El procesamiento con prisión del dictador Juan María Bordaberry y de su canciller Juan Carlos Blanco, fue motivo de festejo en una sociedad uruguaya víctima de una impunidad arraigada a lo largo 20 años de gobiernos que, de una u otra forma, impidieron los juicios a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico militar que se impuso en el país entre 1973 y 1985.

El encarcelamiento de dos de las principales figuras del régimen dictatorial fue presentado en los medios de comunicación uruguayos por titulares que destacaron desde un simple: “A la cárcel”, en el matutino El Observador, hasta una tapa sin texto del cotidiano La Diaria que se limitó a publicar en su portada sin títulos la fotografía de dos manos aplaudiendo. Juan María Bordaberry, presidente electo en 1971, quien dio un golpe de Estado en 1973 disolviendo las Cámaras parlamentarias, y su ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco, fueron procesados con prisión como coautores de los homicidios especialmente agravados de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de los militantes tupamaros William Whitelaw y Rosario Barredo, ocurridos en mayo de 1976 en Buenos Aires, Argentina.

Los antecedentes

Michelini era entonces senador de la coalición de izquierdas Frente Amplio, y Gutiérrez Ruiz, del Partido Nacional, había llegado a ser el presidente de la Cámara Baja del Parlamento uruguayo. Sus cuerpos fueron encontrados en un automóvil abandonado en la capital argentina junto a los de los dos militantes del movimiento Tupamaros, como conclusión de un operativo coordinado de represión en el que se intentó asociar a los dos legisladores con la llamada “subversión”.

El juicio que ha llevado a la cárcel a Bordaberry y Blanco se inició en 2002, cuando la Suprema Corte de Justicia uruguaya aceptó que los dos altos jerarcas de la dictadura podían ser juzgados al no estar amparados en la llamada Ley de Caducidad, con la que en 1986 se procuró amnistiar a militares y policías responsables de crímenes de lesa humanidad, pero que dejó fuera de ese beneficio a los civiles que participaron activamente en la dictadura.

Las razones

El asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz es considerado uno de los eslabones del denominado Plan Cóndor con el que los regímenes dictatoriales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay coordinaron en los años setenta una represión transfronteriza en el Cono Sur de América contra todo opositor político, con el beneplácito y apoyo del secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, según prueban documentos desclasificados en Estados Unidos.

El ex canciller Juan Carlos Blanco ya había estado encarcelado por su coautoría en la “privación de libertad” de la maestra Elena Quinteros, secuestrada en agosto de 1976 dentro de los límites territoriales de la embajada de Venezuela en Montevideo cuando intentaba pedir asilo político. Quinteros desapareció, y el hecho se transformó en un gravísimo incidente diplomático que determinó la ruptura de relaciones políticas entre ambos países hasta el fin de la dictadura. Blanco seguía encausado por un delito de homicidio ante la versión de una oficial Comisión para la Paz cuya investigación concluyó que la maestra había sido asesinada.

Juan María Bordaberry, de 80 años, en cambio, se constituye en el segundo dictador preso por los crímenes cometidos por los regímenes militares en la región, luego del encarcelamiento del general argentino Rafael Videla en 1986, y cuando en Chile el general Augusto Pinochet aún goza de una prisión domiciliaria, beneficio al cual el dictador uruguayo no puede aspirar en virtud de una ley de “humanización de cárceles” aprobada en 2005 según la cual los autores de delitos de lesa humanidad no recibirán ningún privilegio, aún siendo añosos.

El significado

El encarcelamiento de Bordaberry y Blanco se produce a un año y medio de la asunción del presidente socialista Tabaré Vázquez, quien ha instaurado una nueva política de Estado en materia de derechos humanos por la cual se ha permitido que casos ocurridos durante la dictadura militar sean finalmente indagados por la justicia penal. Ya hay ocho militares y policías procesados y en prisión por un caso de desaparición forzada, mientras se mantiene bajo prisión administrativa a otros tres militares cuya extradición ha sido solicitada por la Justicia Federal argentina.

Los procesamientos referidos a los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz han conmovido al sistema político uruguayo. Voceros del hoy minoritario Partido Colorado, como los ex presidentes Julio María Sanguinetti (1985-1989 y 1994-1999), y Jorge Batlle (2000-2004), se han pronunciado en contra de la decisión judicial, que será apelada por la familia del ex dictador. Uno de sus hijos que fuera ministro de Turismo durante el último gobierno colorado, Pedro Bordaberry, denunció inclusive la existencia de una “insoportable presión” del gobierno izquierdista sobre los jueces.

Las organizaciones sociales, en cambio, han celebrado el pronunciamiento del Poder Judicial y la central de trabajadores PIT-CNT resolvió convocar ayer, viernes 17, a una concentración para festejar el encarcelamiento del ex dictador. El hecho es percibido como un hito histórico en el reclamo de “Verdad y Justicia” que estas organizaciones promueven desde el fin de la dictadura que dejó como saldo dos centenares de víctimas de desaparición forzada y miles de presos políticos y exiliados.

Con el dictador y su Canciller presos en la misma Cárcel Central donde ya se amontonan militares y policías violadores de los derechos humanos, los uruguayos parecen sentir que un viento de cambio ha comenzado a disipar la impunidad que protegía a los autores de los crímenes de la dictadura, una impunidad consolidada durante los cuatro gobiernos constitucionales que siguieron al régimen de facto. Parece comenzar a cumplirse una promesa preelectoral del presidente Tabaré Vázquez en la que aseguró que su gobierno haría “temblar hasta las raíces de los árboles”.

Roger Rodríguez © Rel-UITA 18 de noviembre de 2006