Según el último informe del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), en Uruguay el cumplimiento tanto de los tradicionales derechos humanos civiles y políticos, así como de los derechos sociales, económicos y culturales, ha registrado un franco retroceso respecto a años anteriores.

El trabajo, presentado el 10 de diciembre, en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos,  insta a la construcción de una nueva ciudadanía que parta de exigir al Estado uruguayo que sea el garante del cumplimiento de todos los derechos humanos.

La presentación de este informe, titulado “Derechos Humanos en el Uruguay”, estuvo a cargo del director del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República, Gerardo Caetano, para quien este texto “nos está reclamando a todos una nueva actitud: romper de una vez por todas con esa autocomplacencia que tanto ha ambientado la violación de los derechos humanos en el Uruguay”. Esa nueva actitud debe traducirse en que “nunca más el Estado deba enfrentar situaciones de emergencia social negándolas, que no se siga permitiendo que en las cárceles uruguayas se torture y que la violación de los derechos humanos esté instalada en nuestro sistema sanitario”.

Menos trabajo, más hambre y hacinamiento

El capítulo dedicado a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) plantea que si bien están reconocidos como derechos en la Constitución, con frecuencia se ha argumentado que tienen una naturaleza diferente a los Derechos Civiles y Políticos (DCP), por lo que los DESC han tenido un rezago respecto de los DCP en lo que refiere a su exigibilidad jurídica. “Seguramente la principal razón de este rezago es que el reclamo de estos derechos cuestiona el modo en que se distribuye la riqueza y el poder en la sociedad”, dijo Caetano.

Los DESC incluyen el derecho al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, a la salud y a la seguridad social. En Uruguay existen hoy 41.768 puestos de trabajo menos y 25.461 desocupados más que cuando asumiera el presidente Jorge Batlle, en marzo de 2000.

En lo que respecta al último año, se destaca que en términos generales, a comienzos de 2004 el mercado de trabajo nacional experimentó un repunte respecto a 2003. Pero esa evolución duró poco, ya que pasada la época estival, donde se generan muchos puestos de trabajo zafrales, los niveles de empleo se sitúan en un nivel parecido al del promedio anual. La última medición ubica al desempleo en 13,3%  de los activos. Por lo tanto ­consigna el informe­ no tienen asidero las cifras que en el marco de la última campaña electoral ha manejado el gobierno, en el sentido de haber creado unos 90 mil puestos de trabajo en los últimos meses. En 2004 el total de desempleados se redujo 10.353, pero existen hoy unos 5.273 puestos de trabajo menos que a principios de año.

En cuanto a la calidad de los empleos, la última información disponible correspondiente a 2003, señalaba que el 44,6 por ciento de los trabajadores ocupados eran subempleados o trabajadores no registrados, o con ambas características. En otros términos, el 39,5 por ciento de los ocupados no cotiza al Banco de Previsión Social, lo que representa 407.000 personas sólo en el medio urbano. Se destaca que este año, si bien hubo mejoras con respecto a 2003 en el número de puestos de trabajo creados, esa mejora no se tradujo en mayores aumentos de los montos ingresados a los hogares, que promedialmente es hoy muy menor al de años anteriores.

Reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en la legislación nacional, el derecho a la vivienda en el Uruguay de hoy dista mucho de ser una realidad. Basta ver el explosivo crecimiento de los “asentamientos”, las villas miseria de las periferias urbanas, cercano al 10% anual acumulativo en los últimos años. El grave problema habitacional no solamente es cuantitativo sino también cualitativo: por un lado el déficit de viviendas en el país es de 80.511 y el 20 por ciento de las existentes están en situación de hacinamiento.

El informe de Serpaj llama la atención sobre el hecho de que a partir de la crisis financiera de 2002 los índices de pobreza e indigencia alcanzaron “niveles sorprendentes”, con lo cual el número de personas que viven en esas condiciones permite asumir que un amplio sector de la población no tiene asegurado el derecho a alimentarse. Esta triste situación se ha reflejado en el incremento de las tasas de desnutrición y mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil creció de 13,6 por mil nacidos vivos en 2002 a 15 por mil en 2003. Y según explicó Caetano, ha crecido entre los más pobres y ha bajado entre los más ricos:

Tomando el caso del joven Maykol Cardozo, fallecido hace un año luego de un peregrinaje de días por dependencias de salud pública debido a un error de diagnóstico inexcusable, según surge de la investigación realizada por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Caetano sentenció que la violación a los derechos humanos “se ha instalado en el modelo sanitario uruguayo, un modelo pleno de corporativismos que encubre violaciones cotidianas a los derechos humanos, en donde se quiere preservar la primacía del poder del saber”.

