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Según
datos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)
serían 17 las personas fallecidas a raíz de la violencia desatada por las
fuerzas represivas después del 28 de junio. Centenares los heridos y casi cien
los ciudadanos y ciudadanas que sufren la acusación de sedición por haber
defendido el orden constitucional quebrantado por el golpe de Estado.
Mientras el
gobierno de facto sigue hablando de diálogo y sostiene un decreto que anuló las
libertades individuales y colectivas, el suelo hondureño se empapa nuevamente de
la sangre de sus mártires.
Después de la
muerte el pasado 26 de septiembre de Wendy Elizabeth Ávila, de 24 años,
afectada por los gases lacrimógenos lanzados por la Policía en el desalojo
frente a la Embajada de Brasil, el pasado viernes 2 el profesor Mario
Fidel Contreras Moncada, de 50 años, miembro activo de la Resistencia y
afiliado al Colegio de
Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH),
fue asesinado a pocos metros de su casa con dos disparos en su rostro por dos
personas en una moto sin placa.
“Ya son cinco los docentes que fueron asesinados desde que se
dio el golpe de Estado, y ésto nos da mucha frustración", dijo a Sirel el
delegado del COPEMH, Oscar Recarte.
"No podemos enterrar un profesor cada semana debido a que el
magisterio ha sido parte fundamental en esta lucha contra el golpe. Se nos han
coartado las garantías constitucionales, se nos está asesinando, y por eso nos
preguntamos ¿hasta cuándo podemos aguantar todo eso?.
Los pueblos del mundo deben tomar en cuenta lo que está
ocurriendo y nosotros no vamos a seguir aceptando ver a nuestros compañeros ser
asesinados”, concluyó Recarte.
Casi al mismo
tiempo, en la aldea de
Canculuncos, departamento de Santa Bárbara, el dirigente campesino lenca y
miembro de la Resistencia, Antonio Leiva, era secuestrado y
posteriormente cruelmente asesinado por desconocidos.
El sábado 3 fallecía también Olga Osiris Uclés, de 35
años, madre de cuatro hijos, miembro activo de la Resistencia y trabajadora de
la Secretaría de Salud, quien el 30 de septiembre fue afectada por los gases
lacrimógenos lanzados por la Policía para dispersar la manifestación pacifica
frente a la clausurada Radio Globo.
Persecución,
represión y criminalización de la resistencia
Según una investigación realizada por el COFADEH
serían 96 las personas acusadas ante los tribunales por el presunto delito de
sedición contra la seguridad del Estado, como nueva medida para aterrorizar a
los miembros de la Resistencia contra el golpe de Estado.
Los detenidos que se han declarado prisioneros políticos son
actualmente 45.
Entre ellos destacan los casos de Agustina Flores López,
hermana de la directiva del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (COPINH) y del Frente Nacional Contra el Golpe
de Estado, Bertha Cáceres, y de los 38 campesinos que protagonizaron
la toma del Instituto Nacional Agrario (INA) y que desde el pasado 1 de
octubre se declararon en huelga de hambre.
“Los 38 miembros de las tres confederaciones campesinas están
actualmente detenidos en el Centro de Diagnóstico de la Penitenciaría Nacional,
esperando que el próximo martes 6 inicie la audiencia preliminar en la que el
juez decidirá si se les dan medidas cautelares o si van a permanecer en la
cárcel –dijo Bertha Oliva, presidenta del COFADEH–.
Estamos preocupados por su intención de seguir con la huelga
de hambre porque ya se les habían detectado varias enfermedades, y por eso cada
día un equipo de médicos voluntarios está monitoreando su estado de salud”.
Ante esta brutal represión, el COFADEH dio a conocer un
documento de posicionamiento en el que exige a la Corte Suprema y el Ministerio
Público dejar de "darle la espalda a la justicia y que respondan por más de 15
recursos presentados ante la Sala de lo Constitucional por la serie de
violaciones a los derechos humanos cometidos por el actual régimen”.
Condena también “la aplicación del decreto ejecutivo PCM-M-016-2009
con el que se suspenden por 45 días las garantías constitucionales en detrimento
de la integridad del pueblo hondureño”, el cierre de Radio Globo y
Canal 36 en
violación al derecho a estar informados y los asesinatos perpetrados por los
cuerpos represores del gobierno de facto.
Finalmente, el COFADEH manifiesta
que “ninguna de estas muertes pasará al olvido, ni sus autores se cobijarán por
mucho tiempo bajo el manto de la impunidad”.
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