Frente al recrudecimiento de la ola de violencia contra trabajadores rurales, principalmente en Mato Grosso, Pernambuco y Pará, la Confederación Nacional de los Trabajadores en la Agricultura (CONTAG) se dirige a las autoridades constituidas y a la población en general, no solamente para manifestar su repudio e indignación contra esa verdadera barbarie. Este manifiesto reclama providencias concretas e inmediatas para evitar que tales hechos se repitan. La intranquilidad se disemina, de forma generalizada, por el campo:

- En Pará, el día 4, el vereador (edil municipal) Edson Coelho Lara, vinculado al movimiento de los trabajadores y trabajadoras rurales, fue asesinado en el municipio de Itupiranga.

- El día 8 murió de forma alevosa Domingos dos Santos Silva (Domingão) coordinador de la ocupación en la Hacienda Mineira, en Marabá. Ayer, fue el turno de Pedro Laurindo da Silva, coordinador de la Hacienda Cabo de Aço, en el mismo municipio.

- En Pernambuco, la víctima fue el trabajador Anilton Martins, asesinado en el municipio de Itaiba de 18 tiros. Lo peor es que hace cerca de 15 meses, el propio Anilton fue al Palacio de Planalto (Palacio de gobierno) a pedir protección policial al presidente Lula.

- En Mato Grosso, trabajadores y trabajadoras rurales tampoco duermen tranquilos. Dos compañeros fueron asesinados ayer en el municipio de Nueva Guarita: Vanderlei Macena y Mauro Gomes Duarte. Ellos formaban parte de un grupo de 350 familias que reivindica desde 2003 un pedazo de tierra en la región.

Lo más grave de todo esto es que las actividades de los criminales son encubiertas por los gobiernos de esos dos estados. De acuerdos con los informes de las federaciones de trabajadores en la agricultura locales, los asesinos de alquiler actúan con desparpajo a sueldo de los grandes latifundistas, lo que torna la situación todavía más grave.

La directiva de la CONTAG está procurando una entrevista con el ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, para exponerle la situación y solicitarle providencias. Frente al clima de guerra instalado, es necesario que fuerzas federales sean enviadas inmediatamente a las regiones en conflicto. Tal intervención debe ser permanente o, por lo menos, hasta cuando el clima de terror deje de existir.

Es preciso reconocer que el gobierno federal actuó con mucha celeridad en la investigación del asesinato de la misionera Dorothy Stang, también en Pará, tal vez por ser un hecho con repercusión internacional. Prendió, en tiempo record para los padrones brasileños, a los asesinos. No obstante, el trabajo fue hecho por la mitad. Desmovilizado el trabajo, los mandantes del crimen continúan protegidos por un manto de impunidad.

La CONTAG reivindica el reinicio de las investigaciones del caso. Y, al mismo tiempo, exige del gobierno federal providencias efectivas para que sean juzgados también los inculpados en las muertes de trabajadores nacionales.

Dirección de la CONTAG

22 de noviembre de 2005

Volver a Portada