A siete días de la histórica sentencia del Tribunal Especial que halló culpable, al ex presidente peruano Alberto Fujimori Fujimori, por crímenes de lesa humanidad y de condenarlo a 25 años de prisión, la mayoría de la población de este país latinoamericano cree que se hizo justicia, mientras que para los seguidores del ex mandatario el fallo expresa odio y venganza.

 

Luego de 484 días de iniciado el juicio, el 10 de diciembre de 2007, el Tribunal Especial, presidido por el vocal César San Martín Castro e integrado por Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, dio su fallo el 7 de abril en sesión que fue seguida a nivel nacional por la población.

 

Al igual que en los partidos de fútbol, las radios en los buses y taxis seguían la sesión y en comercios, bodegas los televisores encendidos daban cuenta de lo que sucedía a pocos kilómetros de la capital peruana, los transeúntes se detenían para oír la sentencia, algunos lamentaban no haber podido ir hasta la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DIROES) en el distrito de Ate, a 14 kilómetros del centro histórico de Lima.

 

El caso Fujimori marca un hito mundial en la historia de los derechos humanos, por primera vez en el mundo un ex presidente es juzgado y condenado por ser el autor mediato, aquel que no perpetra los crímenes con sus propias manos, pero utiliza a terceros para cometerlos.

 

El Tribunal Especial, determinó que es presidente sí tenía mando y comando sobre las Fuerzas Armadas y Policiales, en lo táctico y lo operativo, y que instauró en el Perú una estrategia agresiva y brutal de lucha contra la subversión, y que sí fue real el denominado “Plan Cipango”, partida de nacimiento del destacamento “Colina”.

 

Fujimori que gobernó el Perú entre 1990 y el 2000, fue sentenciado por la matanza de Barrios Altos en la que fueron asesinadas 15 personas, entre ellas un niño de ocho años y por la desaparición y muerte de 9 estudiantes y un profesor de La Cantuta, en 1991 y 1992, y por los secuestros de un periodista y un empresario en 1992.

 

El tiempo total que permanecerá en prisión Fujimori, según analistas, equivaldría a menos de la mitad de su condena: 12 años, debido a que puede acogerse a beneficios penitenciarios como el “2x1” y la libertad condicional.

 

Los años de prisión se computarán desde el 7 de noviembre de 2005, fecha en que fue privado de su libertad en Chile atendiendo a la solicitud de extradición, hasta el 18 de junio de 2006 en que obtuvo libertad bajo fianza, y desde el 25 de septiembre de 2007 en que fue puesto a disposición de la Sala Penal Especial.

 

Ni indulto ni amnistía

 

La congresista Keiko Fujimori, hija del ex presidente Fujimori quien según últimos sondeos de algunas encuestadoras tiene mayor intención de voto para las elecciones presidenciales del 2011, señaló a una agencia de noticias que de “salir electa indultaría a su padre”.

 

Luego de conocer la sentencia la congresista, notablemente mortificada, señaló “seguiremos avanzando porque el fujimorismo está primero en las encuestas y continuaremos así”.

 

Para el presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, Juan Carlos Eguren de Unidad Nacional, señaló a un medio local que actualmente el tema de fondo es político y las acciones futuras de los fujimoristas tienen como fin obtener réditos electorales en favor de la candidatura presidencial de Keiko Fujimori.

 

Ante las acusaciones que vienen haciendo en contra del presidente del Tribunal Especial, señaló que “quieren generar la percepción de falta de imparcialidad, de persecución política para victimizar a Fujimori y fortalecer la campaña de su hija a la Presidencia”.

 

Por su parte Carlos Rivera, uno de los abogados de la parte civil, dijo a Sirel que no se puede amnistiar ni indultar a los sentenciados por crímenes de lesa humanidad, la Corte Interamericana ha determinado de manera clara que estos crímenes y las violaciones a los derechos humanos son “inamnistiables” y descartó esa posibilidad en un posible gobierno de la hija del ex presidente.

 

“Le recuerdo a la inminente candidata que uno llega a la presidencia de la república para servir al país no para servir a sus familiares y que eso es un acto reñido con la ley, está anunciando que va a cometer un delito, es una advertencia que desde el terreno de la legalidad habría que hacerle”, señaló el abogado.

