Bajo el pretexto de la lucha contra la inmigración clandestina la Unión Europea está preparando una intensificación sin precedentes de sus controles fronterizos. Una vez más, la cuestión de las causas de la migración hacia los países del “Viejo Continente” y su responsabilidad en ella, queda fuera de la discusión.

¿Cómo luchar contra la inmigración clandestina? ¿Cómo preservar los "valores culturales" del Viejo Continente ante el creciente flujo migratorio? En resumidas cuentas, ¿cómo cerrar a "cal y canto" las puertas de la "fortaleza europea" ante la presión demográfica ejercida por la llegada masiva de ciudadanos extracomunitarios a los 27 países que integran la Unión?

El Comisario europeo de Justicia e Interior, Franco Frattini, realizó una propuesta que contempla la creación de un sistema de vigilancia informática en las fronteras exteriores de la UE. Se trata de un sofisticado registro de huellas dactilares y datos biométricos destinado a controlar las entradas y salidas de los casi 300 millones de viajeros que cruzan anualmente este "club de la opulencia". A estas medidas se añade otra exigencia: los ciudadanos de países extra europeos tendrán que solicitar vía Internet una autorización previa a cualquier desplazamiento a los estados miembros de la UE. Esta normativa recuerda las medidas adoptadas después de los atentados del 11 de septiembre por las autoridades de inmigración estadounidenses y australianas. En el caso de ser aprobada por el Parlamento europeo, la iniciativa de Frattini podría adquirir un carácter vinculante.

Estas tardías y poco convincentes propuestas del ejecutivo comunitario reflejan el malestar generado en varios países de la UE por la ausencia de políticas comunes de inmigración coherentes y eficaces.

En Francia, el desconcierto en materia de inmigración desembocó, en 2004, en la adopción de una nueva normativa de residencia que exige a los inmigrantes el respeto de los valores republicanos, el conocimiento del idioma y la aceptación del principio de igualdad entre hombres y mujeres. La ley, elaborada por el entonces ministro del Interior, Nicolás Sarkozy, no descarta la posibilidad de que los infractores reincidentes sean expulsados del suelo francés.

En España, el país comunitario que registró en la última década la mayor tasa de crecimiento de flujos migratorios, la cuestión de la población extranjera salta a la palestra durante el acalorado debate que precede la campaña para las elecciones generales que se celebrarán el 9 de marzo.

El Presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, manifestó que si su agrupación política se alza con la victoria, obligará a los inmigrantes a firmar un "contrato de integración" que preconiza el estricto cumplimiento de las leyes, el respeto de las costumbres españolas, el conocimiento del idioma, la inmersión en la sociedad del país de acogida, así como el compromiso de regresar voluntariamente a sus respectivos países de origen en el caso de no encontrar empleo durante un período de 12 meses. Se contempla, además, la expulsión inmediata de los delincuentes extranjeros, medida que cuenta con la aprobación de la inmensa mayoría de los inmigrantes, poco propensos a que se les asocie con bandas de malhechores. Las autoridades, por su parte, se comprometen a conceder a los inmigrantes los mismos derechos de los que disfrutan los ciudadanos españoles, a facilitar su integración y respetar sus creencias y costumbres, siempre que no sean contrarias a la normativa jurídica. Según el líder del PP, el contrato tendría carácter vinculante, lo que llevaría a la modificación de la Ley de Extranjería vigente.

Hay quien estima que el proyecto del Partido Popular es una mera copia de la "ley Sarkozy". Sin embargo, el presidente del PP trata de "vender" su propuesta a los líderes conservadores de la UE para que sirva de base para la elaboración de una nueva legislación comunitaria.

La iniciativa del PP aprovecha el malestar creado en España por el espectacular incremento de la tasa de paro entre la población inmigrante, más de 38,4% en los últimos 12 meses, que eleva el número de extranjeros desempleados a más de 240.700 personas.

Para los partidos de izquierda, estas propuestas infringen las normas del "contrato social", es decir, de un compromiso en que ambas partes aceptan y asumen tanto sus derechos como sus obligaciones. Pero que no requiere firma alguna.

¿Quién tiene razón? ¿Quién se equivoca? En la década de los 70, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un informe en el que se señalaba que los habitantes de los países industrializados, el 18% de la población mundial, controlaban 80% de los recursos del planeta. Advertían los autores que eso iba a generar importantes flujos migratorios del Sur hacia el Norte. Y en los últimos 30 años las políticas de desarrollo y de inmigración han brillado por su ausencia. En este contexto, quienes pretenden recurrir a la vigilancia informática de las fronteras comunitarias tratan de eludir, por enésima vez, el debate sobre las verdaderas raíces del problema.