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Luismar Ribeiro Pinto

Ante la codicia y la violencia, los trabajadores rurales luchan

por la vida y la esperanza

 

La intervención de Luismar Ribeiro Pinto, de la Confederación Nacional de Trabajadores en la Agricultura (CONTAG),  fue un momento de destaque en la pasada reunión del Grupo Profesional de Trabajadores Agrícolas de la UITA, que sesionó en Buenos Aires del 22 al 23 de octubre último. A continuación transcribimos una síntesis de sus palabras que demuestran que una cosa es el éxito del agronegocio brasilero, y otra muy distinta la realidad que padecen los trabajadores rurales.

 

 

 

“La situación de los asalariados rurales en Brasil es muy difícil. Tenemos aproximadamente 5 millones de ellos, y casi el 65 por ciento está en la informalidad. 

 

Un pueblo “al negro”

 

La mayoría de los trabajadores con seguridad social se encuentra en la región sudeste de Brasil, en los estados de San Pablo, Minas Gerais, Espírito Santo y Rio de Janeiro. Pero la mayor parte de los que no están debidamente registrados se encuentra en la región nordeste, que es la más pobre del país.

 

Esta informalidad viene anclada a los contratos laborales por tiempo determinado que abarcan a la mayoría de nuestros trabajadores. Solamente el 2,8 por ciento de los que permanecen en la informalidad se beneficia con la Seguridad Social.

 

La guerra sorda

 

Existe también una violencia muy grande hacia el trabajador si consideramos como tal al trabajo esclavo. De 1995 a 2011 se rescataron 43 mil personas en esa condición. En ese mismo periodo, 600 mil trabajadores estuvieron involucrados en conflictos rurales. De ellos, 458 mil luchaban por la tierra. 

 

Con relación a la violencia directa sufrida por los trabajadores -incluso estamos desarrollando una campaña junto a la UITA sobre este terrible flagelo social-, vemos que sólo en 2011 fueron asesinados 29 trabajadores.

 

Tenemos actualmente 145 compañeros amenazados de muerte e innumerables líderes sindicales con procesos judiciales iniciados en su contra. Hay una criminalización progresiva de nuestros líderes, principalmente en la región Norte, donde se destaca el estado de Pará.

 

La violencia en Brasil es selectiva, como bien dijo Gerardo (Iglesias) ayer, porque el blanco son aquellas personas que tienen algún nivel de liderazgo entre los trabajadores. La violencia, además, es organizada, porque se percibe una participación u omisión de organismos del Estado, dificultando la investigación, imposibilitando que se llegue a un culpable.

 

Brasil posee un Poder Judicial que cierra sus ojos ante esta violencia. La impunidad es una de las grandes causas de la violencia en este país.

 

En estos últimos 20 años han sido asesinados 1.385 trabajadores rurales, de ellos 523 fueron muertos en el estado de Pará. Apenas 77 asesinatos fueron llevados a juicio, y de estos apenas 15 mandantes fueron condenados. Entre los ejecutores, cerca de 60 fueron condenados. Entretanto, la mayoría de estos criminales no se encuentra en prisión.

En estos últimos 20 años han sido asesinados 1.385 trabajadores rurales, de ellos 523 lo fueron en el estado de Pará. Apenas 77 asesinatos fueron llevados a juicio, y de estos solo 15 mandantes fueron condenados.

 

Por lo tanto, esta impunidad genera un ambiente propicio para el aumento de la violencia. Los organismos del Estado, sea la Policía o la Justicia, no logran o no quieren investigar y esclarecer los hechos.

 

La institución violenta

 

Otro factor que crea violencia es la concentración de la tierra. Lamentablemente, incluso durante los gobiernos de izquierda, la concentración de tierras continúa aumentando en Brasil.

 

Eso va en contra de todo aquello que esperábamos, como lograr una reforma agraria que pudiera de verdad democratizar el acceso a la tierra.

 

La región Norte sufre un avance del modelo económico porque el gran capital empieza a llegar allí por la palma africana, por la producción de madera, pero principalmente por el ganado.

 

La razón de esta emigración de fondos es que con la entrada del capital internacional en la producción de etanol -que ocurre en la región centro-sur- se está expulsando el ganado y la producción de granos para la región Norte del país. Lo que prueba que es el interés del capital lo que empieza a imponerse -o ya está impuesto- en esta región.

