Decenas de miles de personas manifestarán probablemente este viernes por las calles de Montevideo, como todos los 20 de mayo desde 1996, en reclamo de verdad y justicia para los desaparecidos uruguayos durante la dictadura, pero esta décima edición de la “Marcha del Silencio” se da en un contexto político totalmente novedoso.

Entre los desaparecidos no hay inocentes. Todos fueron culpables de querer un mundo mejor.*

Las Marchas del Silencio han congregado hasta ahora a entre 40.000 y 70.000 personas que, bajo una única pancarta que año a año elabora la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, marchan sin corear consigna alguna por la céntrica avenida 18 de Julio, la principal de Montevideo.

En esta ocasión, se produce en un clima de expectativa mayor, puesto que el flamante gobierno de izquierda, estrenado el 1 de marzo, ha proclamado su intención de investigar a fondo el destino de los desaparecidos uruguayos bajo la última dictadura cívicomilitar (1973 - 1985) y ha dado algunos pasos en ese sentido.

De hecho, por primera vez desde que la manifestación comenzó a realizarse todos los años, en 1996, un presidente de la república en ejercicio, el socialista Tabaré Vázquez, participará de ella, junto a buena parte de su gabinete.

Entre las novedades producidas en las últimas semanas destaca también el ingreso de un equipo de universitarios (antropólogos, arqueólogos, geólogos) al predio del batallón 13 del Ejército, donde, según coincidentes denuncias, se habría sepultado a opositores desaparecidos en los años setenta.

Este miércoles 18 una versión difundida por el diario El Observador daba cuenta de que en ese predio se habían ya encontrado restos óseos, que habían sido enviados a laboratorios para que se les practiquen exámenes de ADN a cotejar con las muestras sanguíneas de los familiares de desaparecidos.

La versión fue sin embargo desmentida hoy viernes a otro matutino, La República, por “voceros de la Presidencia de la República” según lo cuales se trataría de restos de animales.

Por otra parte, esta semana se supo que la fiscal Mirtha Guianze pidió el procesamiento con prisión del ex presidente Juan María Bordaberry y el ex canciller Juan Carlos Blanco. A ambos les imputa el delito de “homicidio muy especialmente agravado” por su responsabilidad en el asesinato, el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires, de los ex legisladores uruguayos Zelmar

Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

Es precisamente en recuerdo de esa fecha –en que, además de los ex parlamentarios, fueron asesinados dos uruguayos exiliados en Argentina y vinculados a movimientos guerrilleros, Rosario Barredo y William Whitelaw, que a iniciativa del actual senador de izquierda Rafael Michelini, hijo de Zelmar, comenzaron a realizarse en 1996 las Marchas del Silencio de los 20 de mayo.

También en las últimas semanas se han conocido testimonios coincidentes de personas que afirman haber visto, entre 1976 y 1977, enterramientos clandestinos en diversos lugares.

Según consignó el semanario Brecha citando a uno de los testigos, la razón de que esas personas hayan esperado casi treinta años para efectuar sus denuncias es que “ahora se puede”, en alusión al nuevo escenario político existente en el país.

El presidente Vázquez ha manifestado hasta ahora, en estos temas, una actitud mucho más firme ante las Fuerzas Armadas que la demostrada por sus predecesores conservadores que se sucedieron en el poder desde la restauración democrática de 1985.

En particular ha obtenido de los jefes de las tres armas el compromiso de realizar una investigación interna para ubicar el paradero de los restos de los opositores uruguayos desaparecidos en el país.

El total de uruguayos secuestrados y posteriormente desaparecidos en los años setenta y principios de los ochenta supera los 210, pero la gran mayoría de ellos fueron detenidos en Argentina, en el marco de operaciones de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur de América Latina enmarcadas en el Plan Cóndor. En territorio nacional se denunció la desaparición de una treintena de uruguayos y de cinco argentinos, entre estos últimos la nuera del poeta argentino Juan Gelman, secuestrada en Buenos Aires y trasladada a Montevideo en 1977.

Pese a todos los avances en materia de esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente producidos tras la llegada al poder del Encuentro Progresista–Frente Amplio, se han reavivado discrepancias al interior de la propia izquierda.

Esas fricciones se resumen en un tema central: si es esperable que las investigaciones en curso conduzcan a sanciones contra los responsables de estas aberraciones.

Tabaré Vázquez ya ha dicho que se limitará a cumplir “con la totalidad” de la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que en 1986 eliminó cualquier posibilidad de sanción penal contra militares y policías acusados de haber cometido asesinatos, desapariciones y torturas entre junio de 1973, fecha del golpe de Estado, y marzo de 1985. Un artículo de ese texto, el cuarto, prevé de todas maneras la realización de investigaciones para conocer “la verdad” sobre los casos de desapariciones.

