El Senado de la República acaba de aprobar la Ley de Justicia
y Paz; falta la aprobación en la Cámara de Representantes y
veremos finalmente cómo queda nuestro país ante la comunidad
internacional, respecto a los ojos vigilantes de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal
Internacional. Pero lo más importante frente a la nueva
visión del mundo en relación con los delitos de lesa
humanidad, es que en Colombia estos se entremezclan con
secuestros políticos y/o extorsivos, masacres, asesinatos
selectivos o indiscriminados, por intimidación estratégica o
para el supuesto control de territorios.
Lo grave que nos puede ocurrir es que la ley finalmente
aprobada resulte ante los colombianos y ante el mundo en un
mensaje de impunidad y, por tanto, de debilidad, que nos
otorgue la condición de “parias”. No nos encontramos lejos
de esa penosa realidad, si tenemos en cuenta que su texto
niega la posibilidad de iniciar la investigación de la
verdad a partir de la memoria histórica que relacione
hechos, víctimas y victimarios, ya que la Ley se limita a
mencionar la “Justicia y la Paz”. En relación con la primera
plantea penas mínimas de detención, y con respecto a la
segunda, sólo reparación material. Todo esto sin tener en
cuenta que en Colombia no ha concluido el narcoterrorismo y
que la multiplicidad de actores armados que forman parte de
él mantiene vigencia, por lo tanto no existe claridad con
respecto a qué víctimas ampara la Ley. ¿A las de los grupos
que se encuentran negociando con el gobierno? Pero entonces,
a las de los renuentes a entrar en ese proceso, ¿quién les
imparte paz, verdad, justicia y reparación?
Siendo optimistas, supongamos que se encuentre una fórmula
para reparar a las víctimas sin discriminación, sin importar
el grupo armado que haya sido el ofensor, es posible que se
arregle el problema de desigualdad, pero, ¿quién determina
la globalidad de las víctimas actuales y las del futuro?
Esto es realmente imposible porque el conflicto continúa,
por la forma en que se incrementa la cantidad de víctimas, y
porque es irreal pensar que sólo con los bienes
legítimamente recobrados de manos de los grupos armados se
podrá compensarlas materialmente.
No obstante, a pesar de todos los esfuerzos para reparar
materialmente a las víctimas que determine la Ley de
Justicia y Paz, el gobierno no puede ocultar bajo la
alfombra la necesidad de la verdad sobre los responsables
materiales, intelectuales, políticos y militares que han
mantenido y aun pretenden mantener a Colombia en la noche
horrenda y oscura de la impunidad frente al genocidio y a la
pérdida de la soberanía, pues no es el pueblo el que está
autodeterminando su presente y porvenir, sino el poder del
narcotráfico, la vía armada violenta, la corrupción política
y empresarial, que han hecho de la guerra su propio negocio
de poder. Es aquí donde se encuentra la gran dificultad para
establecer la verdad como auténtica compensación a las
víctimas, pues lo material es un simbolismo y la mayoría de
las veces un insulto a los atribulados corazones de quienes
perdieron sus seres queridos. Y ni la justicia ni el
gobierno dan respuesta al clamor de los dolientes sobre la
verdad.
Independientemente de delincuentes materiales confesos ante
los jueces, quienes han ostentado el poder gubernamental,
político, militar y económico, ¿asumirán su propia
responsabilidad en beneficio de la verdad?
Si el establishment (políticos, gobierno, empresarios,
iglesia, militares) cree que las reparaciones materiales
generosas disminuyen la necesidad de mejorar la justicia
penal, esclarecer la verdad histórica o reformar la
institucionalidad democrática, incurre en grave error. El
mayor programa conocido de reparación es el implementado por
Alemania con respecto a las víctimas del holocausto, que
según el profesor Tomuschat (investigador y especialista del
tema) el gobierno alemán estima que para 2030 habrán muerto
los últimos beneficiarios de los diferentes programas y
habrá repartido 80 mil millones de dólares entre, más o
menos, 2 millones de beneficiarios en más de 70 países del
mundo. No obstante, los principales responsables del
holocausto –aunque no todos– fueron sometidos a juicio en el
Tribunal de Nüremberg, pero además se adoptó una política
sistemática para mantener viva la memoria histórica, con
museos como el de Auschwitz y monumentos a los mártires,
para que las generaciones posteriores a la Segunda Guerra
Mundial no repitieran tan vergonzoso episodio en la historia
de la humanidad.
En Argentina se distribuyeron 220 mil dólares por víctima
relacionada con la desaparición forzada, se dictaron leyes
de punto final y amnistías, pero el pueblo fue superior a
sus dirigentes y luchó hasta lograr la derogación de las
leyes de impunidad y la reapertura de los procesos que
conduzcan a la verdad y al castigo real y moral de los
genocidas.
En Colombia necesitamos una ley de la verdad, la justicia y
la reparación así como está escrito: primero verdad, porque
un pueblo que ha estado sometido a la violencia debe saber
qué pasó, cuáles fueron las causas de los acontecimientos
trágicos que ha vivido y quiénes sus principales
responsables. Es a partir de la verdad que se puede hacer
justicia, proporcionar reparación y construir la paz. El
Estado no puede renunciar a perseguir los delitos de lesa
humanidad, pues si bien el Congreso tiene la facultad de
dictar leyes de amnistía general o de justicia y paz como la
aprobada en el Senado, no puede, sin embargo, desconocer los
tratados internacionales de derechos humanos. El Estado no
puede tomar decisiones bajo el sofisma de lograr la
convivencia social pacífica apoyada en el olvido de los
hechos.
Luis Alejandro
Pedraza Becerra
© Rel-UITA
23 de junio de 2005
