Las noticias nos han traído a casa los conflictos entre el Gobierno peruano (con el Ejército y la Policía por delante) y la población indígena amazónica, que se opone a la explotación del petróleo que se encuentra bajo sus tierras.

Es larga la lista de los argumentos de las organizaciones indígenas que solicitan la derogación de los decretos que, dentro del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, impulsan estas actividades extractivas: desplazamiento de la población, contaminación del medio ambiente, problemas de salud, limitaciones para sus modos de vida y sus sistemas productivos, de caza, de recolección, etc. Los argumentos gubernamentales descansan en los mitificados “beneficios de las inversiones extranjeras”, por los que los países con gobiernos neoliberales se desviven y entregan en bandeja de plata el control de sus recursos naturales.

Son ilustrativos los resultados de informes, como los de las organizaciones Christian Aid e InspirAction, que desenmascaran “el escándalo de un sistema fiscal mundial que permite a los más ricos del mundo y a las empresas que representan eludir sus responsabilidades, mientras condena a los más pobres a un desarrollo raquítico”.

Los cálculos indican que los países empobrecidos del Sur dejan de cobrar cada año cerca de 130.000 millones de euros en impuestos que las empresas que operan en su territorio evaden con alguna maniobra (ellos dirían arquitectura financiera) o dejan de pagar gracias a tratos “preferenciales”. La evasión que las empresas multinacionales realizan en América Latina y el Caribe se calcula en 50.000 millones de euros. Los informes nombran a empresas como la petrolera británica British Petroleum, la angloholandesa Royal Dutch Shell y la estadounidense ExxonMobil. El escamoteo de las empresas mineras europeas, asiáticas y norteamericanas radicadas en África supera los 65 millones de dólares. También aparecen retratadas en los informes empresas de otros sectores como la cadena de supermercados Wal-Mart. Las cuatro empresas encabezan el ranking de las mayores compañías del mundo del 2008, según la revista Fortune.

A finales de los 90, los organismos financieros internacionales aprovecharon la bancarrota de Zambia para imponer la privatización de sus minas de cobre que no ha aportado beneficios al país por los derechos de explotación tan bajos. Parecido al asunto del coltan. Las mayores reservas mundiales de coltan están en la República Democrática del Congo, pero, en un año (en el 2006), lo que este país ha recibido por los derechos de las explotaciones mineras ha sido ¡menos de 86.000 dólares! O los plátanos. Uno de cada tres plátanos que compremos provendrá de las compañías norteamericanas Dole, Chiquita y Del Monte. Si dichas compañías tributaran alrededor del 35 por ciento, en sus periplos por el mundo, con escala en paraísos fiscales, rebajarían su fiscalidad por debajo de la mitad.

Recuerden que la cifra global de esta evasión fiscal ascendía a más de 140.000  millones de dólares, cuando el presupuesto global que los países ricos destinan a la ayuda al desarrollo es de aproximadamente 90 millones de dólares. Como dice InspirAction “si los países en desarrollo pudieran contar con todo ese dinero que dejan de recaudar a las empresas, podrían transformar las vidas y las expectativas de millones de personas pobres. Por ejemplo, si se hubiera invertido una cantidad similar en los sistemas sanitarios de estos países desde el año 2000, cada año se habrían salvado las vidas de 350.000 niños menores de cinco años”.

Ante este atraco oficializado, las respuestas gubernamentales para revertirlo no sólo no se dan, sino que, vía los acuerdos de libre comercio se profundiza y legitima un nuevo ejercicio de servilismo frente a las transnacionales. Los informes referidos enumeran una serie de posibles medidas para corregir esta situación, a saber: promover un nuevo estándar contable internacional que obligue a las empresas a informar sobre sus actividades en cada país, requerir a los bancos que desvelen la propiedad de las entidades extranjeras a las que prestan servicios, promover la adopción de principios para prevenir abusos fiscales, etc. Una propuesta alternativa sería defender la gestión soberana de los recursos naturales por sus propias poblaciones y exigir desde ya un ejercicio de justicia: la devolución inmediata de todas esas cantidades sustraídas.

Gustavo Duch*

Tomado de CCS

1 de julio de 2009