Por una
parte, en el platillo positivo de la balanza, este fue
el año en que, por primera vez desde la restauración de
la democracia, en 1985, marcharon a prisión algunos de
los más emblemáticos personeros uniformados de la
represión bajo la dictadura. También en 2006 se procesó
y encarceló a dos de los ideólogos civiles de aquel
régimen, el ex dictador Juan María Bordaberry y su
canciller Juan Carlos Blanco.
El
gobierno puede adjudicarse igualmente el descubrimiento
de archivos de la dictadura que estuvieron encajonados
en diversas dependencias oficiales, al igual que la
conformación de una comisión de investigadores
universitarios para avanzar en el conocimiento de la
historia de aquella época. Pero esos avances, a imputar
en el haber del primer gobierno de izquierda en la
historia de este país, se empañan en parte por
declaraciones y actitudes ambiguas de altas autoridades
del Estado en el sentido de que se estaría llegando a un
”punto final” en las investigaciones de las violaciones
a los derechos humanos cometidas bajo la dictadura
cívico militar (1973-1985).
El
presidente Tabaré Vázquez declaró sobre fin de año que
ante la ausencia de datos fehacientes acerca de la
ubicación de restos de desaparecidos presuntamente
enterrados en cuarteles y diversos predios militares se
“clausuraba” una etapa. De inmediato, el comandante del
Ejército, Jorge Rosales, se apresuró a saludar la
decisión presidencial. “Todo lo que lleve a dar vuelta
la página es un elemento positivo para la sociedad. Este
es un tema laudado”, dijo.
Rosales
se inscribió así en la línea de prácticamente todos sus
predecesores en el cargo, que, mientras pudieron,
obstaculizaron cualquier investigación -y en
consecuencia cualquier posibilidad de hacer justicia-
sobre lo sucedido en los años sesenta y setenta, y
cuando no tuvieron más remedio, ante la llegada de una
nueva fuerza política al gobierno en 2005, divulgaron
verdades a medias y se hicieron cómplices de la
continuación del ocultamiento de la mayoría de los
hechos.
“Para
el Ejército -añadió Rosales- el tema desaparecidos
finalizó el 30 de octubre de 2006, cuando por orden del
señor presidente se suspendieron las excavaciones en
predios militares. La investigación como tal está
terminada y no podemos salir a investigar las cosas que
se nos ocurran. La investigación que hubo fue una orden,
y esa orden ha sido revocada. El Ejército aportó lo que
tuvo que aportar. No me queda la sensación de que
alguien no habló o que le mintió al gobierno”, concluyó.
Aún si
el presidente Vázquez desmintiera que su decisión de
“clausurar una etapa” se asemejara a un ”punto final”,
la revelación de Rosales de que fue de Presidencia que
emanó la orden de cesar las investigaciones internas en
el Ejército sobre el paradero de los más de 230
uruguayos desaparecidos hace temer que el gobierno
intente encaminarse en esa dirección. Así lo
interpretaron, por otra parte, distintos actores
políticos y sociales.
“Las
Fuerzas Armadas le han dicho al gobierno que no tienen
más información para dar, y el Poder Ejecutivo tiene que
aceptar eso porque no tiene otros caminos para
investigar. Esa es la realidad”, dijo una, al parecer
resignada, ministra de Defensa Azucena Berrutti.
Al
menos que se tratara de una broma propia del Día de los
Santos Inocentes -Berrutti hizo esas declaraciones el 28
de diciembre- la impresión que queda es que el gobierno
no desea presionar a los militares para que revelen las
informaciones que poseen. Cuando lo hizo, cuando el
presidente hizo su valer su autoridad como comandante en
jefe de las Fuerzas Armadas, algunos resultados
-revelaciones o confirmaciones de lo que por décadas
habían denunciado las organizaciones de derechos
humanos, e incluso la aparición de los cuerpos de dos
desaparecidos- logró obtener.
Entre
los hechos que se admitieron bajo presión de la
Presidencia destaca el reconocimiento por parte de la
Fuerza Aérea del traslado, en octubre de 1976, de una
veintena de militantes de izquierda secuestrados en
Buenos Aires hacia Montevideo, donde habrían sido
ejecutados.
