Después del baño de sangre que acabó
expulsando en 2004 al presidente
Jean-Bertrand Aristide, el silencio
ha ocultado el horror. Eduardo
Galeano denuncia esa realidad: “Nada
tiene de nuevo el ninguneo de Haití
–ha dicho– un pueblo que desde hace dos
siglos sufre desprecio y castigo. Luego
de páginas dramáticas, crímenes, golpes
de Estado, asesinatos, Haití
–indica Galeano, voz de la
realidad de nuestra América– pasa a ser
invisible. Y deja de ser percibido hasta
la siguiente carnicería”.
El último y espectacular capítulo del
drama de Haití comenzó –como está
probado– con un golpe de Estado
promovido por Estados Unidos que
destituyó al gobernante electo en
ejercicio. Y a esa intervención
exterior, absolutamente ajena a las
normas del derecho internacional, siguió
la exitosa maniobra de los invasores
buscando legitimar la violación de la
soberanía con una resolución del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas para que
el “trabajo” complementario quedase a
cargo de tropas de diversos países.
Sintomáticamente, entre esas fuerzas no
hay soldados de la comunidad del Caribe,
integrada por países que conocen de
cerca esa realidad y que solicitaron,
además, una investigación por Naciones
Unidas que no se llevó a cabo. Numerosos
testimonios que atraviesan las hendijas
del silencio de las agencias de
información han permitido saber que las
operaciones en Haití tenían el
efecto de “proteger los intereses de
Estados Unidos en el Caribe”, según
explicó el general James T. Hill,
jefe del Comando Sur del Pentágono ante
la Cámara de Representantes de su país.
Jorge Rivas,
diputado socialista argentino, ha
denunciado cómo el golpe se gestó y
potenció por acción de Estados Unidos.
“Su génesis –señaló– han sido las
reformas neoliberales que Washington
impuso en Haití desde 1994 en una
doble oleada y que aumentaron la venta
de las empresas ensambladoras
estadounidenses, favorecieron a los
acreedores externos y profundizaron la
ancestral miseria en la que vive la
inmensa mayoría de los haitianos, al
tiempo que impidieron al gobierno de
Jean-Bertrand Aristide concretar sus
tibios propósitos redistribucionistas”.
Una vez debilitado el gobierno en su
acción, desarrolló su labor una
oposición con respaldo político y
financiero del Instituto Republicano
Internacional, un sector del partido del
presidente George W.Bush que
apoya a los contrarios a gobiernos de
América Latina que actúan al margen de
la voluntad de la Casa Blanca. Para
justificar la intervención, Naciones
Unidas, con el apoyo de los gobiernos
que han enviado tropas, habló de “la
dimisión de Aristide”. ¿Alguien
duda hoy de que esa renuncia no existió?
Los testimonios que reconocen los hechos
tal cual fueron son numerosos y los hay
provenientes del propio país
interventor. Ya en febrero de 2006
Maxime Waters, diputada demócrata
por California, envió una carta a la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos apoyando las denuncias sobre el
rol cumplido por la administración
Bush en el golpe. “Hace dos años
–indicó– nuestro gobierno participó en
un golpe de Estado en Haití. El
presidente democráticamente electo,
Jean-Bertrand Aristide, fue forzado
a abandonar Haití en un cambio de
régimen apoyado por Estados Unidos”.
Aristide
vive en Sudáfrica, también
rodeado del silencio de los grandes
medios de comunicación. ¿No será el suyo
un testimonio esencial para una
investigación de los hechos?
En los países que han enviado tropas a
Haití no se informa, por lo
general, cuál es la actuación de las
mismas.
En noviembre de 2006 una declaración de
la Asociación Americana de Juristas,
organismo no gubernamental con estatus
consultivo en el Consejo Económico y
Social de Naciones Unidas, denunció la
incompetencia de la Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (MINUSTAH, por sus
siglas en inglés) reclamando el cese de
sus acciones represivas. Esta alarma
fue, también, seguida de silencio.
