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Honduras

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

“Quienes violaron los derechos humanos

deben ser juzgados y sancionados”

El golpe de Estado creó una situación de ilegitimidad democrática

 

La misión que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó en Honduras del 17 al 21 de agosto de 2009, con el objetivo de observar la situación de derechos humanos en el contexto del golpe de Estado del pasado 28 de junio, concluyó con la presentación de un informe preliminar que reveló la abierta y reiterada violación de los derechos humanos por parte del gobierno de facto y de sus órganos represivos. La Comisión pidió una exhaustiva investigación para juzgar a los responsables de las barbaries cometidas contra el pueblo hondureño.

Luz Patricia Mejía Guerrero

 

La delegación de la CIDH, órgano principal y autónomo de la OEA cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se reunió con representantes del gobierno de facto, instituciones del Estado, Fuerzas Armadas y Policía, sectores de la sociedad civil y recibió a más de un centenar de personas que presentaron denuncias, testimonios e informaciones.

 

Durante su visita, la Comisión “confirmó la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigidos a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía. También constató la represión ejercida contra las manifestaciones a través de la colocación de retenes militares, la aplicación arbitraria de toques de queda, detenciones de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas condiciones de detención”, señala parte del informe preliminar.

 

En este contexto de violación abierta de los derechos humanos, los cuerpos represivos se ensañaron sobre todo contra las mujeres.

 

Según Luz Patricia Mejía Guerrero, presidenta de la CIDH, “Recibimos testimonios consistentes de muchas mujeres cuyos derechos fueron violados sobre todo por su condición de mujeres, es decir que en estos casos la represión tuvo ese componente adicional.

Conocimos también de varios casos de vejaciones, abusos sexuales y un caso de violación a mano de cuatro policías”, denunció Mejía Guerrero.

 

CIDH denuncia asesinatos

 

Además de varios heridos por arma de fuego, producto de la represión del Ejército y la Policía, la Comisión señaló también “la muerte de cuatro personas sobre las cuales es necesaria una investigación exhaustiva, en consideración que se recibieron informaciones que podrían vincular estas muertes con el accionar de agentes del Estado”.

 

El informe preliminar reveló también un alto grado de violación a la libertad de expresión y una presencia injustificada de militares en diferentes ámbitos de la vida civil.

 

“El control de la información se ha ejercido a través del cierre temporal de algunos medios de comunicación, la ocupación militar de los mismos, la prohibición de emitir la señal de ciertos canales de televisión por cable que informaban sobre el golpe de Estado, la aplicación selectiva de cortes de energía eléctrica afectando la transmisión de medios audiovisuales que informaban sobre el golpe de Estado.

 

También agresiones y amenazas a periodistas de medios con distintas posiciones editoriales, que han generado un ambiente de intimidación que inhibe el libre ejercicio de la libertad de expresión1.

 

La Comisión –continúa el informe– pudo constatar que la ruptura del orden constitucional originada por el golpe de Estado está acompañada de una fuerte presencia militar en distintos ámbitos de la vida civil, la suspensión de garantías mediante la implementación de un toque de queda que no cumple con los estándares del sistema interamericano, y la ineficacia de los recursos judiciales para salvaguardar los derechos esenciales de las personas”.

 

Hubo ruptura del orden institucional

 

Para Luz Patricia Mejía Guerrero, “El golpe de Estado ha creado una situación de ilegitimidad democrática que tiene un impacto negativo sobre la vigencia de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras.

 

Ésto significa –continuó Mejía Guerrero– que las autoridades hondureñas tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los culpables de las violaciones a los derechos humanos y además de indemnizar a los familiares.

 

El proceso interno debe iniciarse y completarse. Igualmente la responsabilidad internacional en materia de derechos humanos persiste y en cualquier caso la CIDH conocerá de aquellos casos donde la justicia interna al país no haya garantizado los derechos de las personas”, aseveró la presidenta de la CIDH durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa.

 

En su informe, la CIDH aclaró también que el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras será posible únicamente a través del retorno a la institucionalidad democrática en el país e instó al gobierno de facto a adoptar “medidas urgentes para garantizar el derecho a la vida, integridad  y libertad personal de todas las personas, y no poner ningún obstáculo a la tarea que debe realizar la Fiscalía de Derechos Humanos para que pueda investigar la totalidad de las violaciones ocurridas en el contexto del golpe de Estado”.

 

La delegación de la CIDH estuvo conformada por su presidenta, Luz Patricia Mejía Guerrero, el primer Vicepresidente Victor Abramovich, el segundo Vicepresidente Felipe González, el Comisionado Paolo Carozza, el secretario ejecutivo Santiago Cantón y la relatora especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero.

 

 

En Tegucigalpa, Giorgio Trucchi

Rel-UITA

26 de agosto de 2009

 

 

 

Fotos: Giorgio Trucchi

1 - En la noche de domingo 23 de agosto un grupo de paramilitares encapuchados y armados destruyeron los transmisores de Radio Globo y Cholusat Sur Canal 36, rociándolos con líquido abrasivo después de haber inmovilizado al personal de vigilancia en el sector del Cerro Canta Gallo, al sur de la capital Tegucigalpa. El atentado contra dos de los pocos medios que a partir del pasado 28 de junio han condenado el golpe de Estado y han informado sobre las repetidas violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de facto, es parte de una campaña de intimidación y de violación del derecho de libre expresión reconocida y condenada por la CIDH. En el momento en que se redacta esta nota Radio Globo ha vuelto a transmitir con un equipo de emergencia, mientras que el Canal 36 podría quedarse unos días fuera del aire.

 

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