Ante las presiones internacionales y de amplios
sectores de la política y economía nacional, y la llegada en los próximos días
de la misión de Cancilleres de la OEA, el presidente de facto, Roberto
Micheletti, decidió derogar el vergonzoso Decreto Ejecutivo que por más de diez
días suspendió los principales derechos constitucionales de la población
hondureña.
Esta decisión, junto a algunas declaraciones en las que
Micheletti dejó entrever la posibilidad de una restitución, aunque muy
condicionada, del presidente Manuel Zelaya, viene en parte a
confirmar lo que desde hace algunos días se percibe como el inicio de un
diálogo, que podría llevar en breve a una solución negociada de la crisis
generada por el golpe de Estado.
Fuertemente criticado en los días pasados por sectores
económicos y políticos del país, incluyendo a la casi totalidad de los Poderes
del Estado y los partidos tradicionales, el presidente de facto parece ahora
buscar una salida negociada que le asegure no quedar como chivo expiatorio de
esta triste y peligrosa historia.
Durante su intervención en un programa de
televisión, abiertamente afín al gobierno de facto, sorpresivamente Micheletti
ha declarado que la decisión de expulsar al presidente Manuel Zelaya
fue un error y que la culpa de esta medida fue del Ejército.
En una conferencia de prensa brindada pocas horas después,
Roberto Micheletti volvió a plantear ese mismo tema, agregando que los
responsables serán castigados.
Este elemento de novedad en las relaciones entre el presidente de facto y las Fuerzas Armadas vendría a confirmar lo que desde hace
días se venía percibiendo como un distanciamiento entre las dos partes, y un
acercamiento de los militares hacia posiciones más abiertas con respecto a la
restitución del presidente Manuel Zelaya.
Zelaya listo
para negociar
El domingo pasado, el presidente constitu-cional,
Manuel Zelaya Rosales había nuevamente instado al gobierno de facto a
prepararse para iniciar un diálogo formal, poniendo como
condiciones la disponibilidad a firmar el Acuerdo de San José, derogar de
inmediato el Decreto Ejecutivo, terminar con la represión en el país y la
militarización de la zona donde se encuentra la embajada de Brasil y
restituir el derecho a transmitir a Radio Globo y Canal 36.
Zelaya,
por su parte, había garantizado que durante lo que falta para terminar su
mandato –enero de 2010– no impulsará la conformación de una Asamblea
Constituyente, dejando esta importante tarea a la población como poder soberano
en el país.
La Resistencia
sigue con sus planteamientos
Por su lado, el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado
celebró sus 100 días de resistencia pacífica con una nueva manifestación
frente a la Embajada de Estados Unidos, para después marchar hacia el
Parque Central coreando consignas al momento de pasar en las cercanías de la
Embajada de Brasil.
Durante la
actividad, que por primera vez desde que se decretó la suspensión de los
derechos constitucionales no fue reprimida por las fuerzas policiales, miembros
de la conducción colegiada de la Resistencia dieron lectura a un comunicado, en
el que afirmaron considerar el diálogo como “un medio adecuado para solventar
diferencias”, coincidiendo con el presidente Zelaya en condicionarlo a
una serie de medidas que acaben con las constantes violaciones contra el pueblo
hondureño.
El
Frente Nacional Contra el Golpe de
Estado pidió también la salida del poder de la dictadura militar-civil, la
restitución del presidente Manuel Zelaya a su cargo sin
condiciones, de forma inmediata y segura, la definición de mecanismos para la
convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente democrática, incluyente y
participativa.
Llamó
además a todos los Frentes locales, municipales, departamentales y regionales “a
profundizar la lucha por estas demandas con movilizaciones y actividades en todo
el país”.
Aunque no
está dispuesto a aceptar el Acuerdo de San José, el Frente
Nacional Contra el Golpe de Estado se
declaró afin a participar en el proceso de negociación para plantear su
agenda, reconociendo que el golpe de Estado, y este proceso de diálogo que está
empezando, dejará una Honduras muy diferente a la de antes del 28 de
junio, devolviendo al mismo tiempo a Estados Unidos un papel
protagónico en la región.
“Es
evidente que Estados Unidos ha estado detrás del golpe, y lo que pretende con
este protagonismo en la búsqueda de una salida negociada al conflicto -con la
que se trata de detener el proceso de unidad de centro y sudamerica- es volver a
reposicionarse en la región y ésto debe ser un elemento de mucha preocupación
para los gobiernos progresistas –dijo Salvador Zúniga, directivo
del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)–.
Un diálogo
que lleve a la firma del Acuerdo de San José sería un gran retroceso desde el
punto de vista político para el país. Los poderes fácticos –continuó Zúniga–
se estarían institucionalizando y estarían dando un mensaje de que al final
ellos son los que se van a imponer, impidiendo cualquier tipo de aspiración de
cambio.
Sin
embargo, el golpe ha originado un gran movimiento que ha luchado y seguirá
luchando, con deseo y voluntad de una transformación estructural. Por eso va a
ser fundamental seguir construyendo este sujeto social fuerte que apunte a la
emancipación del país, y a lograr una reforma profunda de su Constitución a
través de una Asamblea Constituyente”, concluyó el dirigente del COPINH.
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