 

Udo Wahlbrink dirigente sindical de la CONTAG, está preso en Rondônia, acusado de “organizar la lucha por la tierra”. Y no logramos liberarlo. Ya hemos ido a los tribunales superiores y todavía está preso.

Hay una criminalización progresiva de nuestros líderes, principalmente en la región Norte, donde se destaca el estado de Pará.

 

La persecución es muy grande. Se percibe una frecuente y creciente criminalización de nuestros líderes rurales y sindicales.

 

La violencia legal

 

Los trabajadores sufrimos también un ataque en el Poder Legislativo. Son varios los proyectos de ley que buscan flexibilizar las leyes laborales, o sea, terminar con los derechos ya adquiridos desde 1940. 

 

Recientemente se creó la Ley de las Cooperativas del Trabajo.

 

CONTAG se manifestó radicalmente en contra porque si bien trabaja con las cooperativas de producción en la agricultura familiar, no admite una cooperativa de trabajo, pues en Brasil solo fueron de utilidad para legitimar lo que acá llamamos “gato”, o sea, el intermediario de la mano de obra que lucra con el sudor del trabajador sin garantizarle sus derechos.

 

Esas cooperativas van a perjudicar fuertemente las negociaciones colectivas, porque para la patronal será mucho más ventajoso contratar una cooperativa sin vínculo de dependencia, negociar contratos individuales y no tener que acordar una Convención Colectiva estadual ni regional. Algo así impactará fuertemente en la vida de los asalariados rurales.

 

Luchamos por la vida

 

CONTAG ha realizado en 2011 la primera movilización de los asalariados rurales. Logramos llevar a Brasilia 5 mil asalariados rurales, siendo ésta la primera vez en 50 años que CONTAG logró hacer una acción de esta naturaleza en relación con los asalariados rurales.

CONTAG ha realizado en 2011 una movilización de los asalariados rurales. Logramos llevar a Brasilia 5 mil trabajadores, siendo ésta la primera vez en 50 años que CONTAG logró hacer una acción similar.

 

Se hacen manifestaciones todos los años, pero son conjuntas con la agricultura familiar. Esta fue la primera vez en la cual el protagonista exclusivo de la movilización fue el asalariado rural. Y logramos presentar una pauta al gobierno federal, siendo nuestra principal reivindicación la implementación de una política nacional de protección al asalariado rural.

 

Reclamamos la escolarización, la calificación, la recalificación y la recolocación del trabajador que está perdiendo sus puestos de trabajo como consecuencia de la mecanización. Esta es incentivada por el propio gobierno con financiación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), muchas veces con el dinero del Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS) del propio trabajador, prestado a las empresas para que adquieran máquinas que sustituirán más trabajadores.

 

Estamos luchando por una política que piense el conjunto de la demanda de los asalariados rurales. Esa propuesta de política está siendo construida con el gobierno federal, con muchos conflictos, pero está en proceso, con posibilidades, incluso, de incluir aspectos como la vivienda, salud, educación.

 

El tema vivienda es delicado porque el 49 por ciento de nuestros asalariados rurales vive en las ciudades, en las periferias de las ciudades. Aquellos que habitan en la zona rural están asentados en tierras que no son propias, en tierras de otros. Por eso está siendo estudiado un programa de vivienda en esta nueva perspectiva, adaptado a las necesidades y condiciones de este trabajador.

 

Exigimos del gobierno la creación de una política de intermediación pública de mano de obra para el campo, porque entendemos que el “gato” llega al trabajador cuando el Estado no se hace presente.

 

Queremos -y ya hay un programa piloto creado- ayudar a los trabajadores que viven en un proceso de migración constante dentro del país impidiendo que caigan en manos del “gato” o del trabajo esclavo.

 

También estamos trabajando sobre la inseguridad alimentaria. Ya hicimos un estudio que revela que el 40 por ciento de los trabajadores de la caña de azúcar y del café sufre de inseguridad alimentaria.

 

No disponen de la energía suficiente que le exige su trabajo. O sea, estamos luchando para concretar políticas con soluciones para estos problemas que enfrentan nuestros trabajadores en Brasil”.

 

  

Rel-UITA

                  7 de noviembre de 2012

 

 

 

 

 Foto: Nelson Godoy

 

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