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A las 6
de la noche de ayer, 11 de febrero,
cuatro hombres vestidos de negro
penetraron por la fuerza en la casa de
Porfirio Ponce, vicepresidente del
Sindicato de Trabajadores de la
Industria de la Bebida y Similares (STIBYS),
organización afiliada a la UITA, y
miembro activo de la Resistencia.
Después de haber registrado todos los
cuartos se llevaron una computadora que
contiene informaciones muy valiosas
sobre las actividades del sindicato y
del Frente Nacional de Resistencia
Popular (FNRP).
Contactado vía telefónica, el vicepresidente del STIBYS
manifestó a Sirel que “Estas
personas penetraron en mi casa rompiendo
las celosías, una ventana y una puerta,
y sin mostrar ningún temor ante los
vecinos que estaban observando y que me
informaron de inmediato.
Registraron todos los cuartos y se llevaron solamente una
computadora donde guardaba mucha
información. Por la manera en que
actuaron –continuó Ponce– no me
cabe la menor duda de que se trata de
una acción de amenaza perpetrada por
miembros de los cuerpos represivos del
Estado.
Pese a que sabían perfectamente que los vecinos ya habían
llamado a la Policía, salieron
tranquilamente por la puerta, sin
ninguna prisa y llevándose solamente la
computadora”.
El presidente del STIBYS, Carlos H. Reyes, se comunicó con
el viceministro de Seguridad, Armando
Calidonio, para denunciar este acto
de persecución política en contra de
activistas y dirigentes de la
Resistencia.
“Denunciamos ante la nación y la comunidad internacional este
hecho de hostigamiento y vamos a
redoblar las medidas de seguridad, sin
por eso renunciar a la lucha”, concluyó
Porfirio Ponce.
Sigue la
represión
Lo que le ocurrió al vicepresidente del STIBYS es sólo
uno de los tantos episodios de represión
sistemática y violación a los derechos
humanos ocurridos durante estas primeras
semanas del gobierno de Porfirio Lobo
Sosa.
El pasado 2 de febrero fueron secuestrados
Manuel
de Jesús Murillo
y Ricardo Vázquez Vázquez,
dos camarógrafos que laboraron en Casa
Presidencial durante el gobierno de
Manuel Zelaya y que
participaron activamente en las marchas
de la Resistencia.
Dos hombres vestidos de civil, con armas 9 milímetros y
chapas de la Secretaría de Seguridad,
los encañonaron y los llevaron a una
casa donde fueron interrogados y
brutalmente torturados.
El día 3 de febrero fue encontrado el cuerpo sin vida de Vanessa
Yaneth Zepeda Alonso, de
29 años, militante activa del FNRP y
del Sindicato de Trabajadores del
Instituto Hondureño de Seguridad Social
(SITRAIHSS).
Según varios testigos, la joven fue lanzada ya sin vida desde
un vehículo, después de haber
desaparecido un día antes.
Zepeda
había denunciado constantes amenazas a
través de mensajes escritos y
persecución administrativa a través de
audiencias de descargo en el Seguro
Social.
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