Tengo la suerte de que a todos mis amigos les indignan las violaciones a los derechos humanos, la corrupción y el cinismo de Alberto Fujimori. Anoche estuve con varios de ellos en una manifestación en su contra ante la embajada de Chile. Al frente, en el estacionamiento de la embajada del Reino de los Cielos (una iglesia evangélica, por si acaso), se había concentrado un grupo mucho más reducido de fujimoristas, con quienes se libraba una batalla de gritos e insultos a ambos lados de la Javier Prado.

Entre los dos grupos, como todas las tardes, había una impresionante congestión de combis. Quienes viajaban en ellas, ¿pensarían que Fujimori debería ir a la cárcel, como decíamos nosotros, o que era el salvador del país, como señala el diario La Razón? En todo caso, la congestión que padecían los pasajeros era un ejemplo de que muchas de las peores políticas de Fujimori han sido continuadas con estricta observancia por muchas autoridades, que reaccionarían indignadas si se les calificara de fujimoristas.

En aquellos días, se dispuso la "liberalización del transporte" disolviendo la empresa nacional de transporte urbano y dejando las calles en manos de combis y ticos. El domingo, dos personas murieron cuando el tico en que viajaban fue embestido por otro vehículo, sumándose a centenares de fallecidos por viajar en estos vehículos prohibidos en el resto del mundo. Cinco años han pasado desde que Fujimori se marchó, pero su herencia de inseguridad se mantiene intacta en el tránsito, acaso porque los funcionarios responsables no suelen viajar en transporte público.

Como en tiempos de Fujimori, el Estado se encuentra mucho más cerca de las grandes empresas, transnacionales o nacionales, que de los ciudadanos. Hace sólo unos meses, el gobierno planteaba reducir a la mitad las vacaciones y la compensación de tiempos de servicios. Ha mantenido el régimen de estabilidad que favorece a las empresas que más deberían tributar y pretende "perfeccionar" la normatividad que permite cuantiosas ganancias a las AFP, aumentando además el aporte de los trabajadores.

Hace un mes, la mayoría en el Congreso logró que en la Ley General del Ambiente, se hiciera más difícil la fiscalización y la sanción de las actividades contaminantes, repitiendo lo que el gobierno de Fujimori había hecho con el antiguo Código de Medio Ambiente. El mencionado régimen dispuso recortar el financiamiento de los hospitales públicos, señalando que debían cubrir sus gastos cobrando a los pacientes y el gobierno de Toledo no sólo ha persistido en una política que genera decenas de muertes, sino que este año ha decidido aún más el presupuesto del sector Salud.

Mientras la ONP, otra creación fujimorista, continúa pagando grandes sumas de dinero a estudios de abogados para que pongan trabas a los jubilados y no puedan cobrar sus míseras pensiones, millones de personas han quedado indocumentadas debido a que es ha mantenido el carácter costoso y temporal de los documentos de identidad. ¿No debió el Estado democrático asumir este gasto con los impuestos que pagan los ciudadanos? Dicho sea de paso, el propio Jefe de la RENIEC ha admitido hace poco que el costo de cada DNI es de apenas 2 soles y no los 22 que se cobra a los ciudadanos.

Es verdad que han cesado las esterilizaciones masivas de campesinas… pero también lo es que no se ha tomado ninguna medida para sancionar a los médicos o enfermeras involucrados en dichos delitos. Es verdad que, especialmente durante el gobierno de transición, miles de inocentes dejaron por fin las cárceles, pero también lo es que el poder judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional no han proporcionado las garantías necesarias a los testigos de las violaciones a los derechos humanos. A los sobrevivientes de Lucmahuayco, una de las peores masacres cometidas en el Cusco, los visitó hace poco uno de los policías implicados … para hacerles recordar lo que les podía acontecer. En cuanto a los familiares de los nueve campesinos y tres estudiantes asesinados por las fuerzas del orden en tiempos de Toledo, se repite la misma conocida historia de impunidad.

Cuando hace cinco años, participaba yo en las marchas y mítines contra el régimen de Fujimori, no pensaba que sus políticas de gobierno continuarían sin mayor alteración. No pensaba tampoco que muchas personas vinculadas al régimen de Fujimori conseguirían reciclarse tranquilamente en el Estado, en universidades o en los medios de comunicación. Claro que ellos no van a los mítines fujimoristas ni llaman "terroristas" a quienes trabajan en derechos humanos. Es más, algunos, hasta pretenden hablar sobre derechos humanos.

Es importante seguir luchando para que Fujimori pague por sus crímenes. Sin embargo, la tarea pendiente es también revertir el daño que siguen ocasionando las políticas que él promovió y que sus seguidores, visibles o clandestinos, continúan promoviendo.

Wilfredo Ardito Vega

Convenio La Insignia / Rel-UITA

9 de noviembre del 2005