Condena rotunda de la FIP y de la FEPALC ante el asesinato de un periodista en Honduras

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) suma su voz a la de su organización regional, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) para condenar enérgicamente el asesinato del periodista Gabriel Fino Noriega, quien fue asesinado el pasado día 3 cuando salía de uno de los medios para los que trabajaba.

Fino Noriega colaboraba con distintas emisoras, como Radio América, de Tegucigalpa, una de las más importantes cadenas radiales, y además trabajaba en diversos medios locales de la región atlántica de Honduras. La semana anterior ya había sido objeto de un ataque cuando salía de Radio Estelar.

“Las autoridades de hecho tienen la responsabilidad de llevar a cabo una investigación seria, rápida y profunda”, ha dicho Gregorio Salazar, Director de la Oficina Regional de la FIP en Caracas, “con independencia de que este asesinato pueda estar más relacionado con el trabajo diario del periodista y con sus denuncias de tráficos ilícitos y no ─como parece menos probable─ con el contexto de tensión que vive Honduras”.

En medio de dichas tensiones políticas, que tienen lugar en Honduras tras el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, siguen produciéndose ataques contra medios de comunicación y periodistas. Algunas informaciones se refieren al ametrallamiento de Radio Sonaguera, ubicada en el municipio de La Ceiba, departamento de Colón. Otros medios seguirían bajo vigilancia o militarizados.

En un comunicado de la FEPALC, se “expresa una profunda preocupación por lo que viene ocurriendo con los medios y los periodistas de dicho país, por lo que demanda respetar el derecho a la vida y condenar en todos los foros el cierre de medios de comunicación y la censura a periodistas”.

La FIP recuerda que Fino Noriega es el tercer periodista asesinado en Honduras en lo que va de año.

En Montevideo, Luis Curbelo

Asociación de la Prensa Uruguaya (APU)

Desde el primer día del golpe de Estado cívico-militar, la política mediática del gobierno de facto hondureño apunta a dar una imagen de normalidad. Para ese gobierno, las marchas y protestas masivas son la expresión de “cuatro locos” que no quieren aceptar la nueva realidad.

La maniobra normalizadora, de la que parece formar parte el proceso de mediación que se lleva a cabo en Costa Rica bajo las alas del Departamento de Estado de los EE.UU, y la retirada de los medios podrían desembocar en una fuerte represión contra las organizaciones populares, que siguen pidiendo la restitución del orden democrático.

Después de las condenas internacionales, de la gran expectativa por el intento del presidente José Manuel Zelaya de regresar al país y del fallido proceso de mediación en Costa Rica, los principales medios de comunicación internacionales han abandonado el país. Los teléfonos ya no repican como antes y en las agencias internacionales las noticias sobre Honduras ya se han reducido a unas pocas líneas.

Las continuas movilizaciones de las organizaciones sociales, populares y sindicales ya no son noticia, y para los medios internacionales que siguen en el país la situación se ha vuelto muy peligrosa.

En la madrugada de ayer, los equipos periodísticos de TeleSur y del canal Venezolana de Televisión (VTV)  fueron primero arrestados y después obligados a permanecer en el hotel, sin poder ejercer su derecho a cubrir los acontecimientos del día de hoy. Además, denunciaron que los agentes de policía trataron de atemorizarlos diciéndoles que se fueran directo al aeropuerto “porque aquí no hay nada que decir, no hay nada que informar”.

Ante las movilizaciones masivas que siguen impulsando las organizaciones populares, como las que se desarrollaron durante este fin de semana en conmemoración del asesinato del joven Isis Obed Murillo y en el parque central de Tegucigalpa, y la caída de interés por parte de los medios internacionales, los dirigentes del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado advirtieron del peligro de una oleada represiva.

En la noche del sábado 11 de julio el activista del Bloque Popular y ex dirigente sindical del sector textil y de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH), Roger Bados, fue asesinado por desconocidos frente a su casa en San Pedro Sula, en el norte del país. El temor que se vive en estas horas es que ese homicidio podría ser el inicio de un plan asesino en contra de los cuadros intermedios, para generar terror en la población.

Ante esta coyuntura, en la que la comunidad internacional parece no querer pasar del discurso a los hechos concretos, enfrascada en darle seguimiento a un proceso de mediación que no tiene futuro, y que está visiblemente interferido por la ambigüedad del gobierno estadounidense, Sirel dialogó con Carlos H. Reyes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) y miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la UITA.

