Es
presidente de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras
en la Agricultura (FETAGRI) del estado de Pará, afiliada a
la CONTAG. Aunque de origen urbano, desde muy joven se
vinculó a las luchas campesinas. La violencia tiene sus
raíces en la disputa por la propiedad de la tierra
–explica–, una violencia que en Pará se respira, se come, se
bebe y por la noche se sienta junto a la cama de cada uno,
en atenta vigilia.
-¿Dónde naciste?
-En la ciudad de Belem, capital del estado de Pará. Allí,
desde muy joven –a los 15 años–, me integré al movimiento de
lucha por la tierra urbana porque la casa de mi familia
estaba dentro de un área que pertenecía al Ministerio de
Aeronáutica. Éramos más de 2 mil familias que debíamos
abandonar esa tierra, nuestras casas, porque decían que allí
iban a construir un complejo habitacional para los soldados.
-¿Ahí empezó tu contacto con la violencia institucional?
-En esa época ya éramos interceptados muchas veces por la
Policía que nos trataba con prepotencia. Ya tenía cierto
contacto con la violencia rural porque participé en algunas
reuniones clandestinas en la periferia de Belem. Nos
ocultábamos de la Policía y de los estancieros. En las
ciudades siempre nos movilizábamos en grupo para tener mayor
seguridad. Nunca fui directamente amenazado, pero el trabajo
que hacemos es un riesgo permanente y de origen difuso. A
los 17 años me fui al interior, al nordeste del estado, al
municipio de Iritúia, que en lengua indígena significa
“Aguas claras”, o “Aguas transparentes”. Pero de eso hace
tiempo, ahora ya tengo 40 años.
-¿Por qué te fuiste al interior?
-Por dos razones: primero porque tenía que ganarme la vida, y
segundo porque sentía que mi etapa como dirigente urbano ya
estaba terminada y quería empezar algo nuevo, que acompasara
mis deseos de participar en la lucha por el cambio social.
Tuve una oportunidad con la Comisión Pastoral de la Tierra
(CPT) de trabajar en la formación de jóvenes rurales y
después me integré a pleno en el trabajo sindical. Viví y me
casé en Iritúia. Más adelante acompañé las acciones en
Rondón do Pará, trabajé muy cerca de Dezinho –quien
posteriormente sería asesinado–, y en todas las reuniones
sentíamos el clima de amenaza, de estar siendo vigilados, de
tener entre la asistencia personas infiltradas por la
Policía o los estancieros. Por mi rol público, expuesto en
los medios y en el terreno, sin duda integro las tristemente
célebres listas de los “marcados para morir”. Parece
increíble, pero es cierto que existen, inclusive con tablas
de precios para asesinar a abogados, sacerdotes,
dirigentes... El clima de violencia es permanente y me
acompaña desde siempre, a mí como a todos, en Marabá, en
Anapú, en Nova Pixuna. Lo único que podemos hacer, además de
denunciar y seguir luchando por nuestros derechos, es no
dejarnos tomar por sorpresa.
-¿Qué características tiene esa violencia?
-La violencia en el campo en Pará, en la Amazonia y en todo
Brasil, es una violencia institucionalizada porque cuenta
con la connivencia del Estado y de otros poderes no
oficiales. Es orquestada, organizada por los latifundistas,
los grandes propietarios de tierra, los grileiros y tiene
entre sus objetivos impedir la defensa de los agricultores y
agricultoras famialiares, focalizando la represión
principalmente en los/as dirigentes sindicales y los/as
activistas comunitarios/as. La raíz de esta violencia es la
concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos,
es el poder constituido y organizado por esos pocos, y
hablamos de poder político, policial, judicial, legislativo.
