Colombia

Un congreso indígena colombiano declaró este sábado 18 de setiembre como "secuestrados políticos" por el Gobierno a dos de sus líderes detenidos dentro de una investigación por el desvío a un grupo

paramilitar de dinero destinado a la salud pública.

Los indígenas también aprobaron la conformación de un "tribunal de opinión" en favor de los implicados, que ejercen altos cargos en una empresa india que administra subsidios estatales para la salud. Las decisiones fueron adoptadas por el Primer Congreso Indígena y Popular, que reúne en Cali a delegaciones de los poco más de ochenta pueblos aborígenes del país.

El encuentro se inauguró el viernes 17 en esa ciudad del suroeste del país, a la que el jueves llegaron unos 40.000 indígenas que participaron en una "minga" o marcha que partió el pasado martes de Santander de Quilichao, a unos 500 kilómetros de Bogotá, en el departamento del Cauca.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) explicó en un comunicado que el asunto de los detenidos fue abordado en las primeras sesiones del congreso, que culminó el domingo.

Los capturados son Alcibíades Escué y Shirley Albor, gerente y administradora de la Asociación Indígena del Cauca (AIC), empresa que presta servicios de salud a los indios con recursos del Estado.

Ambos fueron capturados el pasado día 2 por orden de la Fiscalía General, que les vinculó con un proceso judicial que se derivó de una escandalosa desviación de dinero a frentes de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En la parte central de la redada, las autoridades detuvieron ese mismo día a una docena de funcionarios de la alcaldía de la ciudad caribeña Riohacha, incluido el gobernante local, que según las investigaciones, facilitaron el desvió de unos 190 millones de dólares de la salud, en parte hacia los ultraderechistas.

La ACIN insistió en que los indígenas tienen una postura firme contra los grupos armados ilegales, por lo que los detenidos nunca cedieron a las exigencias de los paramilitares, que los convirtieron en "blanco de amenazas".

El Congreso Indígena aprobó un informe sobre el asunto que fue presentado por los gobernadores aborígenes del suroeste del país y que concluye que los dos detenidos son inocentes, por lo que recomendaron al pleno del encuentro que les declarara como "secuestrados políticos del Gobierno".

La propuesta fue aprobada por las delegaciones, que además crearon una comisión de gobernadores para que viaje de inmediato a Bogotá y busque que la Fiscalía General ordene la excarcelación de los capturados.

El encuentro aprobó asimismo que sea conformado un "tribunal de opinión" con personalidades del país e, incluso, internacionales, para que esclarezca el caso, que según los indígenas, obedece a una maniobra malintencionada para inmiscuirles en el conflicto.

La ACIN recordó que Escué fue declarado por la UNESCO como "maestro universal de la Sabiduría", es portavoz internacional de los aborígenes ante organismos defensores de los derechos humanos y ha ocupado cargos de dirección en las organizaciones indias.

EFE

20 de setiembre de 2004