Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas y Human Rights Watch alertan de que esta ley crearía un pésimo precedente en la lucha mundial contra la impunidad.

El proyecto de Ley sobre víctimas del franquismo y la Guerra Civil presentado por el Gobierno español para su debate en el Congreso debería, como indica su exposición de motivos, “reconocer y ampliar los derechos de las víctimas”, negados durante décadas. Sin embargo, este objetivo está completamente desvirtuado en el Proyecto de Ley.

“Tal como está, este Proyecto de Ley es inaceptable, ya que no garantiza, y en algún caso obstaculiza, los derechos fundamentales de las víctimas. El Congreso debe modificarlo sustancialmente durante su tramitación. Un Proyecto de Ley que pretende acometer un reto de esta envergadura debe ser ambicioso y dignificar a las víctimas, y el actual Proyecto está lejos de hacerlo” ha declarado Javier Zúñiga, miembro de la delegación formada por expertos de Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas y Human Rights Watch que ha mantenido entrevistas esta semana con representantes del Gobierno, de los diferentes grupos parlamentarios y de la Fiscalía General del Estado.

“En el texto presentado por el Gobierno, el Estado español no asume responsabilidad alguna por los crímenes atroces que se cometieron durante el franquismo y la Guerra Civil y no menciona las normas internacionales de derechos humanos, ni siquiera los principios de verdad, justicia y reparación” ha declarado Wilder Tayler, de Human Rights Watch.

Los obstáculos a la verdad y a la justicia del proyecto de Ley, así como la omisión de garantías para que las víctimas cuenten con recursos eficaces y obtengan reparaciones, sitúan al Gobierno español muy por detrás de las tendencias mundiales en cuanto al respeto de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional.

“España ha tenido frecuentemente una política exterior comprometida con la verdad y la justicia. Es sorprendente que no lo haga a nivel interior. Esta ley corre el riesgo de convertirse en un peligroso antecedente para otros países que se enfrenten a procesos similares” ha declarado Federico Andreu, de la Comisión Internacional de Juristas.

Aunque hay que valorar positivamente que la mayoría de los grupos parlamentarios hayan incluido mejoras en sus enmiendas al Proyecto de ley, como eliminar las disposiciones para omitir la identidad de presuntos perpetradores de graves violaciones de derechos humanos, disposiciones que impiden conocer la verdad y que favorecen la impunidad, los representantes de las tres organizaciones insisten en la necesidad de que durante la tramitación parlamentaria el texto del Proyecto incluya un mecanismo para garantizar el derecho a saber la verdad de manera individual o colectiva, imparcial y abierto a la participación de las víctimas.

También recuerdan que el Gobierno no tiene por qué esperar a que esté aprobada la ley para defender los derechos de las víctimas. Puede dar pasos significativos, y sin embargo permanece paralizado con la excusa de que se está discutiendo la ley. “Es urgente tomar medidas para garantizar el acceso de las víctimas y proteger los `archivos de la represión, donde se conserva una información vital, y que hoy por hoy se encuentran en muchos casos en pésimo estado”, declaró Javier Zúñiga.

“En las reuniones mantenidas con representantes del Gobierno y diputados hemos percibido algunos signos alentadores de que existe aún un margen para acercar el Proyecto de Ley a lo que dictan las normas internacionales de derechos humanos, y esperamos que pueda ser así. Si no, estaremos no sólo ante una oportunidad histórica perdida para las víctimas sino ante un importante paso atrás”, afirmaron los representantes de las tres organizaciones.

Información adicional

Una delegación formada por expertos de las tres principales organizaciones internacionales de derechos humanos ha mantenido reuniones durante esta semana en Madrid con representantes del Gobierno, de los Grupos Parlamentarios, con la Fiscalía General del Estado y organizaciones como Jueces para la Democracia, para exponer y debatir sus preocupaciones sobre el actual Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

La delegación ha estado formada por Federico Andreu, Secretario General Adjunto de la Comisión Internacional de Juristas; Wilder Tayler, Director del Departamento Legal de Human Rights Watch; y Javier Zúñiga, Consejero especial del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional. Los tres delegados cuentan con una dilatada experiencia en procesos similares en otros países.

En un informe presentado el pasado mes de noviembre, Amnistía Internacional ya declaraba que el Proyecto de Ley ignora los derechos humanos, y que pone en marcha “mecanismos de impunidad” muy preocupantes, además de mostrar una falta total de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos.

Tomado de Comfia

23 de marzo de 2007

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