-Han sido 15 días de resistencia y lucha. Días muy difíciles donde el pueblo supo responder al golpe de Estado y a la represión. ¿Cómo evalúas este esfuerzo?

-La lucha política del movimiento popular ha tenido cambios cualitativos muy importantes. Si no hubiese existido una Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, que ha sido la columna vertebral de todo este movimiento de oposición al golpe, no hubiese sido posible impulsar estas acciones de lucha y resistencia. Pudimos superar la sorpresa del golpe de Estado y el miedo por la represión desencadenada por este gobierno de facto, impulsar la más grande manifestación de la historia del país, y toda una serie de actividades como tomas de carreteras, movilizaciones, plantones, y también actos políticos y culturales.

-¿Se perfila un incremento de la represión?

-Como consecuencia de que los golpistas sienten que no han podido dominarnos y que hay una enorme resistencia, han comenzado a dar señales de querer subir el nivel de represión en el país. El domingo 5 de julio fue asesinado el joven Isis Obed Murillo en las inmediaciones del aeropuerto, mientras que el sábado pasado asesinaron al ex dirigente sindical de la FUTH y activista del Bloque Popular, Roger Bados, en San Pedro Sula. Supimos también que la policía sacó del hotel al equipo periodístico de TeleSur y al de la televisión venezolana VTV y les ordenó que se fueran de Honduras.

Consideramos que estos hechos son parte de la represión que se está dando en el país, con el propósito de amedrentarnos y que no sigamos en la resistencia.

-¿Qué planes tienen para esta semana?

-Vamos a seguir en la lucha con muchas movilizaciones porque va a ser una semana muy difícil. Fracasó el proceso de mediación en Costa Rica, donde nosotros siempre dijimos que este problema no se va a resolver con esos instrumentos. Esta crisis tiene un cuello de botella que es la doble cara que está teniendo Estados Unidos: por un lado denuncian el golpe y apoyan la resolución de la OEA, y por el otro apoyan a los golpistas. Hay que romper esta situación, por ello una delegación del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado viajó a Estados Unidos para reunirse con varios senadores.

-Hay una clara actitud del gobierno de facto de querer presentar a Honduras como un país en donde no ha ocurrido nada y que todo sigue en tranquilidad ¿La menor presencia de los medios internacionales podría facilitar esta estrategia normalizadora?

-En muchos casos los medios se van porque son intimidados y esto demuestra que está en marcha un propósito de ocultar lo que está pasando y de que efectivamente aquí ha habido un golpe de Estado. El caso de TeleSur es emblemático. Hay que denunciarlo a nivel internacional y sobre esta base, los medios tienen que regresar al país, porque eso indica que la represión va a recrudecer.

-¿Qué perspectivas tienen para poder mantener las movilizaciones en las calles?

-Nosotros seguimos firmes en pedir la restitución de la institucionalidad en el país y el regreso del presidente José Manuel Zelaya. Además de los esfuerzos que está haciendo el Presidente para que los países presionen al gobierno de facto, necesitamos que los compañeros y compañeras de las organizaciones populares centroamericanas impulsen acciones en las fronteras. Pedimos también que las organizaciones latinoamericanas presionen a nuestras embajadas en solidaridad con la lucha que está librando el pueblo hondureño. Aquí vamos a seguir luchando permanentemente.

-La UITA dio prioridad absoluta a lo que ha pasado en Honduras y ratificó su solidaridad con ese proceso de resistencia de las organizaciones populares y sindicales. ¿Cuál es el aporte que podría seguir brindando?

-La presencia de la UITA en todos estos días ha permitido tener al movimiento sindical mundial al tanto de lo que está pasando en Honduras y de la manera más objetiva, informando que la resistencia continúa.

Aquí hay un problema de fondo: en Honduras es un delito defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, es un delito luchar por tener conquistas sociales. Es por eso que apoyamos muchas cosas del gobierno de Zelaya, porque estaba trabajando en ese sentido y en un país de ultra derecha como Honduras eso es un delito y nosotros unos delincuentes. Sin embargo, seguimos trabajando y luchando, y queremos que a través de la UITA se siga llevando este mensaje al mundo.

Estamos frente a una dictadura salvaje y vamos hacia una mayor represión dirigida por militares, los mismos que se mancharon con los peores crímenes en los años 80.