Colombia

Un insólito fallo judicial condenó al gobernador del departamento de Valle del Cauca, Angelino Garzón, a cinco días de prisión. Para eso, el juez incurre en errores tan graves que sólo pueden ser interpretados dentro del contexto político de la región. Las organizaciones sociales están en estado de alerta en apoyo a Garzón.

“Apenas algunos meses después de haber asumido la gobernación del Valle del Cauca, Angelino Garzón enfrenta la reacción de los sectores tradicionalmente más conservadores que intentan desestabilizar su gobierno”, afirmó a Rel-UITA el presidente de la Unión Nacional Agroalimentaria, de la Hotelería y el Turismo de Colombia (UNAC), Luis Alejandro Pedraza. No es para menos, porque el mismo día en que se realizaba en los 42 municipios del Valle del Cauca la “Caminata del silencio” bajo el lema “¡No matarás! Construye con tu hermana y con tu hermano!”, el juez Primero Penal del Circuito de Cali, doctor Víctor Flower Ortiz, ratificó una orden de arresto por cinco días contra Garzón, y de 30 días contra su predecesor, Germán Villegas.

Esta coincidencia entre la movilización popular por la paz y el fallo judicial no parece casual. La historia comenzó en febrero de 2000, cuando Villegas era gobernador del Valle, y el juez César Blandón resolvió una acción de tutela que le había sido solicitada ordenando “Al señor gobernador que en un término que no exceda las 48 horas proceda a emitir un acto administrativo de nivelación de salarios para los escalafones del magisterio... y que luego inicie las diligencias ante las autoridades gubernamentales respectivas tendientes a la obtención de los recursos presupuestales para el debido cumplimiento de lo ordenado, y luego, una vez se obtengan los recursos económicos, dentro de las 48 horas siguientes proceda a su pago”.

Quiere decir que en febrero de 2000, hace más de cuatro años, un juez ordenó dos cosas: que se ordene administrativamente los salarios de los maestros, y que luego se consigan los recursos económicos para pagar los incrementos subsecuentes en un plazo de 48 horas después de haber obtenidos esos recursos.

Ese fallo, sin embargo, desconoció el acta firmada el 27 de diciembre de 1995 entre el entonces gobernador Villegas y la ministra de Educación de la época, María Emma Mejía, por la cual el Ministerio se comprometió a “Aceptar los costos de la homologación de la escala salarial del Departamento”, y también asumir la nivelación escalafonaria de los maestros. Esto significa que el juez le ordenó al gobernador Villegas que ejecutara una acción que ya no estaba en su competencia desde hacía cinco años.

Por si fuera poco, en 2001 se aprobó la ley 715 por la cual se les quitó a los gobiernos locales y regionales la capacidad de tomar decisiones como las ordenadas por el juez en febrero de 2000.

Así las cosas, este nuevo fallo judicial ignora completamente los aspectos reseñados y hace responsable al actual gobernador, Angelino Garzón, de no haber cumplido lo (equivocadamente) ordenado hace cuatro años. Pero además. El juez elige también ignorar el oficio de fecha 13 de julio de 2004 presentado en su sede por el cual la actual ministra de Educación, doctora Cecilia Vélez White asume que “El Ministerio no ha autorizado la apertura de rubro presupuestal alguno con recursos del Sistema General de Participaciones a fin de realizar el pago por concepto de homologación salarial”, y asimismo decide ignorar que el 17 de agosto de 2004 –a instancias del gobernador Angelino Garzón– la ministra de Educación solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de Colombia que indique quién debe pagar la homologación salarial, si los entes territoriales o el Estado nacional, ya que en todo el país son 16 mil los trabajadores en esa situación, a quienes se les adeuda un total de 250 millones de dólares.

En un comunicado oficial difundido el pasado lunes 4, el gobernador Garzón expresó que “Sin negar el derecho que asiste a los trabajadores de reclamar esa nivelación salarial, he decidido presentar, como último recurso, una acción de tutela ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca con el fin de evitar que se cometa una injusticia, pero como soy consciente de que igualmente puede producirse, estoy dispuesto a cumplir los cinco días de arresto en el momento y lugar que lo defina el juez (...) Pero también debo manifestar –continuó Garzón– que como expresión de defensa de mi dignidad como persona y servidor público, durante esos cinco días el único alimento que consumiré será agua y líquidos mineralizados.”

Hasta el momento el juzgado no ha especificado cuándo y dónde el gobernador deberá cumplir la pena de prisión, mientras que el gobernador Garzón ha expresado en una conferencia de prensa su solidaridad con el otro condenado injustamente, el exgobernador Villegas.

En este marco, la Unión Nacional Agroalimentaria, de la Hotelería y el Turismo, afiliada a la UITA, junto con las demás organizaciones populares del Valle del Cauca se mantienen en estado de alerta y movilizados en apoyo al gobernador Angelino Garzón.

Carlos Amorín