Crisis de los Fondos de Pensiones
Ganancias privadas, pérdidas sociales

Según el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), el 95,2 por ciento de los recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) invertidos en el exterior lo estaban en renta variable, en países fuertemente impactados por la crisis, y en instrumentos altamente riesgosos. Las AFP no están haciendo nada para cautelar los fondos y las autoridades las dejan hacer.

Desde el inicio de la crisis, el 25 de julio de 2007 y hasta el 7 de octubre de 2008, los fondos de pensiones habían perdido más de 23 mil millones de dólares, una cifra equivalente al 22,31 por ciento del total de esos fondos.

Sólo el fondo E¹ no ha perdido en el período. Según la Superintendencia de Pensiones, el 86 por ciento de las pérdidas del Fondo A y el 82 por ciento del Fondo B se originan en el extranjero.

De acuerdo a la Superintendencia de Pensiones, al 30 de agosto de 2008 las AFP mantenían 33.783 millones de dólares -un 32 por ciento del total- de los fondos de pensiones invertidos en el exterior. Según el organismo, las AFP habían invertido más de 113 millones de dólares en pagarés de instituciones en graves dificultades o definitivamente desaparecidas por quiebra, nacionalización o absorción.

Mientras ocurría esto el Congreso aprobó la Reforma Previsional que aumenta el grado de exposición de los fondos de pensiones en los mercados financieros. Según CENDA, resulta inconcebible que haya transcurrido más de un año para que algunos parlamentarios hayan reaccionado ante esta situación, presentando un proyecto de acuerdo que pide investigar las pérdidas reales de los fondos e intervenirlos para proceder a su repliegue ordenado a inversiones seguras en Chile, como las que han permitido al Fondo E y al Fondo de Cesantía no perder dinero en 2007.

Mientras en promedio los chilenos pierden el equivalente a siete años de cotizaciones -un gravísimo “desfalco y robo”, como ha sido calificado por algunos dirigentes sindicales-, en Argentina se anunció la nacionalización de los fondos privados de pensiones. La presidenta Cristina Fernández firmó un proyecto de ley “que establece el traspaso al sistema estatal jubilatorio de los fondos millonarios de pensión, que en la actualidad son administrados por entidades privadas”. La firma el proyecto se realizó en la sede de los jubilados. Cristina Fernández dijo que “la decisión de nacionalización es de carácter estructural”, e implica “una política de protección para este sector del pueblo, fuera del marco neoliberal”. Pero en Chile, el gobierno aún no se pone de acuerdo si aprobará la creación de una AFP estatal u otro sistema que evite se continúe con la pérdida de los fondos, que sólo en un año han descendido más de un 20 por ciento.

“Sucede que entre las platas perdidas en las especulaciones está la de las AFP chilenas. Las pérdidas son millones y millones. Los trabajadores chilenos a punto de jubilarse ya no tienen todos sus fondos. Las AFP los han perdido. No hablaremos acá de lo perverso que es el modelo de pensiones chileno. Simplemente hoy presenciamos la prueba de la realidad. Los trabajadores chilenos perdieron millones. Los llamados ‘Fondos A’ (donde seguramente los dueños de las AFP no tienen sus aportes) se fueron irreversiblemente a pique. La gente debe cambiarse. No importa que pongan trabas. Debe haber un éxodo masivo de dinero saliendo del Fondo A”, dice el economista Juan Radrigán.

Como era de esperar, la decisión del gobierno de Argentina tuvo inmediato eco en Chile. Dirigentes gremiales y sindicales, algunos parlamentarios y economistas de izquierda, instaron al gobierno de Michelle Bachelet a agilizar la creación de una “AFP estatal” y a tomar “las medidas necesarias para asegurar los ahorros previsionales”.

“En el Fondo A las pérdidas ya alcanzan a 34,12 por ciento y las del Fondo B a 26,48 por ciento”, dice el economista Manuel Riesco. “Desde el inicio de la crisis, las AFP han perdido más de un quinto del fondo total, más de un cuarto del Fondo B y más de un tercio del Fondo A. De este modo, el presidente de la empresarial Confederación de la Producción y el Comercio, Alfredo Ovalle, que reconoció haberse cambiado al Fondo E al inicio de la crisis, no ha perdido nada. Al mismo tiempo, 1,3 millones de afiliados que le hicieron caso a las recomendaciones de los amigos del señor Ovalle que dirigen las AFP y se quedaron en el Fondo A, y otros 3,6 millones que siguen en el Fondo B, han perdido un tercio y un cuarto de sus ahorros, respectivamente”, agrega Manuel Riesco.

“Las autoridades siguen como si no pasara nada, recomendando no cambiarse. Fueron advertidos de esta grave situación por CENDA en cartas enviadas el 29 de agosto de 2007, luego reiterada el 12 de noviembre de ese año. Ninguna de ellas fue siquiera respondida. Solamente el 12 de agosto de 2008, el diputado Sergio Aguiló, presidente de la Comisión de Trabajo, citó a una reunión especial para escuchar a CENDA”, dice Riesco.

Hasta octubre de 2008 los trabajadores ya han perdido en promedio el equivalente a siete años de cotizaciones. Los dueños de las AFP siguen ganando dinero a destajo gracias al sistema que impuso la dictadura militar de Pinochet, y que la Concertación sólo se ha consagrado a perfeccionar.

“Se trata de una situación escandalosa, y de gravísimas consecuencias para los trabajadores cuyas perspectivas de jubilación son más cercanas -afirma Raúl de la Puente, presidente de la Agrupación Nacional de Empleadores Fiscales (ANEF)-. Incluso en perspectivas de mediano y largo plazo, la recuperación de esta situación requeriría de tasas de ganancias de los fondos previsionales que dupliquen las de las pérdidas producidas. Resulta incomprensible que las autoridades del país no asuman medidas inmediatas ante las multimillonarias pérdidas previsionales, mientras se disponen 1.000 millones de dólares para ‘inyectar liquidez’ discrecionalmente en algunos bancos del país. Las medidas para enfrentar la crisis financiera deben poner en el centro a las mayorías del país, y no la continuidad de las abusivas utilidades de los grupos económicos. Frente a esta realidad, resulta aún más insólito que la Ley 20.255 de Reforma Provisional haya eximido a las AFP del pago del IVA, lo que sin duda incrementará sus ya abusivas utilidades. En este escenario, mientras las propias autoridades ‘recomiendan’ postergar la jubilación, miles de funcionarios públicos se verán obligados a asumir estas pérdidas, ante los plazos fijados por las leyes de Incentivo al Retiro, que fueron dictadas como paliativo por la Deuda Previsional que el Estado mantenía. Es urgente que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley que amplíe los plazos establecidos para impetrar estos beneficios conquistados por nuestras organizaciones”, concluye De la Puente.