Candidatura Independiente Popular

a la Presidencia de la República

COMUNICADO 2

El golpe de Estado ha agudizado la crisis económica, política y social del país, y el pueblo en su mayoría se ve afectado por lo crímenes cometidos, la represión, pérdida de empleo, división generalizada entre golpistas y no golpistas, más hambre, enfermedades, negación de la salud y demás servicios públicos.

Los golpistas calificaron el golpe de Estado del 28 de junio como “sucesión constitucional” con el propósito de que el proceso electoral de 29 de noviembre legitime el golpe de Estado, avale con sus resultados a la continuidad de los golpistas en el poder y quede sepultada toda intención de ir a una Constituyente para elaborar una nueva Constitución y le baje el perfil a la Resistencia.

Si nuestra posición y la de la comunidad internacional es que hubo un golpe de Estado, lo único que procede es reestablecer el orden constitucional comenzando por la reinstalación del presidente de la República Manuel Zelaya Rosales, o ir a una Constituyente libre, democrática y soberana que siente las bases para la refundación de la República con representación mayoritaria de todos los sector populares.

Por lo anterior, y por que el proceso electoral debe ser jurídicamente seguro, transparente y real para que sus resultados sean creíbles, la candidatura independiente popular, en su comunicado 1, sostiene en su punto número 4: “que los candidatos no golpistas a todo nivel de elección popular se retiren del proceso electoral si se mantiene la dictadura.”

Con el regreso del presidente Zelaya a Tegucigalpa el régimen golpista ha incrementado la represión generalizada contra el pueblo, además del acoso y amenazas permanentes contra el mandatario y quienes lo acompañan en la embajada de Brasil, al mismo tiempo que se está impulsando un proceso de diálogo, proceso que se ve condenado al fracaso desde el momento en que el jefe de la dictadura ha declarado que la misma no es para restituir al presidente Zelaya sino para legitimar las elecciones.

Nuestra posición es que cualquier diálogo debe tener por premisa el respeto a los acuerdos de Naciones Unidas y la OEA en el sentido de que la restitución al orden constitucional y del presidente Zelaya a su puesto debe ser sin condiciones. Por eso siempre hemos apoyado el Acuerdo de San José únicamente en su punto número uno, y como parte del Frente Nacional Contra el Golpe compartimos lo que se refiere a las objeciones a las condicionalidades que contiene dicho Pacto. Sin embargo, con respecto a estas últimas que han sido aceptadas por el presidente Zelaya, somos del criterio de respetar su decisión política sin renunciar a nuestra posición.

El mejor diálogo que podemos desarrollar las y los hondureños es en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente que elabore una nueva Constitución, que será el nuevo pacto social para empezar a salir del atraso y la dependencia, en vez de continuar promoviendo los pactos a espaldas del pueblo que ha venido haciendo la oligarquía.

Un diálogo sólo para legitimar un proceso electoral sin volver al orden constitucional es una trampa para el pueblo.

No se puede ofrecer seguridad para el proceso electoral en un ambiente de odio y de intolerancia. Las manifestaciones de rechazo al golpe de Estado, la represión de la autoridad policial y militar, que no oculta su odio contra los manifestantes, más los muertos y heridos que ya se registran, no ofrecen seguridad para los votantes, cuya integridad personal y su vida estarán expuestas a un peligro mayor porque pueden encontrarse en el centro de acontecimientos violentos que podrían degenerarse con impredecibles consecuencias. Los ciudadanos no pueden votar en condiciones de terror.

En un ambiente en el cual el gobierno de facto ha apostado a lavarse la cara con las elecciones, es imposible. El golpe fue producto de una gran conspiración de todos los poderes del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas, Ministerio Público, la dirigencia empresarial, la dirigencia de los partidos (exceptuando a la UD), la jerarquía católica y protestante, y algunas organizaciones de la sociedad civil. Todos ellos apuestan a lo mismo que el gobierno. Por eso, sencillamente, el gobierno y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con la anuencia de todas las demás organizaciones mencionadas, inflarán los resultados para hacer creer al mundo que el pueblo hondureño votó masivamente porque tiene confianza y credibilidad en sus instituciones, particularmente en el gobierno y el TSE.

Con ello, se asegura la supervivencia del bipartidismo, porque serán los únicos a los que favorecerá el fraude que se avecina. Los demás participantes seremos comparsas, invitados con el único objeto de maquillar el proceso electoral para que se exhiba impecable ante propios y extraños. No hay duda al respecto, si se expusieron a dar el golpe de Estado, expulsar al Presidente en las condiciones que lo hicieron, desafiar a la comunidad internacional con tanta pedantería, ¿qué no pueden hacer para lograr que lo hecho sea aceptado como bueno por la comunidad internacional?. Nada los detendrá. Y las elecciones se les ofrecen como el medio idóneo para resolver el problema creado por ellos.

Por lo tanto, la Candidatura Independiente Popular a la Presidencia de la República de Carlos H. Reyes, y Bertha Cáceres, Maribel Hernández y Carlos Amaya como designados, están iniciando de manera urgente un proceso de análisis y consulta entre sus simpatizantes y estructuras organizativas para decidir el retiro de la Candidatura del proceso electoral de no haber restitución en su cargo del presidente Manuel Zelaya Rosales. Al mismo tiempo, invitamos respetuosamente a los demás sectores políticos electorales antigolpistas a tomar en consideración nuestra posición.