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El pasado 30 de
septiembre un operativo de la Policía y el Ejército desalojó a las 55 personas
que en aquel momento se encontraban resguardando las instalaciones del Instituto
Nacional Agrario (INA) en Tegucigalpa. Esta institución había sido tomada en
protesta contra el golpe de Estado, por diferentes organizaciones campesinas con
el respaldo solidario del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional
Agrario (SITRAINA), organización afiliada a la UITA. Ahora, esta acción de
defensa de la legalidad está siendo criminalizada por el poder judicial del
país.
“Inhumano” es el término más
adecuado para describir las condiciones en que se encontraban las 38 personas
pertenecientes a las tres principales confederaciones campesinas del país (COCOCH,
CHMC y CNC), al estar encerradas por 48 horas en una pequeña celda
de 15 m² en la Jefatura Metropolitana de Policía Número 1, más conocida como
Comandancia Regional 7 (CORE-7) de Tegucigalpa.
Sirel tuvo
acceso en exclusiva a la instalación policial gracias a las gestiones del Comité
de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y pudo
conversar con los detenidos antes de que fueran trasladados en la Penitenciaría
Nacional (PN), ubicada en Támara.
“Estamos siendo acusados
injustamente por un delito, el de “sedición”, que no hemos cometido y por eso
nos declaramos prisioneros políticos. A partir del mediodía de ayer, 1 de
octubre, hemos iniciado una huelga de hambre indefinida, ingiriendo solamente
líquidos. Tal vez de esta forma se nos va a hacer justicia –dijo Ramón
Adalberto Díaz, uno de los 38 detenidos que fue escogido como vocero del
grupo–.
Estamos viviendo en condiciones
inhumanas, hacinados y en plena oscuridad. No tenemos energía eléctrica, hay
solamente dos inodoros y estamos durmiendo en el piso. Tenemos 48 horas de no
poder bañarnos y el calor es sofocante.
Hoy nos visitó la Cruz Roja
Internacional –continuó Díaz– y le entregamos una petición para que
solicite al jefe de la Estación de Policía que de alguna manera nos permita
bañarnos”.
El aire filtra solamente a
través de una pequeña ventana y dos hoyos abiertos manualmente en el cielorraso
de concreto. La puerta principal de la celda, cuyas rejas fueron recientemente
pintadas, emanan un desagradable olor a solvente,
“En la primera audiencia el
juez no actuó con imparcialidad. Nos está negando la libertad condicional y nos
obliga a quedarnos detenidos por seis días esperando la audiencia preliminar.
Ya nos hemos organizado.
Conformamos diferentes comités, como el de Disciplina, Alimento, Salud y Prensa.
Nombramos también un coordinador general, el compañero Leonel Cruz Padilla.
Nuestra resistencia va a ser
histórica –concluyó Ramón Adalberto Díaz– y pedimos al mundo que nos
ayude a través de la solidaridad, dando a conocer lo que nos está pasando y
presionando para se nos haga justicia”.
En su proclama, los privados de
libertad pidieron que se respete su integridad física, que se cumpla con el
Decreto 18/2008, que se devuelva el orden constitucional en el país y que se les
garantice un juicio justo y apegado a derecho.
Pocas horas antes de ser
trasladados a la Penitenciaria Nacional de Támara, decisión que fue tomada a
raíz de la demanda del subcomisionado Flores, quien consideraba
inadecuadas la estructura del CORE-7 para albergar a un grupo tan grande
de personas, los detenidos pidieron poder ser visitados por un médico, ya que
muchos de ellos padecían de diferentes enfermedades.
En el caso de las restantes 17
personas que fueron detenidas en las instalaciones del INA, a 13 de ellas
–seis mujeres, dos menores de edad y cinco mayores de edad– se le otorgó
libertad condicional quedando bajo la protección del COFADEH, mientras
que a los cuatro trabajadores afiliados al SITRAINA se les concedió un
auto de libertad.
Luis Santos Madrid, secretario general del SITRAINA, informó que ya se activaron
para garantizar que no se tomen medidas represivas contra sus afiliados.
Represión
judicial
En el marco de contrarrestar
esta nueva estrategia para descabezar la Resistencia y sembrar el terror entre
los manifestantes que desde hace 96 días siguen en la lucha, el COFADEH y
el Frente de Abogados contra el golpe de Estado anunciaron que apelarán la
resolución de la jueza Laura Castro contra la maestra Agustina Flores
López, hermana de la directiva del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y miembro de la conducción
colegiada del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado, Bertha
Cáceres.
En un comunicado difundido
ayer, 1 de octubre, los abogados denunciaron “una serie de irregularidades en el
proceso que implicó la privación de libertad por el delito de sedición” e
informaron que “apelarán el auto de prisión y solicitarán una revisión de las
medidas aplicadas a la profesora, que se convierte en una presa política del
actual gobierno de facto de Roberto Micheletti”.
La Resistencia
de solidariza con los presos políticos
Durante su día 96 de lucha, el
Frente Nacional Contra el Golpe de Estado se solidarizó con los presos
políticos del INA.
Esta vez el lugar de
concentración debía ser frente a las instalaciones del Canal 36, clausurado en
los días pasados por el gobierno de facto. Sin embargo, un impresionante
dispositivo policial impidió la movilización de los manifestantes hacia el
lugar.
Caminando hasta la embajada de
Estados Unidos, centenares de personas volvieron a desafiar el Decreto
Ejecutivo que cercena las libertades individuales y colectivas de los
hondureños, y enseñaron pancartas y mantas pidiendo la inmediata liberación de
los campesinos injustamente presos.
Pese al despliegue militar, los
manifestantes marcharon hacia la CORE-7 coreando consignas para animar a
los detenidos y terminaron su actividad en el Parque Central.
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