Quiero manifestar el acuerdo con situar
el trabajo decente, como hace el informe
del director general, como objetivo
principal de una globalización justa.
El mercado global necesita normas. Las
reglas que rigen los intercambios
comerciales de bienes y servicios tienen
que tener su corolario laboral. El
diálogo comercial, los acuerdos
bilaterales y multilaterales, tienen que
tener su correlato en el diálogo social
internacional.
No es aceptable el hecho de que haya una
abundancia de normas que protegen los
derechos económicos -inversiones,
propiedad intelectual, etc.-, mientras
que los derechos de los trabajadores no
se protegen con normas que tengan un
grado de exigibilidad equivalente. El
escaso papel que en las negociaciones de
la Ronda de Doha de la Organización
Mundial del Comercio tienen los Derechos
y Principios Fundamentales del Trabajo,
proclamados por la OIT en 1998, así como
el concepto de trabajo decente o el
impacto de la liberalización comercial
en el empleo, es el ejemplo más claro de
esta contradicción. La OIT debiera
reforzar sus funciones en el gobierno de
los procesos de la globalización, de
acuerdo con las propuestas incluidas en
el Informe de la Comisión Sobre la
Dimensión Social de la Globalización,
cuya vigencia es plena, incluso después
de las insuficientes reformas
recientemente introducidas en el
funcionamiento de Naciones Unidas.
Si comercio justo y desarrollo
sostenible son pilares del nuevo orden
económico mundial que hay que construir,
democracia y derechos humanos, incluidos
los laborales y sindicales, tienen que
ser siempre los fundamentos de un nuevo
orden político mundial. La salud y la
seguridad en el trabajo, que afectan a
un derecho fundamental como es el
derecho a la vida, deben encontrar en
esta Conferencia una regulación
armonizada y avanzada.
En relación a los debates en la Comisión
sobre la "relación de trabajo", nos
preocupa que muchos gobiernos y
empleadores pretendan excluir del ámbito
de la relación de trabajo los servicios
comerciales cuando en el Informe del
Director General, que sin duda
aprobaremos, la relación de trabajo se
define en su sentido más amplio. En
España ha continuado el desarrollo de la
Agenda de diálogo social tripartito
suscrita en julio del 2004 por las
organizaciones sindicales y patronales
representativas y el Gobierno.
Como consecuencia de las negociaciones
se han suscrito en este período cuatro
acuerdos sobre: formación continua de
los trabajadores, ley de protección a
las personas dependientes y reformas de
determinados aspectos de la legislación
laboral y del sistema público de
pensiones. También se ha participado en
la elaboración de la ley sobre igualdad
de trato entre hombres y mujeres. Por su
trascendencia habría que destacar la ley
que establece el derecho subjetivo de
todas las personas dependientes a
recibir la atención requerida mediante
el concierto entre la Seguridad Social
del Estado, las administraciones
regionales y locales y las familias.
El acuerdo de reforma laboral establece
distintas medidas tendentes a reducir la
contratación temporal, que en España
afecta a un tercio de los empleos,
fomentando la contratación indefinida, y
a mejorar algunos aspectos de la
protección por desempleo. Los
instrumentos son la incentivación
económica a los empresarios, incluida la
reducción de las cotizaciones sociales a
quienes contraten indefinidamente, y
diversas medidas -legales y de
inspección laboral- para combatir el
fraude y los abusos en la contratación
temporal y en las cadenas de
subcontratación.
Los cambios en el sistema público de
pensiones, de alcance más limitado,
tienen como objetivo más destacado la
convergencia de los regímenes de los
asalariados del campo y de los empleados
de hogar con el régimen general de la
seguridad social, de acuerdo con las
orientaciones del Pacto de Toledo que
desde hace más de 10 años orienta las
reformas en este campo.
El contenido de la reforma laboral no
colma las demandas de los trabajadores
en un mercado de trabajo que ha conocido
un fuerte aumento del empleo en la
última década, pero de un empleo de baja
calidad. Sin embargo, el hecho de que
sea fruto de la negociación y el acuerdo
de los interlocutores sociales, y no de
la imposición gubernamental, supone un
valor añadido que coadyuva al
crecimiento económico y al mejor
cumplimiento de los acuerdos adoptados.
En la pasada Conferencia los delegados
españoles informaron del acuerdo
tripartito por el que se regularizaron
unos 600.000 trabajadores inmigrantes.
Los resultados del acuerdo han sido
positivos en términos económicos,
sociales y laborales. Pero no podemos
dejar de mencionar que los problemas
subsisten. La inmigración no legal ha
continuado y puede sumar hoy cerca de un
millón de personas, buena parte de los
cuales trabajan en la economía informal.
El tráfico de personas se ha ido
desplazando de las aguas del Estrecho de
Gibraltar a las rutas que van del
occidente africano a las islas Canarias.
Miles de personas han utilizados estas
rutas en las últimas semanas a bordo de
barcazas y decenas de ellas han perdido
la vida en el camino. Es la vertiente
más trágica del fenómeno emigratorio,
que nos mueve inmediatamente a la
solidaridad, pero no la más importante
en términos cuantitativos.
Los inmigrantes nos han proporcionado
sobre todo la riqueza creada por su
trabajo. Pero la mayoría de la sociedad
española es consciente de que la
inmigración, que ha hecho ascender en
una década del 2% al 10% la población de
origen extranjero, no puede seguir
aumentando a este ritmo sin crear graves
desequilibrios económicos y sociales.
El conjunto del movimiento sindical
español considera necesaria una acción
nacional y supranacional concertada, que
implique compromisos firmes de los
gobiernos y las organizaciones
internacionales para: garantizar la
igualdad de derechos de los trabajadores
inmigrantes y su integración en las
sociedades de acogida; promover el
desarrollo de los países de origen, a
través de la cooperación internacional,
reglas justas para el comercio y
solución al problema de la deuda
externa; y regular a través de acuerdos
internacionales los flujos emigratorios,
al mismo tiempo que se combate a las
organizaciones criminales que trafican
con personas.
