La Federación Internacional de
Periodistas (FIP) suma su voz a la de su organización regional, la
Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) para
condenar enérgicamente el asesinato del periodista
Gabriel Fino Noriega,
quien fue asesinado el pasado día 3 cuando salía de uno de los medios para los
que trabajaba.
Fino Noriega
colaboraba con distintas emisoras, como Radio América, de Tegucigalpa, una de
las más importantes cadenas radiales, y además trabajaba en diversos medios
locales de la región atlántica de Honduras.
La semana anterior ya había sido objeto de un
ataque cuando salía de Radio Estelar.
“Las autoridades de hecho tienen la responsabilidad de llevar
a cabo una investigación seria, rápida y profunda”, ha dicho Gregorio Salazar,
Director de la Oficina Regional de la FIP en Caracas, “con independencia
de que este asesinato pueda estar más relacionado con el trabajo diario del
periodista y con sus denuncias de tráficos ilícitos y no ─como parece menos
probable─ con el contexto de tensión que vive Honduras”.
En medio de dichas tensiones políticas, que tienen lugar en
Honduras tras el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya,
siguen produciéndose ataques contra medios de comunicación y periodistas.
Algunas informaciones se refieren al
ametrallamiento de Radio Sonaguera, ubicada en el municipio de La Ceiba,
departamento de Colón. Otros medios seguirían bajo vigilancia o militarizados.
En un comunicado de la FEPALC, se “expresa una
profunda preocupación por lo que viene ocurriendo con los medios y los
periodistas de dicho país, por lo que demanda respetar el derecho a la vida y
condenar en todos los foros el cierre de medios de comunicación y la censura a
periodistas”.
La
FIP recuerda que Fino Noriega es el tercer periodista asesinado en Honduras en
lo que va de año.
En Montevideo, Luis Curbelo
Asociación de la Prensa Uruguaya (APU)
Fino Noriega
colaboraba con distintas emisoras, como Radio América, de Tegucigalpa, una de
las más importantes cadenas radiales, y además trabajaba en diversos medios
locales de la región atlántica de Honduras.
La semana anterior ya había sido objeto de un
ataque cuando salía de Radio Estelar.
“Las autoridades de hecho tienen la responsabilidad de llevar
a cabo una investigación seria, rápida y profunda”, ha dicho Gregorio Salazar,
Director de la Oficina Regional de la FIP en Caracas, “con independencia de que
este asesinato pueda estar más relacionado con el trabajo diario del periodista
y con sus denuncias de tráficos ilícitos y no ─como parece menos probable─ con
el contexto de tensión que vive Honduras”.
En medio de dichas tensiones políticas, que tienen lugar en
Honduras tras el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, siguen
produciéndose ataques contra medios de comunicación y periodistas.
Algunas informaciones se refieren al
ametrallamiento de Radio Sonaguera, ubicada en el municipio de La Ceiba,
departamento de Colón. Otros medios seguirían bajo vigilancia o militarizados.
En un comunicado de la FEPALC, se “expresa una profunda
preocupación por lo que viene ocurriendo con los medios y los periodistas de
dicho país, por lo que demanda respetar el derecho a la vida y condenar en todos
los foros el cierre de medios de comunicación y la censura a periodistas”.
La FIP recuerda que
Fino Noriega es el tercer periodista asesinado en Honduras en lo que va de año.
En Montevideo, Luis Curbelo
Asociación de la Prensa Uruguaya (APU)
A 15 días
del golpe de Estado el país centroamericano ya no está en los titulares de los
medios internacionales. Se intensifica la represión. Un ex dirigente sindical y
activista de la resistencia fue asesinado en San Pedro Sula.
Carlos Reyes |
La
maniobra normalizadora, de la que parece formar parte el
proceso de mediación que se lleva a cabo en Costa Rica
bajo las alas del Departamento de Estado de los EE.UU, y
la retirada de los medios podrían desembocar en una
fuerte represión en contra de las organizaciones
populares, que siguen pidiendo la restitución del orden
democrático. |
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Desde el primer
día del golpe de Estado cívico-militar, la política mediática del gobierno de
facto hondureño apunta a dar una imagen de normalidad. Para ese gobierno, las
marchas y protestas masivas son la expresión de “cuatro locos” que no quieren
aceptar la nueva realidad.
La maniobra
normalizadora, de la que parece formar parte el proceso de mediación que se
lleva a cabo en Costa Rica bajo las alas del Departamento de Estado de
los EE.UU, y la retirada de los medios podrían desembocar en una fuerte
represión contra las organizaciones populares, que siguen pidiendo la
restitución del orden democrático.
Después de las
condenas internacionales, de la gran expectativa por el intento del presidente
José Manuel Zelaya de regresar al país y del fallido proceso de
mediación en Costa Rica, los principales medios de comunicación
internacionales han abandonado el país. Los teléfonos ya no repican como antes y
en las agencias internacionales las noticias sobre Honduras ya se han
reducido a unas pocas líneas.
Las continuas movilizaciones de
las organizaciones sociales, populares y sindicales ya no son noticia, y para
los medios internacionales que siguen en el país la situación se ha vuelto muy
peligrosa.
En la madrugada
de ayer, los equipos periodísticos de TeleSur y del
canal
Venezolana de Televisión (VTV)
fueron
primero arrestados y después obligados a permanecer en el hotel, sin poder
ejercer su derecho a cubrir los acontecimientos del día de hoy. Además,
denunciaron que los agentes de policía trataron de atemorizarlos diciéndoles que
se fueran directo al aeropuerto “porque
aquí no hay nada que decir, no hay nada que informar”.