Hacia fin de 2006, casi con las campanas
de Noche Buena de la cristiandad, en
Haití se registró una nueva masacre.
A las tres de la madrugada del viernes
22 de diciembre,
400 soldados asaltaron con vehículos
blindados Cité Soleil. El ataque con
armas pesadas duró todo el día.
Observadores de una organización de
derechos humanos aportaron testimonios
sobre los muertos. Se supo, por ejemplo,
que una mujer embarazada de seis meses
recibió un balazo en el estómago que
mató a su niño. Que un hombre y su hijo
de 8 años fueron heridos a balazos en
sus camas mientras dormían, por un
helicóptero que disparó contra las
precarias viviendas de la zona. Otro
hombre, del que trascendió su apellido –Olivier–
también murió alcanzado por balas que
atravesaron las paredes de su casa. Dejó
a su esposa y a un niño de tres años.
Los militares intentaron justificar la
acción alegando que las bandas
criminales utilizan esa zona –Cité
Soleil– para retener a secuestrados.
Rose Martel, un residente del lugar
replicó: “No creo que hayan matado a
ningún criminal, salvo que nos
consideren criminales a todos”. La
agencia haitiana de prensa indicó que
las víctimas fueron personas inocentes
cuyo único crimen fue vivir en el
vecindario. Pierre Alexis,
coordinador de la Cruz Roja Haitiana,
reveló que soldados de la ONU
“impidieron la entrada de vehículos de
la Cruz Roja para asistir a niños
heridos”. Lovinski Pierre Antoine,
activista de derechos humanos, afirma
que “la acción de las fuerzas de la ONU
es una expresión de la continuidad del
golpe de Estado de 2004”.
Todos los días en Cité Soleil los
soldados asesinan pobres a causa de
nada. Este hecho fue confirmado en voces
de integrantes de la propia tropa. A
comienzo de 2006, por ejemplo, el diario
Folha de Sao Paulo recogió el
testimonio de soldados brasileños que
participaron en la misión desde
diciembre de 2004 a junio de 2005 y
aportaron numerosas fotografías y
videos. “El nombre ‘Misión de Paz’ es
para tranquilizar a la gente”, declaró
uno de los soldados que agregó: “En
verdad, no hay un día en el que las
tropas no maten a un haitiano en un
tiroteo. Yo mismo maté al menos dos”. Y
algunas de las fotografías muestran
cadáveres abandonados en las calles de
Cité Soleil y a perros devorando cuerpos
de los muertos.
Una misión integrada por haitianos y
personalidades como el argentino
Adolfo Pérez Esquivel ha reclamado
el cese de la intervención. Camile
Chalmers, profesor de economía de la
Universidad de Haití, afirma que
“Desde el punto de vista de la seguridad
estamos peor que antes de la
intervención militar”. La MINUSTAH
gasta 25 millones de dólares todos los
meses, cifra que para la situación que
vive el pueblo haitiano podría
destinarse a muchas otras cosas.
Integrantes de esa misión han denunciado
que en la práctica la acción de la
MINUSTAH respalda a los escuadrones
de la muerte.
Todos estos hechos, ¿no deberían motivar
una investigación? ¿No despiertan el
interés de quienes creyeron en la acción
pacificadora de Naciones Unidas? ¿No es
el momento de pensar en una amplia
política de apoyo económico, tecnológico
y social que abra caminos para que el
propio pueblo haitiano pase a
estabilizarse y decidir por sí su
futuro? Los legisladores que en diversos
Parlamentos de América Latina creyeron
en las posibilidades de la paz por el
fuego, ¿no debieran apoyar una
investigación de los hechos? ¿Hasta
cuándo el dolor del pueblo haitiano
continuará cercado de silencio?
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En Montevideo, Guillermo Chifflet
© Rel-UITA
4 de abril de 2007
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