Con Jair Krischke

El Estado no asegura

la soberanía y la democracia

en la región amazónica

Ante la ola de violencia rural desatada recientemente en los estados del norte de Brasil, Sirel dialogó con nuestro amigo y compañero Jair Krischke, presidente del Movimiento Justicia y Derechos Humanos (MJDH, Brasil), sobre el origen de esta violencia y las acciones necesarias para erradicarla.

-¿De dónde viene esta violencia?

-En Brasil es un viejo tema que tiene que ver esencialmente con la ausencia del Estado y la total impunidad de los poderosos en esa región.

Hemos pasado por muertes que han tenido repercusión internacional muy fuerte, como la de Chico Mendes en 1988, y más recientemente, en 2005, la de la religiosa estadounidense Dorothy Stang.

En esas oportunidades los asesinatos pararon durante un tiempo, tal vez seis meses, y después, como la memoria es corta y en Brasil prácticamente ni siquiera tenemos memoria, los homicidios sociales recomenzaron.

Porque hay un simulacro de justicia que hace que los responsables no aparezcan, o cuando lo hacen terminen liberados o con penas ridículas. Es asustador. ¿Cómo puede ocurrir esto en el Brasil del siglo XXI?

-¿Quiénes son los responsables de esta violencia?

-Cuando se comete cualquier tipo de crimen –más aún un homicidio- hay que analizar quién saca ventaja de él. En el caso de estas muertes vinculadas con el uso de la floresta y la propiedad de la tierra, los mandantes suelen ser los que extraen madera industrialmente, los usurpadores de tierra y grandes ganaderos y agroindustriales que en general son invasores de tierras fiscales.

Esta cultura está arraigada en estos sectores y sus comparsas incrustados en las entidades públicas locales, y por eso se sigue matando a la gente con absoluta impunidad.

Entre ellos siempre negocian y se ponen de acuerdo para repartirse una torta que parece infinita, pero matan a los dirigentes sindicales, ambientalistas, líderes comunitarios de grupos que apenas se reúnen para defender sus necesidades básicas.

Todo aquel que se rebela, que no se somete a esa autoridad ilegal e informal, son candidatos a ser asesinados. Existen listas de condenados a muerte que están incluso en poder del gobierno.

-¿Y qué dice el gobierno?

-Las organizaciones sociales le han entregado documentos y listas de marcados para morir, pero justo ahora nuestra secretaria de Derechos Humanos, María do Rosario, sale a decir que el Estado no tiene cómo protegerlos. Ella afirmó solemnemente que es imposible dar seguridad a estas personas, que el Estado no puede hacerlo. Es lamentable.

-Las víctimas padecen la discriminación de la pobreza y el ninguneo del Estado…

-Invariablemente son los más pobres, y sufren esa persecución por estar en esta región tan rica, que se puede vivir sin demasiados problemas, no hace frío, hay ríos y arroyos cargados de peces, hay frutos selváticos, en fin, se puede vivir de la floresta como lo hacen muchos de los que allí están asentados y lo han hecho durante muchas generaciones.

Hay entre ellos quienes ni siquiera tienen partida de nacimiento. Son brasileños absolutamente anónimos. Incluso parecen invisibles para el Estado. Ellos son inmensamente vulnerables.

La iglesia católica está haciendo allí un trabajo de apoyo muy importante, hay religiosos entre esos amenazados de muerte, y la propia Dorothy que era monja son ejemplos de que esa violencia no se detiene ante nada.

-¿De quién dependen los jueces en esas regiones?

-Hay jueces que son provinciales, del estado local, y que en general tratan estos temas. La justicia federal desde hace tres años admite juzgar casos relacionados con los derechos humanos, como serían estos referidos al derecho a la vida. Pero es muy difícil que la fiscalía  y la justicia federales los acepten. Entonces quedan en manos de la fiscalía y la justicia provinciales.

-¿Por qué es difícil que acepten estos casos?

-Hay que meter la mano en lodo, hay que ir hasta allá, hay que ensuciarse, ir a un Brasil que pocos quieren ver. Hay lugares donde toma una semana de barco llegar hasta allí, con poco personal policial, a veces uno o dos agentes, sin jueces, sin vehículos, no se pueden trasladar, etc, etc. Habría que encontrar gente dispuesta a trabajar duro…

Pero se está matando gente desde hace años, y se sabe que continuarán. Es necesaria una acción fuerte del Estado tomando cinco o diez casos ejemplares para quebrar la cultura de la impunidad, individualizando a los ejecutores y los mandantes y aplicándoles todo el peso de la ley. Entonces las cosas podrían empezar a cambiar.

Pero esa presencia debe permanecer, porque de lo contrario tendremos que admitir ante el mundo que en Brasil hay una parte del territorio que no le pertenece al soberano, a las instituciones democráticas, al gobierno, sino que es un territorio salvaje donde rige la ley de la selva y sobre el cual el Brasil formal no tiene soberanía.

Y esto es muy peligroso, es una anticivilización. Esta realidad ofende a todos los brasileños y hay que acabar con ella de una vez por todas, aunque por ahora no vemos ningún gesto, ninguna propuesta articulada, seria y programada de parte del gobierno. Apenas hay reacciones puntuales ante situaciones agudas.

Si no, esto recién acabará cuando se acabe la floresta…