El grupo de auditores
del Ministerio de Trabajo estaba desde el día 20 de marzo en la región,
donde fue a investigar una denuncia de trabajo análogo al de esclavitud
-realizada en el Centro de Defensa de la Vida y de los Derechos Humanos
de Açailândia- contra el hacendado Almerindo Nolasco
das Neves, dueño de la hacienda Uberlândia, en Açailândia. En
el lugar, fueron encontrados 27 trabajadores instalados en condiciones
precarias.
Los fiscales
encontraron nueve escopetas en la propiedad lo que demuestra indicios de
cercenamiento de la libertad. En declaración a la Policía Federal, los
trabajadores dijeron que eran amenazados por un guardia de seguridad, en
el caso que intentasen huir.
El hacendado Neves
pagó 66 mil reales de indemnización a los empleados, que vinieron de
otros estados del Nordeste y del propio Maranhão; estaban en la hacienda
desde enero, llamados por el hacendado, y no habían recibido salario
desde entonces.
El acceso a la
propiedad, ubicada a 55 kilómetros del centro de Açailândia, es
realizado por camino de tierra en malas condiciones, lo que dificultaba
la ida y venida de los trabajadores, según el coordinador del Grupo
Móvil, Gilberto Ponte Braga.
Otros 32 empleados
estaban en situación irregular en dos propiedades ubicadas en Buriticupu
(Maranhão), pertenecientes al hacendado José Escócio.
Entre ellos había seis mujeres, estando una embarazada, además de cinco
menores de 16 y 17 años. El hacendado tuvo que pagar a los empleados 78
mil reales en carácter de indemnización.
Según Gilberto
Braga, del Ministerio del Trabajo, parte de los trabajadores de
las haciendas de José Escócio estaba alojada en los depósitos de bolsas
de sal y dormían en redes por encima de las cargas. No disponían de
instalaciones sanitarias ni de agua tratada. Ellos bebían agua de un
arroyo cercano. “En uno de los alojamientos, los trabajadores guardaban
agua de lluvia en un tanque; allí, colocaron peces para exterminar las
larvas de mosquito para poder beber", cuenta el auditor.
Después de tener la
libreta de trabajo firmada, los trabajadores fueron legalmente
despedidos y tendrán derecho a tres cuotas del seguro de desempleo, por
valor de un salario mínimo, que corresponde a 360 reales, de acuerdo con
lo previsto en la Ley 5.864/2002. Fue abierto un proceso administrativo
y el nombre de los hacendados será incluido en el Registro de
Empleadores, conocido como lista “sucia”, en el caso que sea comprobado
que los trabajadores eran mantenidos en condición análoga al de la
esclavitud.
Ese registro ya tiene
166 nombres. En los tres primeros meses del año, en apenas 17
operaciones de fiscalización, fueron labradas 483 actas de infracción y
liberados 583 trabajadores que vivían en condiciones inhumanas.