En 1989, esa ley fue sometida a plebiscito revocatorio, promovido por organizaciones humanitarias, el conjunto de la izquierda y sectores “progresistas” de los partidos conservadores, pero resultó ratificada.

El Secretariado de Derechos Humanos de la central sindical única PIT-CNT entiende, en cambio, que Uruguay ha suscrito convenios internacionales “que tienen supremacía” sobre la legislación nacional y que definen a las desapariciones como “delitos permanentes”, es decir que habilitan la posibilidad del juicio y el castigo.

Observa igualmente que el plebiscito de 1989 se realizó en un contexto muy particular, dominado por el temor a la posibilidad de un nuevo golpe de Estado augurado por los militares y los partidos de la derecha en caso de que la ley fuera derogada. “El panorama actual en Uruguay es muy diferente, y desde entonces se ha avanzado mucho en la jurisprudencia sobre estos temas a nivel internacional”, observó el dirigente sindical Raúl Olivera, integrante de ese Secretariado.

Olivera se declaró sorprendido de que en las operaciones de búsqueda que se están realizando en el Batallón 13 “no haya representantes de la justicia”. Recordó que en ese predio puede hallarse el cuerpo de Elena Quinteros, una maestra secuestrada en 1976, por cuya desaparición hay una causa penal abierta contra el ex canciller Juan Carlos Blanco, el mismo que figura encausado en el caso Michelini-Gutiérrez Ruiz.

“Es insólito que se esté diligenciando una prueba que tiene que ver con una causa penal (la desaparición de Quinteros) y no sea dirigida por el juez”, apuntó Olivera, que se dijo a su vez sorprendido de que el gobierno “no haya tomado ninguna iniciativa en el ámbito judicial o político para saber si son ciertas las versiones de que existen otros cementerios clandestinos además del Batallón 13”.

En el mismo sentido se pronunció el antropólogo forense Horacio Solla, designado por la justicia como uno de los veedores de los trabajos en el Batallón 13 pero que aún no ha ingresado a ese predio porque la Presidencia de la República no le ha entregado la acreditación correspondiente.

“No es serio que en este proceso de investigación, que hasta ahora ha sido del dominio exclusivo del Poder Ejecutivo, la justicia no haya estado presente desde el primer momento”, comentó Solla, miembro del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial.

Entre dirigentes de algunos grupos de izquierda y militantes de organizaciones humanitarias existen sospechas de que el actual gobierno quiere “liquidar rápidamente” el “tema desaparecidos” para “dar vuelta definitivamente la página” y que no desea complicarse con investigaciones que podrían durar mucho tiempo.

Las Marchas del Silencio no han estado ajenas a estas polémicas. En sus primeros años, las consignas que presidían a esas manifestaciones hicieron siempre énfasis en el reclamo de verdad (“Verdad, memoria y nunca más”, en 1996, “Queremos la verdad”, doce meses más tarde, “La verdad nos hará libres”, en 1998, ³¿Qué le falta a nuestra democracia? Verdad”, en el 99), pero en las ediciones posteriores al año 2000 ya se notaba una inflexión.

“En los comienzos –señala el historiador Aldo Marchesi– se asumía la imposibilidad de la `justicia´ como consecuencia de la ratificación popular de la ley de 1986. Sin embargo, en los últimos 20 de mayo empiezan a surgir otras consignas que en cierta medida contradicen el sentido original de los organizadores. `La verdad ya la sabemos, queremos justicia´, corean grupos juveniles desafiando el consensuado silencio”.

La propia Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos ha incluido en las más recientes marchas del 20 de mayo reivindicaciones de justicia. La que preside esta edición dice: “Para el pasado verdad, en el presente justicia, por siempre memoria y nunca más”.

Más allá de estas polémicas, unos y otros se han manifestado satisfechos con que por fin suene la hora del castigo para Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco. Ambos no pueden aspirar a ser beneficiados por la ley de 1986, que sólo abarca a militares y policías.

Además, si el presidente Vázquez cumple con lo que anunció el 1 de marzo, en su discurso de asunción, de que dejará, por su propia decisión, fuera de la ley de Caducidad a los casos de los legisladores uruguayos asesinados en Argentina, podrían llegar a ser enjuiciados tres militares implicados en ellos (los oficiales Manuel Cordero, José Nino Gavazzo y Pedro Mattos).

Claro está que algunos se preguntarán por qué el presidente resolvió excluir de la ley únicamente a esos dos casos (es cierto que tal vez los más emblemáticos) y no a otros. “Es mejor que nada, y por algo hay que empezar”, se consoló un militante humanitario.

Daniel Gatti

© Rel-UITA

20 de mayo de 2005

* Del libro "nomeolvides". Textos Carlos Caillabet,

   fotografía Annabella Balduvino