Este es el verdadero escudo que garantiza la impunidad de
esos especuladores y acaparadores de tierra. Desde esa
posición protegida promueven el “grilagem” o la apropiación
indebida de enormes extensiones de tierra tomada al fisco o
a anteriores ocupantes, regularizándolas de forma ilegítima
e instalando allí un sistema feudal, mafioso, con pistoleros
y sicarios que amenazan de muerte y asesinan a los/as
trabajadores/as rurales que viven en esas zonas o que les
disputan la propiedad de esas tierras. En el estado de Pará
los/as dirigentes sindicales y sus familias son víctimas de
esa violencia asesina.
-Además de los/as dirigentes sindicales, ¿quién más es
víctima de la violencia?
-También lo son las familias que precisan una tierra donde
vivir y trabajar, de la cual alimentarse, y quienes trabajan
en la promoción de los derechos ciudadanos, de los derechos
humanos o en la simple lucha para que se apliquen las leyes
federales vigentes que en el ámbito local no logran ser
implementadas. Todo el mundo termina siendo víctima de esta
violencia que se expresa puntualmente en asesinatos y
amenazas, pero que está permanentemente presente, en todo
acto y gesto de una sociedad moldeada por ella. La violencia
está tan institucionalizada que es, simplemente, impunidad,
carta blanca. Hemos padecido asesinatos de compañeros/as que
permanecen impunes hace más de diez años, tenemos casos en
los cuales fueron identificados los pistoleros y los que
contrataron sus “servicios”, pero no existió seriedad o
mínima formalidad del Estado y de la justicia para llevar a
prisión a los responsables. No hay seguridad pública creíble
ni vigencia de los instrumentos que garanticen la defensa de
los/as trabajadores/as rurales. Esta situación va provocando
la expulsión de las familias y comunidades campesinas hacia
la ciudad, en un movimiento de emigración rural-urbano muy
importante. Como se sabe, estas personas se terminan
afincando en las zonas periféricas y marginalizadas de las
ciudades pensando que conseguirán un empleo, pero viviendo
sin saneamiento ni agua corriente, sin transporte ni
educación y carente de servicios públicos en general. Es
común que los jóvenes adopten comportamientos marginales,
delincuenciales, entran en la droga y la prostitución. En
fin, van quedando encerrados en un círculo vicioso: dejaron
de ser explotados en el campo para ser hiperexplotados en
las ciudades. Esto también es un tipo de violencia que sufre
la familia rural y a la cual, prolijamente, se le llama
“pobreza”, pero en realidad es violencia porque se trata en
un cien por ciento de situaciones forzosas. Otros pierden un
padre, una madre, un hermano, un pariente que caen víctimas
de una violencia armada; son pérdidas irreparables, pero no
debemos olvidar que también existe esta otra violencia, la
desarmada. Por eso luchamos por la reforma agraria, porque
es la única forma de asegurar la permanencia de la gente en
el campo y de que la Amazonia deje de ser devastada.
-¿Cuántos muertos ha ocasionado esta violencia armada?
-Hay una estadística de la CPT que no es exhaustiva porque es
muy difícil conocer los datos reales, pero sabemos que, por
lo menos, hay unas 80 personas muertas por esta causa en los
últimos diez años en Pará. En esta cantidad no entran las
víctimas del trabajo esclavo que, seguramente, son muchas
más. Se trata de trabajadores que son esclavizados en las
estancias alejadas de los centros poblados, y que cuando
intentan huir son asesinados y enterrados clandestinamente.
-Se han hallado cementerios colectivos...
-En algunas estancias, especialmente en Rondón do Pará, donde
el compañero Dezinho fue asesinado en la puerta de su propia
casa (ndr: uno de los casos relatados en el documental
rodado por UITA en Pará), fueron identificados varios
enterramientos clandestinos y colectivos de trabajadores
esclavos y sindicalistas desaparecidos desde hacía mucho
tiempo. En la actualidad, la Policía Federal y el Ministerio
de Trabajo, actuando en conjunto, liberan cada día personas
esclavizadas en las estancias. Este esquema de apropiación,
devastación y enriquecimiento ilícito ha sido durante
décadas generador de violencias de todo tipo.
-También violencia ambiental.