El historiador recordó que Uruguay ha firmado múltiples convenios y normas internacionales en materia de salud que, como sucede en tantas otras áreas, no respeta.

El informe trae a colación los altos niveles de contaminación con plomo registrados en Montevideo,  un problema a esta altura endémico que afecta a unos 10.000 niños del oeste de la ciudad. El documento incluye un artículo elaborado por Leonardo de León (técnico de la Rel-UITA) referido al riesgo que conlleva la presencia de transgénicos para el sector agropecuario nacional, que enfrenta una crisis inédita que abarca a la mayoría de los productores.

Torturas en las cárceles y violencia policial en la calle

El informe sobre la situación de la población carcelaria se basa en visitas efectuadas al Complejo Carcelario de Santiago Vázquez, el Penal de Libertad, en el departamento de San José, la capitalina Cárcel Central y las cárceles de los departamentos de Rocha y Maldonado. Serpaj concluye que con excepción de Cárcel Central, los establecimientos presentan una muy mala situación, que colocan al Estado uruguayo en violación a las normas legales vigentes en cuanto a las condiciones de reclusión y tratamiento de los detenidos. Además de la superpoblación que obliga al hacinamiento, algunas de esas violaciones pasan por la escasa y mala alimentación, que provoca que en algunos casos los presos pasen hambre, falta de agua, enfermedades contagiosas y que estén sometidos al ocio compulsivo, dada la inexistencia de actividades recreativas.

Según el monitoreo sobre el funcionamiento del sistema de privación de libertad para adolescentes realizado por un grupo de trabajo de los Comités de Derechos del Niño, en ese ámbito se producen malos tratos y torturas y motines generados por los propios funcionarios.

Este año, ese sistema se vio seriamente cuestionado por denuncias de malos tratos y torturas contra adolescentes. Se señala que determinadas conductas de los funcionarios atentan contra la dignidad humana y sin ninguna duda pueden ser definidas como tortura, practicada además con el conocimiento y la pasividad de las autoridades. “El ministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán, realizó una visita intempestiva a una de esos establecimientos, la Colonia Berro, y al ver las condiciones en las que convivían los recluidos dijo no querer eso para ningún niño del país”.

El informe de Serpaj relata casos de violencia física policial ejercida contra civiles en comisarías pero también en las calles de varios departamentos del país: en las puertas de locales bailables, en liceos e incluso en las puertas de las propias casas de los agredidos, que en la mayoría de los casos son jóvenes, pero también hay mujeres.

Las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar también forman parte del informe. Se describen los avances y los frenos en las investigaciones y se actualiza el estado de las causas pendientes, como la del dictador Juan María Bordaberry, las de los asesinatos de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, en 1976 en Buenos Aires, y la de la desaparición, en junio de 1976, de la maestra  Elena Quinteros. Serpaj expresa además su preocupación por la situación del coronel retirado Manuel Cordero, acusado de haber violado los derechos humanos durante la dictadura y reclamado por la justicia de Argentina, pero que logró escapar del país ante la pasividad de las autoridades uruguayas.

El Servicio de Paz y Justicia insiste en la importancia de integrar en las aulas la enseñanza acerca de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Un trabajo a cargo de docentes y sicólogos apunta que “el Estado post-dictadura tiene responsabilidades ante la sociedad que debe asumir. No es aceptable su pretensión de ignorar la experiencia vivida durante doce años y además promover políticas de olvido”.

Por otra parte, el informe contiene  ideas y propuestas acerca de las posibles vías de solución para cada problemática, que en muchos casos coinciden con metas declaradas del futuro gobierno de izquierda, que asumirá el 1 de marzo próximo.

Virginia Matos

© Rel-UITA

29 de diciembre de 2004