Denuncia de irregularidad en juicio

El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), Tierra de Derechos, Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y la Red Social de Justicia y Derechos Humanos lamentan que el pistolero que asesinó a un Sin Tierra haya sido absuelto en juicio en el Estado de Paraná. Ellos acusan al tribunal de haber estado saturado de ilegalidades y que el caso puede ser federalizado o llevado a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los Jurados absolvieron por unanimidad al pistolero acusado de asesinar al Sin Tierra Sebastião da Maia, en el año 2000, en la ciudad de Querência do Norte. Después de seis años de espera y tres de aplazamientos, el juicio fue realizado en el Foro de Loanda, el que habría estado caracterizado por muchos tumultos e ilegalidades, permitidos por la jueza de la Comarca de Loanda, Elizabeth Khater, que condujo el tribunal.

Los jurados absolvieron al acusado José Luis Carneiro bajo el argumento de que el mismo no habría efectuado el tiro contra el Sin Tierra. Según los asistentes de la acusación, las ilegalidades fueron evidentes porque los jurados decidieron en contra de las pruebas de los autos y "la jueza escuchó a un testigo que no fue citado en ningún lugar del proceso, y que presentó una declaración contradictoria con la de los testigos de la defensa. Por otro lado, la mayoría de los pedidos realizados por la acusación fueron denegados por la jueza, sin justificación meritoria", denuncia la abogada Gisele Cassano, de Tierra de Derechos.

Los asistentes de la acusación, representando al MST, a la CPT, a Tierra de Derechos y a la Red Social van a apelar la decisión del Tribunal y solicitar un nuevo juicio en otra región del Estado, pues consideran que la decisión es contraria a las pruebas de los autos y que está influenciada por la parcialidad de la jueza en la conducción de los procedimientos durante la sesión de juzgamiento, lo que ocasionó varias nulidades.

Además, para que el asesinato no quede impune, tres posibilidades están siendo estudiadas por las organizaciones: solicitar el desafuero, la federalización del caso o enviarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Las organizaciones van a solicitar audiencia con el Presidente del Tribunal de Justicia y con el Procurador General, para tratar sobre el asunto.

A pesar de que la operación Marzo Blanco, ocurrida en marzo de 2006, puso al descubierto la relación entre la UDR, sectores de la Policía Militar y la formación de milicias privadas en el Estado de Paraná, el proceso que investigó el asesinato de Sebastião da Maia, solamente uno de los pistoleros fue denunciado por el Ministerio Público. La participación del propietario de la Hacienda y de la UDR ni siquiera fue investigada.
 

Adital

27 de octubre de 2006