Incluso antes de llegar a la hacienda Minas Gerais, en Ulianópolis, en el Nordeste de Pará, los trabajadores ya estaban debiendo. “Pagaban la deuda de los trabajadores en las pensiones, hacían vales para que ellos comprasen en el supermercado de la ciudad, inclusive las botas y sombreros. Esos equipamientos son de suministro obligatorio. Hasta el gerente de la hacienda declaró que algunos habían ‘huido’, porque debían", cuenta el auditor fiscal de trabajo y jefe del grupo móvil del Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE), Luiz Fernando Souza, que liberó a 49 trabajadores del lugar el pasado jueves 15.

A pesar de que el alojamiento estaba construido con materiales de albañilería -la mayoría de las veces son realizados con lona negra-, las personas no tenían acceso al agua potable y dormían en redes que ellas mismas traían. Entre los liberados había cinco mujeres que preparaban la comida para los otros trabajadores en fogones improvisados con latas de pintura. Dos adolescentes de 17 años ayudaban a los hombres en el trabajo de cultivo de pasto. La hacienda, que cría novillos, tiene más de 11 mil cabezas de ganado.

João Antonio de Farias, el propietario del lugar, desembolsó 57 mil reales en el ajuste de cuentas con los trabajadores. Asimismo, deberá pasar por un proceso administrativo en el MTE y, si queda probado que la situación de las personas en su hacienda era análoga al de la esclavitud, João entrará en la “lista sucia” de la esclavitud. En ese registro figuran personas y empresas que cometieron ese delito. Quedan prohibidas por dos años de recibir financiamientos de órganos del gobierno federal y dejan de tener como clientes a empresas que firmaron el Pacto Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo.

Reporter Brasil

23 de marzo de 2007