-La devastación es horrorosa. Los grileiros arrasan con la
selva, la tierra se desertifica, las cañadas y los arroyos
se secan, la bodiversidad desaparece y en su lugar pasta el
ganado o crece la soja. Allí tampoco hay lugar para los
agricultores familiares. Nuestras movilizaciones de masas se
llaman desde hace años “Grito de la Amazonia”, “Grito de la
tierra”, porque los trabajadores rurales precisan llamar la
atención de la sociedad, del Estado acerca de esta realidad
instalada en la región.
-¿Dónde está el Estado?
-Cuando hablamos de violencia institucionalizada, incluimos a
los gobiernos locales y al federal. En los últimos dos años
se percibe una acción más efectiva y eficaz del gobierno
federal en la captura de estancieros esclavistas. Hace unos
días fue apresado un grileiro que en los últimos meses
devastó un área similar a la de 100 estadios Maracaná, pero
cuatro días después fue liberado bajo fianza. Hay una
cultura local de impunidad muy estructurada.
-¿Por qué continúas participando en algo tan peligroso?
-Tengo una formación que proviene de la Pastoral de la
Tierra, de la iglesia católica progresista, donde estuvo mi
motivación inicial. También la influencia de mi padre, que
salió del nordeste a los 16 años, pasó por Ceará y llegó a
Belém a los 18 años. Fue “pedreiro” toda su vida, trabajó
siempre en la construcción de casas. Nunca nos contó su
historia anterior, hablaba muy poco, pero nos enseñó la
dignidad del trabajo. Mi madre proviene de la isla Marajó, y
por su lado tengo ascendencia india. Ella fue obrera de
talleres de confección hasta que se jubiló. Desde muy
pequeño trabajé en la venta callejera, ambulante. Allí fue
naciendo mi comprensión del mundo, sus injusticias y
contradicciones.
-¿Cómo vive esto tu familia? ¿No te dicen que cambies de
actividad?
-Mi mujer sí, a veces me dice algo. Ella tiene miedo porque
viajo mucho en coche, de madrugada, y ella siente la presión
como yo. Mi hija tal vez no tanto porque todavía no percibe
completamente la situación. Este tema fue motivo de alguna
crisis familiar, porque no es sencillo asumirlo, pero mi
esposa sabe lo que hago, por qué y para qué lo hago, y lo
entiende. Son opciones que uno toma. Al fin, sigo en esto
por convicción.
-¿Hasta?
-Hasta el fin. Pero ya estoy preparando mi jubilación. Compré
una pequeña propiedad de 10 hectáreas cerca de Belém, y ahí
estaré dentro de algunos años, tendido en una red,
descansando, quieto, sin viajes ni reuniones, sólo dando
consejos (se ríe). ¿No me crees?
-¿Cómo puede influir en esta situación la campaña contra la
violencia rural en Pará?
-La campaña aborda aspectos personales y colectivos de la
violencia, revela sus características institucionalizadas
pero también cuenta cómo se vive desde el ámbito individual,
personal, familiar, y eso está muy bien porque refleja la
complejidad de la realidad. La campaña muestra que estos
asesinatos no son solamente la eliminación de una persona
física, sino de alguien que ocupa un rol social, que habla,
que tiene un proyecto colectivo, una propuesta diferente
para la sociedad, así como una vida íntima, personal, una
familia.
Esperamos que la divulgación de esta realidad promueva la
sensibilización internacional sobre los problemas en la
Amazonia y en Pará, especialmente sobre la violencia a la
que se relacionan los fenómenos que ya mencionamos sobre la
propiedad de la tierra, la impunidad, la devastación
ambiental y los poderes feudalizados. Esta campaña mostrará
la “realidad real”, y no los discursos; mostrará los hechos,
los personajes reales de esos hechos. No se tratará de “una
versión”, sino de lo que ocurre verdaderamente.
Entrevista de Carlos Amorín
© Rel-UITA
2 de
noviembre de 2005
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