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La
intervención de Luismar Ribeiro Pinto, de la Confederación Nacional de
Trabajadores en la Agricultura (CONTAG), fue un momento de destaque en la
pasada reunión del Grupo Profesional de Trabajadores Agrícolas de la UITA, que
sesionó en Buenos Aires del 22 al 23 de octubre último. A continuación
transcribimos una síntesis de sus palabras que demuestran que una cosa es el
éxito del agronegocio brasilero, y otra muy distinta la realidad que padecen los
trabajadores rurales.
“La
situación de los asalariados rurales en Brasil es muy difícil. Tenemos
aproximadamente 5 millones de ellos, y casi el 65 por ciento está en la
informalidad.
Un
pueblo “al negro”
La
mayoría de los trabajadores con seguridad social se encuentra en la región
sudeste de Brasil, en los estados de San Pablo, Minas Gerais, Espírito
Santo y Rio de Janeiro. Pero la mayor parte de los que no están debidamente
registrados se encuentra en la región nordeste, que es la más pobre del país.
Esta
informalidad viene anclada a los contratos laborales por tiempo determinado que
abarcan a la mayoría de nuestros trabajadores. Solamente el 2,8 por ciento de
los que permanecen en la informalidad se beneficia con la Seguridad Social.
La
guerra sorda
Existe también una violencia muy grande hacia el trabajador si consideramos como
tal al trabajo esclavo. De 1995 a 2011 se rescataron 43 mil personas en esa
condición. En ese mismo periodo, 600 mil trabajadores estuvieron involucrados en
conflictos rurales. De ellos, 458 mil luchaban por la tierra.
Con
relación a la violencia directa sufrida por los trabajadores -incluso estamos
desarrollando una campaña junto a la UITA sobre este terrible flagelo
social-, vemos que sólo en 2011 fueron asesinados 29 trabajadores.
Tenemos actualmente 145 compañeros amenazados de muerte e innumerables líderes
sindicales con procesos judiciales iniciados en su contra.
Hay
una criminalización progresiva de nuestros líderes, principalmente en la región
Norte, donde se destaca el estado de Pará.
La
violencia en Brasil es selectiva, como bien dijo Gerardo (Iglesias)
ayer, porque el blanco son aquellas personas que tienen algún nivel de liderazgo
entre los trabajadores. La violencia, además, es organizada, porque se
percibe una participación u omisión de organismos del Estado, dificultando la
investigación, imposibilitando que se llegue a un culpable.
Brasil posee un Poder Judicial que cierra sus ojos ante esta violencia. La
impunidad es una de las grandes causas de la violencia en este país.
En
estos últimos 20 años han sido asesinados 1.385 trabajadores rurales, de ellos
523 fueron muertos en el estado de Pará. Apenas 77 asesinatos fueron llevados a
juicio, y de estos apenas 15 mandantes fueron condenados. Entre los ejecutores,
cerca de 60 fueron condenados. Entretanto, la mayoría de estos criminales no
se encuentra en prisión.
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En estos últimos 20 años han sido asesinados 1.385 trabajadores
rurales, de ellos 523 lo fueron en el estado de Pará. Apenas 77
asesinatos fueron llevados a juicio, y de estos solo 15 mandantes
fueron condenados. |
Por
lo tanto, esta impunidad genera un ambiente propicio para el aumento de la
violencia. Los organismos del Estado, sea la Policía o la Justicia, no logran
o no quieren investigar y esclarecer los hechos.
La
institución violenta
Otro
factor que crea violencia es la concentración de la tierra. Lamentablemente,
incluso durante los gobiernos de izquierda, la concentración de tierras continúa
aumentando en Brasil.
Eso
va en contra de todo aquello que esperábamos, como lograr una reforma agraria
que pudiera de verdad democratizar el acceso a la tierra.
La
región Norte sufre un avance del modelo económico porque el gran capital empieza
a llegar allí por la palma africana, por la producción de madera, pero
principalmente por el ganado.
La razón de esta emigración de fondos es que con la entrada del capital
internacional en la producción de etanol -que ocurre en la región centro-sur- se
está expulsando el ganado y la producción de granos para la región Norte del
país.
Lo que prueba que es el interés del capital lo que empieza a imponerse -o ya
está impuesto- en esta región.
