De ahora en adelante Uruguay también recordará "su" 11 de setiembre: el día en que por primera vez la justicia procesó y envió a prisión a militares y policías acusados de delitos de lesa humanidad.

El "milagro", visto que más de 20 años después de la restauración de la democracia este país permanecía como un "paraíso de la impunidad" en el Cono Sur de América Latina, se produjo cuando en la tarde local del lunes 11 el juez Luis Charles encontró que existían "elementos suficientes para atribuir a los imputados asociación para delinquir y reiterados delitos de privación de libertad".

Quienes desde ese día están alojados en la Cárcel Central de Montevideo en condición de procesados son los coroneles Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ernesto Ramas, el teniente coronel José Nino Gavazzo, el capitán Luis Maurente, el ex capitán Ricardo Arab (este último expulsado del Ejército por delitos comunes), y los policías retirados Ricardo Medina y José Sande. Otros dos oficiales debían haber corrido la misma suerte: el coronel retirado Manuel Cordero, prófugo de la justicia y fugado hacia Brasil, y el coronel retirado Juan Antonio Rodríguez Buratti, quien, según la versión oficial, en la noche del domingo se suicidó en su domicilio de un disparo en la sien poco antes de ser detenido.

Rodríguez Buratti era el único de los nueve ex represores que permanecían en Uruguay que estaba libre. Los otros ocho ya se encontraban en detención administrativa en espera de que se resolviera un pedido de extradición en su contra cursado por la justicia argentina.

Los militares y policías fueron procesados por los delitos de privación ilegítima de libertad y asociación para delinquir, y podrían pasar encarcelados un máximo de 12 años. Luego de cumplir esa pena estarían en condiciones de ser extraditados hacia Argentina. A todos se los acusa del secuestro y posterior desaparición en Buenos Aires, en 1976, de Adalberto Soba y Alberto Mechoso, militantes del Partido por la Victoria del Pueblo de Uruguay.

No hubo nadie en este país que no considerara que la jornada de este 11 de setiembre fue "histórica". Así lo hicieron gobernantes, políticos de todo signo, medios de comunicación. Eso sí: hubo quienes festejaron y quienes clamaron que Uruguay había vivido un día "luctuoso". De un lado, los familiares de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos, los partidos de la izquierda; del otro, un puñado de militares. "Este puede ser el comienzo del tan esperado fin de la impunidad de los violadores de los derechos humanos. Nosotros ya sabíamos que eran culpables, pero con este fallo la sociedad por fin decidió condenarlos", comentó Sandro Soba, hijo de Adalberto Soba. Sandro, hoy de 38 años, tenía apenas ocho cuando fue secuestrado en Buenos Aires junto a su padre y su madre y conducido al centro de detención clandestino de Automotores Orletti, el principal cuartel de operaciones de los represores uruguayos que actuaban en Argentina en el marco del Plan Cóndor de coordinación entre las dictaduras del Cono Sur.

El entonces niño pudo "despedirse" de su padre torturado antes de ser trasladado por oficiales uruguayos hacia Montevideo junto a su madre. "Luctuoso" este 11 de setiembre lo fue, por ejemplo, para el general retirado Iván Paulós, uno de los mayores jerarcas de la dictadura, quien , en un discurso que pronunció tras el entierro de Rodríguez Buratti aseguró que las Fuerzas Armadas estaban perdiendo la "guerra psicopolítica" luego de haber ganado en el plano militar la guerra contra la guerrilla. De su camarada aparentemente suicidado Paulós dijo que era "la primera baja" del campo militar en la "guerra psicopolítica", y de los procesados por el juez Charles que habían sido sometidos a un "linchamiento político y mediático" inscrito en una "campaña de desprestigio y vilipendio a las Fuerzas Armadas". El procesamiento de los ocho represores fue posible porque el actual gobierno presidido por el socialista Tabaré Vázquez interpretó de manera muy distinta de sus antecesores una ley que hasta ahora había consagrado la impunidad de militares y policías involucrados en delitos de lesa humanidad.

Ese texto, que fue aprobado en 1986 con el pomposo nombre de "ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado" y ratificado por un plebiscito en 1989, exime de castigo a los uniformados que hubieran actuado "en cumplimiento de órdenes superiores" por móviles políticos. Sin embargo, contempla excepciones y tiene fisuras por donde se han colado, primero el poder político, y luego la justicia: no abarca a los civiles, excluye expresamente los delitos económicos y obviamente no puede contemplar los delitos cometidos fuera del país.

Como la ley determina que es el Poder Ejecutivo el que debe resolver si un caso está comprendido o no en ella, en todos los expedientes que hasta ahora le sometió la justicia este gobierno se ha pronunciado por excluirlos del beneficio de la "caducidad de la pretensión punitiva del Estado". Así lo hizo, entre otros, en los casos de Soba y Mechoso -"disparadores" de los procesamientos de esta semana-, por haber tenido lugar en el extranjero.

De todas maneras, y para terminar con las ambigüedades y "sanear éticamente al país", la central sindical única PIT-CNT, organizaciones de derechos humanos, un grupo calificado de juristas y algunos partidos de izquierda impulsan la supresión lisa y llana de este texto. El miércoles 13 todos ellos lanzarán oficialmente en Montevideo la campaña por la anulación de la "ley de impunidad" en un acto en el que anunciarán la conformación de una comisión nacional pro anulación. El gobierno de Tabaré Vázquez permanece, por ahora, apegado a la opción de no modificar la ley, en el entendido, según algunos de sus portavoces, como el secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, de que permite, pese a todo, "avanzar en el camino de la verdad y aun de la justicia". Algunos de los impulsores de la anulación, si bien reconocen el "paso positivo" que significó el procesamiento con prisión de estos ocho militares y policías, no excluyen que pueda haberse debido a una suerte de pacto entre el gobierno y los propios represores.

Estiman en ese sentido que a éstos "les convenía" ser condenados en Uruguay, en vistas de que era muy probable que fueran extraditados hacia Argentina, donde las penas que se les hubiera impuesto iban a ser más severas y donde las condiciones de reclusión hubieran sido seguramente también más duras. Precisamente este último punto, el de las condiciones de reclusión de los uniformados procesados, es motivo ahora de fuerte polémica. Mientras el gobierno proyecta construir para ellos una cárcel especial en un predio militar, las organizaciones de derechos humanos, el PIT-CNT y algunas organizaciones políticas defienden el principio de "igualdad de todos los ciudadanos ante la ley". "¿Por qué un ladrón de gallinas debe ser remitido a una cárcel común, que por lo general está en condiciones deplorables, y un militar acusado de asesinatos, torturas, secuestro de niños, vejámenes de todo tipo va a parar a una prisión previsiblemente de lujo, para peor construida con dinero hoy bien necesario para levantar escuelas o viviendas?", se preguntó Luis Puig, integrante del Secretariado de Derechos Humanos de la central sindical. La polémica en relación a este tema promete endurecerse en los próximos días, pero por ahora en el campo de los derechos humanos siguen siendo momentos de festejo. El regocijo, para una parte de la opinión, no es sólo por la condena judicial. Comentando la muerte de Rodríguez Buratti, el matutino La diaria resumió el sentimiento de muchos al titular en su portada con un texto del escritor Mario Benedetti: "Un torturador no se redime suicidándose. Pero algo es algo".