En un
informe comunicado al presidente Vázquez a fines de
2005, la aviación señala que esos opositores, que
figuran en la lista de uruguayos desaparecidos en
Argentina, fueron entregados al Ejército. Esta última
arma no aportó dato alguno al respecto.
Ese
traslado, conocidos como el “segundo vuelo”, ya que un
“primer vuelo” conduciendo prisioneros políticos desde
Buenos Aires a Montevideo ya había sido reconocido
oficialmente (en este caso los secuestrados
sobrevivieron), habían sido revelados por
investigaciones periodísticas años atrás pero
rotundamente negados tanto por los militares como por
una Comisión para la Paz constituida durante el gobierno
anterior y en la que revistaba el actual secretario de
la Presidencia Gonzalo Fernández.
Por
otra parte, antes y después de la publicación de los
informes militares se difundieron nuevos testimonios de
ex detenidos que sostienen haber sido objeto de
traslados (en algunos casos en varias ocasiones) entre
los dos países rioplatenses, al punto de que se tienen
datos más o menos veraces sobre la existencia de al
menos una decena de “vuelos de la muerte”.
Sin
embargo, el gobierno no se ha decidido aún a investigar
esas denuncias.
La
Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos
Desaparecidos, algunos de cuyos miembros están muy
cercanos al actual gobierno, no parece dispuesta a
aceptar ninguna pretensión de “punto final”. La misma
actitud tiene la central sindical PIT-CNT y diversas
asociaciones que impulsan la anulación de una ley que
impide en la mayoría de los casos el juzgamiento de
uniformados por violaciones a los derechos humanos
cometidas entre 1973 y 1985 en Uruguay.
El
gobierno de Vázquez se opone a la anulación de esa ley,
conocida como ley de caducidad de la pretensión punitiva
del Estado, por entender que permite investigar los
hechos y que tiene disposiciones que habilitan la
intervención de la justicia, como se dio en los casos de
los militares y civiles procesados en 2006. En ese
panorama, han surgido especulaciones de todo tipo acerca
de los motivos que llevaron al gobierno a “clausurar una
etapa” en materia de derechos humanos.
Una de
ellas apunta a Gonzalo Fernández. Según grabaciones que
le fueron realizadas clandestinamente y nunca
desmentidas, el actual secretario de la Presidencia
negoció con varios de los militares hoy presos la
continuación de la impunidad de éstos a cambio de datos
sobre los lugares de enterramientos de cuerpos de
desaparecidos. Como los uniformados no le proporcionaron
esas informaciones, e incluso dieron otras que se
revelaron falsas, el camino de la justicia habría sido
iniciado. Fernández es sospechado por algunas
organizaciones sindicales y humanitarias de ser de todas
maneras partidario de cerrar cuanto antes el “capítulo”
derechos humanos.
Otra
versión, de la que se hace eco en su edición del 29 de
diciembre el semanario “Brecha”, señala que el por qué
del freno provisorio a las investigaciones en esta
materia habría que buscarlo en los archivos descubiertos
en 2006 por el Ministerio de Defensa en una unidad
militar.
“El
contenido de ese archivo, que se supone es el del
Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA,
por donde pasaba la “pata” uruguaya del Plan Cóndor de
cooperación entre las dictaduras militares conosureñas
en los años setenta), ha quedado hasta ahora fuera del
alcance de la justicia. Los secretos guardados en él,
quizás expliquen la ‘clausura de la etapa. Quizás el
presidente considere que una acción más decidida podría
destapar otra cajas de Pandora que pondrían en evidencia
una complicidad mucho más extendida que afectaría a
buena parte de lo que se suele llamar ‘la clase
política’ y que generaría una situación inconveniente en
la actual coyuntura”, estima esa publicación.
Reales
o no esas versiones, lo cierto es que la ambigüedad y
las marchas y contramarchas del gobierno en estos temas
las alimenta.
Los
partidarios de la anulación de la ley de “caducidad”
insisten en que, además de a la sociedad en su conjunto,
al Ejecutivo también le haría bien decidirse a respaldar
esta iniciativa, de manera de despejar las sospechas que
sobre él pesan y que provienen en buena medida de
sectores que promovieron la llegada de la izquierda al
gobierno.
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En Montevideo,
Daniel Gatti
© Rel-UITA
5 de
enero de 2007 |
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