Con Carlos Guto Santos

Los gobiernos sólo actúan

bajo presión social

Entre el 29 y 30 de junio pasados la Federación de Trabajadores en la Agricultura del estado de Pará (FETAGRI-PA) desarrolló una intensa movilización: el Grito da Terra Pará. Sirel dialogó con su presidente, Carlos Guto Santos, para conocer cuál es su balance de esta multitudinaria acción que conmovió las calles de Belém, la capital estadual.

-¿Cuál fue el proceso hasta este Grito da Terra?

-La FETAGRI realiza este Grito da Terra desde hace 20 años, pero esta vez se presentó con una característica diferente, ya que se efectuaron movilizaciones previas en ciudades del interior del estado como Marabá y Santarem, y culminamos estos dos días con una concentración y acciones diversas en la capital, Belém. 

Uno de los ejes de nuestro Grito ha sido siempre el combate a la violencia en el campo y a la impunidad, y este año especialmente, ya que en los últimos meses esa violencia ha recrudecido, resultando en cinco muertes en los últimos 40 días.

Tenemos bien claro que si la impunidad sobre éstos y otros crímenes similares permanece, la violencia continuará.

Otro aspecto es la obtención de recursos para el Instituto de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). El gobierno federal debe dotar de medios económicos a las tres superintendencias del INCRA en Pará, donde se encuentra el 25 por ciento de todos los asentados del país, lo que representa casi 200 mil familias en casi mil asentamientos.

La reforma agraria avanzó un poco en estos últimos años, pero aún queda muchísimo por hacer. Por eso reclamamos más recursos para el INCRA, para infraestructura, para asistencia técnica, para obtención de tierras, para crédito de vivienda y crédito de apoyo a los asentados. Es con estas políticas que vamos a combatir la usurpación de tierras y la violencia n el campo.

-¿De qué manera? ¿Cómo se vinculan ambas cosas?

-A medida que estos trabajadores obtengan crédito y asistencia técnica ellos empezarán a reproducirse económicamente dentro de su lote y de su asentamiento.

Hacer reforma agraria no es sólo delimitar un perímetro, definir parcelas y entregarlas a los agricultores. Es necesario tener un sistema de abastecimiento de agua, caminos para sacar la producción, una política de vivienda, de crédito rural, etc, porque estos elementos son esenciales para que esos agricultores puedan quedarse en la tierra, permanecer en sus lotes. Ellos deben poder reproducirse social y económicamente, generando renta, mejorando sus condiciones de vida. 

Esa negociación no avanzó como nosotros hubiéramos deseado a nivel federal, y por eso ahora le dejamos claro al presidente nacional del INCRA, Celso Lisboa, que será necesario tener otras rondas de negociación en Brasilia, con el Ministerio de Desarrollo Agrícola (MDA), con el secretario de la Presidenta, Giberto Cravalho, con el Ministerio de Medio Ambiente y otros, para discutir esa plataforma de reforma agraria y que no sea sólo un tema del INCRA sino del propio gobierno federal.

Ahora nuestras movilizaciones van a hacer una pausa para sostener estas audiencias en Brasilia, y luego, a fin de agosto, volveremos a movilizarnos para ver hasta dónde pudimos avanzar en la obtención de recursos para el trabajo del INCRA aquí en Pará.

-Luego se reunieron con el ITERPA…

-El Instituto de Tierras de Pará tiene el papel de hacer la distribución y la regulación agraria de las tierras del estado. Pará tiene la característica peculiar de que 63 por ciento de su territorio es propiedad federal, distribuido en reservas indígenas, reservas minerales, reservas naturales nacionales, asentamientos de reforma agraria y otros. Cerca del 20 por ciento de la tierra queda para el estado.

Nuestro principal desafío es reafirmar y dar continuidad a la creación de asentamientos en estas tierras. En los últimos diez años ha sido una política permanente de nuestra Federación porque tenemos esas dos realidades: trabajadores que están ya dentro de asentamientos, y otros que están fuera y sobre tierras públicas del estado de Pará.

En el gobierno estadual anterior fueron creados 23 asentamientos de reforma agraria beneficiando a casi 3 mil familias. Es necesario continuar con esta política, y el ITERPA suele cuestionarla. Por eso nos movilizamos con más de 2 mil personas delante del Instituto, para reafirmar que nosotros queremos continuidad.

En la previsión del anterior gobierno se crearían en este periodo otros 30 asentamientos beneficiando a 5 mil familias. Nuestros representantes, jóvenes, mujeres, hicieron presión para que esto ocurra con agilidad.

-Y mientras la audiencia en el ITERPA continuaba, la marcha cambió su rumbo…

-Nos dirigimos al Tribunal de Justicia del estado donde teníamos dos puntos importantes para discutir. Fuimos recibidos por la doctora jueza Katia Parente, corregidora de las Comarcas del Interior. Estaban también presentes integrantes de la Comisión de Combate y Monitoreo de la Usurpación de Tierras en Pará.

Fue importante para expresar en ese ámbito todo nuestro apoyo a la tarea de esta Comisión, ya que la asociación de hacendados pretende que sea disuelta alegando que ya cumplió su cometido.

También planteamos que se forme otra comisión con el mismo esquema de ésta, es decir, multipartita y representativa de la sociedad, el gobierno estadual, el gobierno federal y la justicia, instituida por el Tribunal, para acompañar los procesos judiciales relacionados con los crímenes y asesinatos en el campo, ayudar en las investigaciones, estar informada y divulgar esa información en la sociedad. 

También fuimos a reclamarle al Tribunal que haga públicos los padrones de aquellas propiedades rurales cuyos títulos fueron cancelados por orden del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), que decretó la anulación de todos los títulos que tuviesen indicios de fraude.

Muchos de ellos ya lo fueron, pero el Tribunal no ha comunicado cuáles, y eso para nosotros es muy importante porque son tierras que pueden ser destinadas para la reforma agraria.

Allí el acuerdo fue fijar una agenda de reuniones de la Comisión con el Tribunal de Justicia; la jueza Parente dejó claro que se haría una consulta al CNJ, y si éste lo ordenaba se divulgarían los detalles de esos inmuebles rurales.

Tenemos muy claro que las estructuras gubernamentales sólo actúan bajo la presión social, y por eso estamos preparados para continuar nuestras movilizaciones manteniendo en la agenda política los temas que son esenciales para la agricultura familiar.