspondiente, contrariando la legislación y la
jurisprudencia del Tribunal Superior del Trabajo.
La Procuraduría solicitó la
realización de negociaciones previas con el sindicato, la adopción de criterios
sociales para la selección de los despedidos (por ejemplo, aquellos que tengan
menos carga familiar) y condenar a la empresa al pago de 10 millones de reales
(4,92 millones de dólares) por daños morales causados a la comunidad.
El Procurador intimó a Cutrale
y a los dos sindicatos involucrados a que lo informaran sobre si los
despidos fueron precedidos por alguna negociación. El sindicato de Catanduva
y el de Taquaritinga informaron que esa instancia no se había cumplido y,
que por el contrario, la empresa se negó a recibir a los dirigentes.
La Constitución Federal y las
normas internacionales ratificadas por Brasil (como los Convenios número
11, 87, 98,135, 141 y 151 de la OIT) no permiten el despido colectivo de
trabajadores de forma unilateral, exigiendo la participación del respectivo
sindicato.
La
de arena
El “crimen” de Moreira fue
grabar en su teléfono celular las declaraciones de una funcionaria de una
escuela de Arinos, ciudad vecina de Unaí, donde aseguraba que los
porotos de la marca Unaí estaban contaminados con agrotóxicos y
publicarlo en Youtube. “Cuando las empleadas estaban cocinando sentimos
un olor muy fuerte. Cuando fui a ver percibí que era olor a veneno, tuvimos que
tirar más de 30 kilos porque no estaba en condiciones de ser consumido. Hasta en
mi casa, cuando voy a cocinar, hay un olor fuerte a veneno, tengo que dejarlo en
remojo un día antes para poder comerlo”, dice la mujer en video.
Torrefação e Moagem
(Torrefacción y Molino) Unaí, empresa dueña de la marca citada en
el video se presentó a la justicia acusando a Moreira de difamación. Al
parecer, el juez que intimó a Moreira a retirar el video y que cuando
este no acató la orden lo condenó a prisión, se está extralimitando en sus
funciones. Según la defensa del acusado, se trata de un juez del área civil que
no puede decretar prisión, algo que corresponde a la justicia criminal.
Eremita Martins Sobrinha,
una de las propietarias de la empresa, manifestó que la empresa realiza análisis
de laboratorio con frecuencia y “nunca constatamos exceso de agrotóxicos”.
Según Moreira, el número de personas con
cáncer en la región aumentó mucho en los últimos años: “es difícil encontrar una
familia que no tenga algún pariente con cáncer o que haya muerto por esa
enfermedad”, dice. Y agrega que esto motivó la creación en 2011 de una
“Subcomisión especial sobre uso de agrotóxicos y sus consecuencias para la
salud”, por la Comisión de Seguridad Social y Familia de la Cámara de Diputados.
Al final de los trabajos, la Subcomisión,
compuesta por seis diputados federales y seis suplentes, concluyó que: “La
incidencia de cáncer en las regiones productoras de Minas Gerais,
que usan intensivamente agrotóxicos en niveles muy por encima del promedio
nacional y mundial, sugiere una relación estrecha entre esa enfermedad y la
presencia de agrotóxicos”. Y agrega que según los datos recogidos, “en el
municipio de Unaí, ocurren cerca de 1.200 casos/año cada 100 mil
personas, cuando la media mundial no supera los 400 casos/año cada 100 mil
personas”.
La respuesta oficial no se hizo esperar. Una,
fue la condena del juez civil Raphael Moreira a su homónimo
Gilvander.
La otra, en Unaí, una ciudad de 80.000 habitantes, están construyendo un
hospital para cancerosos.