Udo Wahlbrink
dirigente sindical de la CONTAG, está preso en Rondônia, acusado de
“organizar la lucha por la tierra”. Y no logramos liberarlo. Ya hemos ido a los
tribunales superiores y todavía está preso.
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Hay una criminalización progresiva de nuestros líderes,
principalmente en la región Norte, donde se destaca el estado de
Pará. |
La
persecución es muy grande. Se percibe una frecuente y creciente criminalización
de nuestros líderes rurales y sindicales.
La
violencia legal
Los
trabajadores sufrimos también un ataque en el Poder Legislativo. Son varios los
proyectos de ley que buscan flexibilizar las leyes laborales, o sea, terminar
con los derechos ya adquiridos desde 1940.
Recientemente se creó la Ley de las Cooperativas del Trabajo.
CONTAG
se manifestó radicalmente en contra porque si bien trabaja con las cooperativas
de producción en la agricultura familiar, no admite una cooperativa de trabajo,
pues en Brasil solo fueron de utilidad para legitimar lo que acá
llamamos “gato”, o sea, el intermediario de la mano de obra que lucra con el
sudor del trabajador sin garantizarle sus derechos.
Esas cooperativas van a perjudicar fuertemente las negociaciones colectivas,
porque para la patronal será mucho más ventajoso contratar una cooperativa sin
vínculo de dependencia, negociar contratos individuales y no tener que acordar
una Convención Colectiva estadual ni regional.
Algo así impactará fuertemente en la vida de los asalariados rurales.
Luchamos por la vida
CONTAG
ha realizado en 2011 la primera movilización de los asalariados rurales.
Logramos llevar a Brasilia 5 mil asalariados rurales, siendo ésta la primera vez
en 50 años que CONTAG logró hacer una acción de esta naturaleza en
relación con los asalariados rurales.
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CONTAG ha realizado en 2011 una movilización de los asalariados
rurales. Logramos llevar a Brasilia 5 mil trabajadores, siendo ésta
la primera vez en 50 años que CONTAG logró hacer una acción similar. |
Se
hacen manifestaciones todos los años, pero son conjuntas con la agricultura
familiar. Esta fue la primera vez en la cual el protagonista exclusivo de la
movilización fue el asalariado rural. Y logramos presentar una pauta al gobierno
federal, siendo nuestra principal reivindicación la implementación de una
política nacional de protección al asalariado rural.
Reclamamos la escolarización, la calificación, la recalificación y la
recolocación del trabajador que está perdiendo sus puestos de trabajo como
consecuencia de la mecanización. Esta es incentivada por el propio gobierno con
financiación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES),
muchas veces con el dinero del Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS)
del propio trabajador, prestado a las empresas para que adquieran máquinas que
sustituirán más trabajadores.
Estamos luchando por una política que piense el conjunto de la demanda de los
asalariados rurales. Esa propuesta de política está siendo construida con el
gobierno federal, con muchos conflictos, pero está en proceso, con
posibilidades, incluso, de incluir aspectos como la vivienda, salud, educación.
El
tema vivienda es delicado porque el 49 por ciento de nuestros asalariados
rurales vive en las ciudades, en las periferias de las ciudades. Aquellos que
habitan en la zona rural están asentados en tierras que no son propias, en
tierras de otros. Por eso está siendo estudiado un programa de vivienda en esta
nueva perspectiva, adaptado a las necesidades y condiciones de este trabajador.
Exigimos del gobierno la creación de una política de intermediación pública de
mano de obra para el campo, porque entendemos que el “gato” llega al trabajador
cuando el Estado no se hace presente.
Queremos -y ya hay un programa piloto creado- ayudar a los trabajadores que
viven en un proceso de migración constante dentro del país impidiendo que caigan
en manos del “gato” o del trabajo esclavo.
También estamos trabajando sobre la inseguridad alimentaria. Ya hicimos un
estudio que revela que el 40 por ciento de los trabajadores de la caña de azúcar
y del café sufre de inseguridad alimentaria.
No disponen de la energía suficiente que le exige su trabajo.
O sea, estamos luchando para concretar políticas con soluciones para estos
problemas que enfrentan nuestros trabajadores en Brasil”.
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