 

“Fujimori asesino la cárcel tu destino…”

 

La persistente lucha de los movimientos sociales contribuyó de manera significativa en la sentencia condenatoria al ex presidente Alberto Fujimori hombres y mujeres, parte de estos movimientos de estudiantes, feminista, sindical, de base, gremial estuvieron por más de tres horas en las afueras de la DIROES, sede del juicio al ex mandatario peruano, esperando la sentencia.

“Yo quiero justicia” fue el lema en colores sobre el fondo blanco de los polos que las centeneras de mujeres feministas llevaron puestos para asistir a la lectura de la sentencia al ex mandatario Alberto Fujimori.

 

Gina Vargas, luchadora social y una de las fundadoras del feminismo peruano dijo a Sirel que el fallo “es algo que nos merecíamos para revitalizar la democracia, para volver a creer en la justicia y que es posible construir un país diferente, tenemos a Fujimori acusado por cada uno de los crímenes que cometió y eso es extraordinario”.

 

Aseguró que la demanda de justicia a la violación de los derechos humanos ha sido una lucha fundamental en las agendas “como feministas, como mujeres democráticas de este país”.

 

Para los familiares de los desaparecidos de “La Cantuta” y “Barrios Altos” la sentencia es “la reivindicación de nuestros familiares que durante varios años fueron tildados de terroristas, incluso hubo personas que intentaron justificar sus muertes por su supuesta militancia en un movimiento terrorista”, dijo Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes desaparecidos.

 

“Estoy contenta, satisfecha es más de lo que podía esperar: 25 años, es una sentencia importante y revolucionaria que incorpora aspectos importantes como crímenes de lesa humanidad, y en un país en que algunos tienen miedo da un mensaje de claridad. Que se haya reconocido que nuestros familiares de la Cantuta y de Barrios Altos no eran terroristas, es el mayor regalo”, afirmó

 

El tribunal determinó que los estudiantes y el profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, desaparecidos en 1992, así como los heladeros asesinados en un solar de Barrios Altos en 1991 no fueron terroristas.

 

Por su parte el secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú (CGTP), Mario Huamán, destacó la labor de los vocales que integraron el tribunal de justicia y que han demostrado al país y al mundo que no existe impunidad.

 

Al tiempo de recordar la lucha que la CGTP emprendió durante el gobierno de Fujimori por la democracia y que le costó la vida del líder sindical Pedro Huilca, asesinado por el “Grupo Colina”, afirmó que la central seguirá luchando para que no quede impune la muerte de su dirigente.

 

Aída García Naranjo del Centro de Accesoria Laboral (CEDAL) e impulsora en tiempos de la dictadura fujimorista del MUDE, Mujeres por la Democracia, señaló que las organizaciones de mujeres están reclamando justicia para las campesinas e indígenas violentadas sexualmente durante el periodo de conflicto armado interno, y para quienes fueron esterilizadas contra su voluntad.

 

“El movimiento de mujeres ha estado sistemáticamente en esta lucha por la democracia durante muchos años, y para nosotras este fallo tiene importancia ética y simbólica porque le dice a futuros gobernantes sean hombres o mujeres, que deben mantener el Estado de derecho y evitar los autoritarismos, indicó a Sirel.

 

La defensa del condenado Alberto Fujimori presentará un recurso de nulidad contra la condena de 25 años de prisión que le impuso la Sala Penal Especial, por ser el autor mediato de las matanzas de “La Cantuta” y “Barrios Altos” y de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

 

El abogado de Fujimori, César Nakazaki, tiene 10 días hábiles, a partir del 7 de abril, para presentar el recurso de nulidad. Según explicó el abogado Carlos Rivera, la apelación será resuelta como máximo en cinco meses porque la Fiscalía no apeló la sentencia y esto facilita el proceso.

 

Según Rivera, la sala que verá el recurso de nulidad puede recortar la pena, ratificarla o anular el proceso, pero de ninguna manera declarar la inocencia del condenado.

 

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema tendrá la última palabra en este caso, pero la sentencia del 7 de abril no será olvidada y debe servir de escarmiento para aquellas personas que quieren detentar el poder injustamente, de manera autoritaria.