Ante las
movilizaciones masivas que siguen impulsando las organizaciones populares, como
las que se desarrollaron durante este fin de semana en conmemoración del
asesinato del joven Isis Obed Murillo y en el parque central de
Tegucigalpa, y la caída de interés por parte de los medios internacionales, los
dirigentes del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado advirtieron del
peligro de una oleada represiva.
En la noche del
sábado 11 de julio el activista del Bloque Popular y ex dirigente
sindical del sector textil y de la Federación Unitaria de Trabajadores de
Honduras (FUTH),
Roger Bados, fue asesinado por desconocidos frente a su casa en San Pedro Sula,
en el norte del país. El temor que se vive en estas horas es que ese homicidio
podría ser el inicio de un plan asesino en contra de los cuadros intermedios,
para generar terror en la población.
Ante esta
coyuntura, en la que la comunidad internacional parece no querer pasar del
discurso a los hechos concretos, enfrascada en darle seguimiento a un proceso de
mediación que no tiene futuro, y que está visiblemente interferido por la
ambigüedad del gobierno estadounidense, Sirel dialogó con Carlos H.
Reyes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de
la Bebida y Similares (STIBYS) y miembro del Comité Ejecutivo
Mundial de la UITA.
-Han sido 15 días de resistencia y lucha. Días muy difíciles donde el pueblo
supo responder al golpe de Estado y a la represión. ¿Cómo evalúas este esfuerzo?
-La lucha política del movimiento popular ha tenido cambios cualitativos muy
importantes. Si no hubiese existido una
Coordinadora
Nacional de Resistencia Popular,
que ha sido la columna vertebral de todo este movimiento de oposición al golpe,
no hubiese sido posible impulsar estas acciones de lucha y resistencia. Pudimos
superar la sorpresa del golpe de Estado y el miedo por la represión
desencadenada por este gobierno de facto, impulsar la más grande manifestación
de la historia del país, y toda una serie de actividades como tomas de
carreteras, movilizaciones, plantones, y también actos políticos y culturales.
-¿Se perfila un incremento de la represión?
-Como
consecuencia de que los golpistas sienten que no han podido dominarnos y que hay
una enorme resistencia, han comenzado a dar señales de querer subir el nivel de
represión en el país. El domingo 5 de julio fue asesinado el joven Isis Obed
Murillo en las inmediaciones del aeropuerto, mientras que el sábado pasado
asesinaron al ex dirigente sindical de la FUTH y activista del Bloque
Popular, Roger Bados, en San Pedro Sula. Supimos también que la
policía sacó del hotel al equipo periodístico de TeleSur y al de la
televisión venezolana VTV y les ordenó que se fueran de Honduras.
Consideramos
que estos hechos son parte de la represión que se está dando en el país, con el
propósito de amedrentarnos y que no sigamos en la resistencia.
-¿Qué planes
tienen para esta semana?
-Vamos a seguir
en la lucha con muchas movilizaciones porque va a ser una semana muy difícil.
Fracasó el proceso de mediación en Costa Rica, donde nosotros siempre
dijimos que este problema no se va a resolver con esos instrumentos. Esta crisis
tiene un cuello de botella que es la doble cara que está teniendo Estados
Unidos: por un lado denuncian el golpe y apoyan la resolución de la OEA,
y por el otro apoyan a los golpistas. Hay que romper esta situación, por ello
una delegación del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado viajó a
Estados Unidos para reunirse con varios senadores.
-Hay una clara
actitud del gobierno de facto de querer presentar a Honduras como un país en
donde no ha ocurrido nada y que todo sigue en tranquilidad ¿La menor presencia
de los medios internacionales podría facilitar esta estrategia normalizadora?
-En muchos
casos los medios se van porque son intimidados y esto demuestra que está en
marcha un propósito de ocultar lo que está pasando y de que efectivamente aquí
ha habido un golpe de Estado. El caso de TeleSur es emblemático. Hay que
denunciarlo a nivel internacional y sobre esta base, los medios tienen que
regresar al país, porque eso indica que la represión va a recrudecer.
-¿Qué
perspectivas tienen para poder mantener las movilizaciones en las calles?
-Nosotros
seguimos firmes en pedir la restitución de la institucionalidad en el país y el
regreso del presidente José Manuel Zelaya.
Además de los esfuerzos que está haciendo el Presidente para que los países
presionen al gobierno de facto, necesitamos que los compañeros y compañeras de
las organizaciones populares centroamericanas impulsen acciones en las
fronteras. Pedimos también que las organizaciones latinoamericanas presionen a
nuestras embajadas en solidaridad con la lucha que está librando el pueblo
hondureño. Aquí vamos a seguir luchando permanentemente.
-La UITA dio
prioridad absoluta a lo que ha pasado en Honduras y ratificó su solidaridad con
ese proceso de resistencia de las organizaciones populares y sindicales. ¿Cuál
es el aporte que podría seguir brindando?
-La presencia
de la UITA en todos estos días ha permitido tener al movimiento sindical
mundial al tanto de lo que está pasando en Honduras y de la manera más
objetiva, informando que la resistencia continúa.
Aquí hay un
problema de fondo: en Honduras es un delito defender los intereses de los
trabajadores y las trabajadoras, es un delito luchar por tener conquistas
sociales. Es por eso que apoyamos muchas cosas del gobierno de Zelaya,
porque estaba trabajando en ese sentido y en un país de ultra derecha como
Honduras eso es un delito y nosotros unos delincuentes. Sin embargo,
seguimos trabajando y luchando, y queremos que a través de la UITA se
siga llevando este mensaje al mundo.
Estamos frente a una dictadura
salvaje y vamos hacia una mayor represión dirigida por militares, los mismos que
se mancharon con los peores crímenes en los años 80.
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