El 5 de agosto de 2004 los medios de comunicación de Colombia difundieron la noticia de la “muerte en combate de tres guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, en la zona rural de Saravena Arauca. Los máximos comandantes de las fuerzas militares, confirmaron la noticia y entregaron las identidades de Jorge Prieto, Leonel Goyeneche y Héctor Martínez.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Seccional Arauca, desmintió la noticia en forma inmediata y denunció la masacre de tres sindicalistas en absoluto estado de indefensión. La CUT nacional respaldó la denuncia regional y trasladó el tema a los organismos de derechos humanos y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, responsable de los asuntos de derechos humanos, respaldó con vehemencia la versión de los militares y reclamó el triunfo de la política de seguridad democrática del gobierno en aquella zona.

Pues bien, esa declaración irresponsable y apresurada del vicepresidente Santos, así como la versión militar, fueron desmentidas categóricamente por el fallo de un juez que sentenció recientemente a 40 años de cárcel a los autores materiales del crimen, un teniente, tres soldados y un civil supuestamente informante. La sentencia del juez afirma que “los mataron en estado de indefensión y se alteró la escena del crimen”, y agrega: “Tanto los acusados como las personas que tenían a cargo la operación directa o indirectamente, permitieron que se ocultara, destruyera o modificara la escena, para desviar el curso de la investigación”.

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos Calderón, primo hermano del vicepresidente, manifestó a la prensa que los militares “acatarán el fallo y trabajarán para depurar las fuerzas armadas para que no se repitan estos lamentables hechos”.

La opinión pública y el sindicalismo, sin embargo, debemos preguntarnos: ¿el vicepresidente de los colombianos puede impunemente pasar agachado ahora frente a semejante sentencia judicial, o fue uno más de los encubridores de que habla la sentencia? ¿No habrá una mínima sanción política para un alto funcionario del gobierno que reivindicó un triunfo militar donde lo que hubo fue un acto de terrorismo de Estado?

Es claro, no pasará nada más que la cárcel para los soldados que obedecieron órdenes superiores; la cuerda se revienta por lo más delgado. La masacre de los compañeros sindicalistas se aclaró gracias a la presión internacional y al afán del gobierno de lograr la aprobación de su Tratado de Libre Comercio (TLC), para lo cual los parlamentarios estadounidenses demócratas urgen resultados sobre derechos humanos y el esclarecimiento de los miles de asesinatos de sindicalistas que se encuentran registrados en los organismos internacionales de derechos humanos y en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).