|
El jueves 9 fue
asesinado en el estado de Pará el agro extractivista Obede Loyla Souza, de 31
años, padre de tres hijos. Es la quinta víctima de la violencia rural amazónica
en las últimas tres semanas. El despliegue en la región de la Fuerza Nacional de
Seguridad Pública ordenado por la presidenta Dilma Rousseff no parece intimidar
a los madereros y empresarios agropecuarios responsables de la deforestación.
Las organizaciones campesinas reclaman una reforma agraria integral y rápida.
En conversación con Sirel, “Guto” dos Santos,
presidente de la Federación de Trabajadores en la Agricultura de Pará (FETAGRI-PA),
expresó que “El compañero Obede Loyla integraba el Asentamiento
Esperanza, ubicado en el municipio de Pacajá, estado de Pará. Aún estamos
chequeando informaciones, pero sabemos que fue ejecutado de un tiro en la cabeza
dentro del propio asentamiento, a unos centenares de metros de su casa”.
Según los primeros testimonios recabados en el lugar “él
había tenido recientemente una discusión con unos madereros a quienes sorprendió
cortando árboles valiosos en el área del asentamiento. Es muy probable que esa
reacción le haya costado la vida algunos meses después -afirmó Guto-.
Estamos manteniendo contactos a los más altos niveles para
que sean implementadas acciones más eficaces en la contención de la violencia
generada por consorcios de madereros y latifundistas en la región”, señaló.
Mensajeros de la muerte
Los números de la matanza
El pasado 24 de mayo fue emboscada y asesinada la pareja de
ambientalistas José Claudio Ribeiro y María da Silva, integrantes
del Proyecto Agro extractivista Praia Alta-Piranheira, en el municipio paraense
de Nova Ipixuna.
Luego fue muerto otro asentado, Herenilton Pereira,
posible testigo del doble homicidio anterior.
El 27 de mayo fue asesinado en
Vista Alegre do Abunã, estado de Rondonia, el líder campesino Adelino Ramos.
Ahora fue el turno de Obede
Loyla Souza.
Según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT),
desde la llamada “Masacre de Eldorado dos Carajás”, en 1996, en la cual fueron
ejecutados 19 trabajadores sin tierra,
sólo en el estado de Pará han ocurrido hasta la fecha 212 asesinatos por
conflictos relacionados con la tierra, esto equivale a más de un homicidio por
mes durante los últimos 15 años, sin contabilizar los perpetrados en otros estados de
Brasil.
Además, 809 personas, en general activistas sindicales,
ambientalistas y defensores de los derechos humanos, han recibido amenazas de
muerte. En su edición de ayer, martes 14, el periódico O Globo, de Rio de
Janeiro, publicó una impactante infografía que ilustra esta terrible situación.
(ver).
José Batista,
abogado de la CPT, estima que siete de cada diez asesinatos ocurren en la
zona de Marabá, donde se verifica ya una muy avanzada deforestación y restan muy
pocas áreas intactas.
La lucha por la tierra se expresa claramente en los
siguientes cifras: “desde 1996 -afirma Batista- fueron ocupadas en la
región 463 “fazendas” (ndr: haciendas, estancias). En ellas se instalaron
casi 79 mil familias de las cuales 32 mil ya fueron expulsadas. En este caldero
en permanente ebullición ya fueron presas 799 personas. La perspectiva de
cambios en el Código Forestal y las alternancias políticas en los gobiernos
estaduales han acelerado este proceso de deforestación y de violencia -señaló-.
La venta de madera selvática produce enormes ganancias. Por
ejemplo, un árbol de castaña colocado en el mercado internacional vale
actualmente 14 mil dólares”, finalizó Batista.
¡Por reforma agraria ya!
Gran movilización en Marabá
“En este momento continúa desarrollándose en la ciudad de
Marabá una concentración de más de 2 mil trabajadores y trabajadoras rurales de
nuestra FETAGRI-PA, y también del MST y la FETRAF
-relató Dos Santos-.
Ayer mantuvimos allí una reunión de negociación con la
participación del presidente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma
Agraria (INCRA), Celso Lisboa. La respuesta a las reivindicaciones
que presentamos las organizaciones sociales fue totalmente insatisfactoria ya
que apenas contempló el 20 por ciento de nuestras demandas -enfatizó-.
Este nuevo asesinato –señaló- es otra confirmación de que si
bien es necesaria una acción policial y judicial vigorosa y verdaderamente
imparcial, pero también demuestra que la solución de fondo es la implementación
de políticas públicas adecuadas para esta región, particularmente la liberación
de más recursos para la reforma agraria, proceso esencial para la pacificación
de la floresta amazónica”, concluyó Guto dos Santos.
|
