EFE

Al viejo estilo del fútbol uruguayo, sobre la hora, el gobierno del presidente Tabaré Vázquez obtuvo resultados positivos para su política de derechos humanos, al encontrar el cuerpo de un detenido desaparecido en 1975, cuya área de inhumación había sido indicada por la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU).

Un equipo de arqueólogos de la Facultad de Humanidades de Uruguay, encabezado por el licenciado José López Mazz, halló primero los huesos de un pie, para luego ir liberando el cuerpo completo de uno de los dos presos políticos que la FAU reconoció haber matado y enterrado aquel año, lo que implicó un cambio sustancial en la vida política uruguaya y oxigenó al gobierno que recibía críticas luego de ocho meses de infructuosa búsqueda.

Los técnicos de la Facultad de Humanidades finalizaban su trabajo ese martes 29 de noviembre, luego de excavar 600 metros cuadrados de una chacra cercana a la ciudad de Pando, a 30 kilómetros de Montevideo, sin hallar restos en un lugar transformado en un campo de fosas abiertas y vacías.

El médico forense Guido Berro identificó una gran similitud entre la dentadura aún conservada en el esqueleto hallado y la historia clínica odontológica de Ubagesner Chávez Sosa, uno de los dos militantes comunistas muertos por tortura en la base aérea Boisso Lanza (el otro fue Arpino Vega).

Solo 24 horas después de ese primer hallazgo, datos aportados por un “informante anónimo” volvieron a sacudir a la sociedad uruguaya: en el Batallón de Infantería 13, cerca de una cancha de fútbol, en una isla de sauces (como se venía denunciando desde 1985) apareció un cráneo y, debajo, el cuerpo de otro desaparecido.

Los restos óseos, cuyas imágenes fotográficas y televisivas impactaron a los uruguayos, serían de uno de los ocho presos políticos –también comunistas– que entre 1975 y 1976 desaparecieron en la unidad represiva “300 Carlos”, también conocida como “El infierno”, que actuaba en los fondos del Batallón.

Aciertos y errores

Al asumir la presidencia del primer gobierno de izquierda de Uruguay, el pasado 1 de marzo, Vázquez ordenó a los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Aviación investigar y elaborar respectivos informes sobre el destino de los uruguayos desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985).

En el anterior gobierno, del conservador Jorge Batlle (Partido Colorado), se había creado una Comisión para la Paz que luego de tres años de trabajo confirmó la desaparición de 26 presos políticos durante el régimen militar uruguayo, pero aceptó la versión militar según la cual los cuerpos habían sido cremados y arrojados al mar.

Los informes entregados por los comandantes el pasado 8 de agosto tenían diferencias con el de la Comisión para la Paz e implicaron un cambio en el relacionamiento con el poder civil. El Ejército reconoció “sus muertos” y la Aviación señaló dos lugares de enterramiento en la chacra de Pando.

La Fuerza Aérea también admitió la existencia de traslados ilegales en sus aviones, y confirmó el llamado “segundo vuelo”, en el cual se trajo desde Argentina, en octubre de 1976, a un grupo de uruguayos detenidos en Automotores Orletti, quienes fueron ejecutados tras vivir un mes clandestinamente cautivos en Uruguay. Aún se desconocen los nombres de quienes fueron “trasladados” en ese “segundo vuelo”.

La Armada, que primero deslindó responsabilidades en las desapariciones, se vio obligada a elaborar un segundo informe en el que reconoció sus vínculos con la Escuela de Mecánica de la Armada argentina, responsable en 1978 de la desaparición de 30 miembros del GAU uruguayo en Buenos Aires.

La aparición del cuerpo en el Batallón 13 dejó mal parado al comandante del Ejército, general Ángel Bertolotti, cuyo informe señalaba a otra unidad militar –el Batallón de Paracaidistas Nº 14– como el lugar donde se habían enterrado todos los cuerpos luego de un operativo de exhumación de tumbas en 1984.

Interpretar o anular

Ese mismo Batallón 14, cercano a la ciudad de Toledo, había sido escenario de un acto dramático en el que Bertolotti le indicó a la joven Macarena, nieta del poeta argentino Juan Gelman, que allí se encontraban los restos de su madre, asesinada en 1976, luego de darle la vida en el Hospital Militar.

Bertolotti daba por ciertos los informes que los propios represores de entonces –hoy oficiales retirados– le habían dado, basado en la existencia de una “Operación Zanahoria” por la que en 1984 se habría desenterrado varios cuerpos de las unidades militares para volver a inhumarlos en el Batallón 14.

Los restos óseos hallados en el Batallón 13 dejaron en evidencia que la “Operación Zanahoria” habría sido por lo menos incompleta, y dio la razón a otro grupo de técnicos universitarios, dirigido por el profesor Daniel Panario, de la Facultad de Ciencias del Uruguay, que había señalado el lugar donde el cuerpo fue hallado luego de un estudio de la evolución forestal a través de fotos áreas del lugar.

Ahora, mientras se amplían las excavaciones en el Batallón 13 y se continúa buscando el segundo cuerpo de la chacra de Pando, sin descartar como sitio de enterramientos a la unidad de paracaidistas, otra batalla se inicia en el ámbito parlamentario donde se discute la Ley de Caducidad.

Dicha ley, impuesta por el gobierno de Julio María Sanguinetti en 1986 y refrendada –bajo amenaza de desacato militar– en un plebiscito en 1989, ha sido interpretada por los gobiernos uruguayos de los últimos 20 años como una amnistía irrestricta, interpretación que no se corresponde con el texto de la ley aprobada.

El oficialismo ha propuesto una ley interpretativa de la Ley de Caducidad, por la que se llegarían a juzgar algunos crímenes de la dictadura. Sin embargo, grupos sociales y la central sindical uruguaya, PIT-CNT, han replanteado la discusión de una ley de nulidad que vuelva todo a fojas cero, como ocurrió en Argentina.

En Uruguay, mientras se cava y se debate, las flores escondidas han surgido de la tierra luego de un oscuro invierno de tres décadas y, aún transformadas en bulbos de tallos sin carne y pétalos marchitos que ya no pueden florecer, se muestran como la simiente de una verdad que, ahora sí, reclama justicia.

Roger Rodríguez

© Rel-UITA

8 de diciembre de 2005