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La misión que la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) realizó en
Honduras del 17 al 21 de agosto de 2009,
con el objetivo de observar la situación
de derechos humanos en el contexto del
golpe de Estado del pasado 28 de junio,
concluyó con la presentación de un
informe preliminar que reveló la abierta
y reiterada violación de los derechos
humanos por parte del gobierno de facto
y de sus órganos represivos. La Comisión
pidió una exhaustiva investigación para
juzgar a los responsables de las
barbaries cometidas contra el pueblo
hondureño.
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Luz Patricia
Mejía Guerrero |
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La delegación de la CIDH, órgano
principal y autónomo de la OEA
cuyo mandato surge de la Carta de la
OEA y de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, se reunió con
representantes del gobierno de facto,
instituciones del Estado, Fuerzas
Armadas y Policía, sectores de la
sociedad civil y recibió a más de un
centenar de personas que presentaron
denuncias, testimonios e informaciones.
Durante su visita, la Comisión “confirmó
la existencia de un patrón de uso
desproporcionado de la fuerza pública,
detenciones arbitrarias y control de la
información dirigidos a limitar la
participación política de un sector de
la ciudadanía. También constató la
represión ejercida contra las
manifestaciones a través de la
colocación de retenes militares, la
aplicación arbitraria de toques de
queda, detenciones de miles de personas,
tratos crueles, inhumanos y degradantes,
y malas condiciones de detención”,
señala parte del informe preliminar.
En este contexto de violación abierta de
los derechos humanos, los cuerpos
represivos se ensañaron sobre todo
contra las mujeres.
Según Luz Patricia Mejía Guerrero,
presidenta de la CIDH,
“Recibimos testimonios consistentes de
muchas mujeres cuyos derechos fueron
violados sobre todo por su condición de
mujeres, es decir que en estos casos la
represión tuvo ese componente adicional.
Conocimos también de varios casos de
vejaciones, abusos sexuales y un caso de
violación a mano de cuatro policías”,
denunció Mejía Guerrero.
CIDH
denuncia asesinatos
Además de varios heridos por arma de
fuego, producto de la represión del
Ejército y la Policía, la Comisión
señaló también “la muerte de cuatro
personas sobre las cuales es necesaria
una investigación exhaustiva, en
consideración que se recibieron
informaciones que podrían vincular estas
muertes con el accionar de agentes del
Estado”.
El informe preliminar reveló también un
alto grado de violación a la libertad de
expresión y una presencia injustificada
de militares en diferentes ámbitos de la
vida civil.
“El control de la información
se ha ejercido a través del cierre
temporal de algunos medios de
comunicación, la ocupación militar de
los mismos, la prohibición de emitir la
señal de ciertos canales de televisión
por cable que informaban sobre el golpe
de Estado, la aplicación selectiva de
cortes de energía eléctrica afectando la
transmisión de medios audiovisuales que
informaban sobre el golpe de Estado.
También agresiones y amenazas a
periodistas de medios con distintas
posiciones editoriales, que han generado
un ambiente de intimidación que inhibe
el libre ejercicio de la libertad de
expresión1.
La Comisión –continúa el informe– pudo constatar que
la ruptura del orden constitucional
originada por el golpe de Estado está
acompañada de una fuerte presencia
militar en distintos ámbitos de la vida
civil, la suspensión de garantías
mediante la implementación de un toque
de queda que no cumple con los
estándares del sistema interamericano, y
la ineficacia de los recursos judiciales
para salvaguardar los derechos
esenciales de las personas”.
Hubo
ruptura del orden institucional
Para Luz Patricia Mejía Guerrero,
“El golpe de Estado ha creado una
situación de ilegitimidad democrática
que tiene un impacto negativo sobre la
vigencia de los derechos humanos de
todos los habitantes de Honduras.
Ésto significa –continuó Mejía
Guerrero– que las autoridades
hondureñas tienen la obligación de
investigar, juzgar y sancionar a los
culpables de las violaciones a los
derechos humanos y además de indemnizar
a los familiares.
El proceso interno debe iniciarse y
completarse. Igualmente la
responsabilidad internacional en materia
de derechos humanos persiste y en
cualquier caso la CIDH conocerá
de aquellos casos donde la justicia
interna al país no haya garantizado los
derechos de las personas”, aseveró la
presidenta de la CIDH durante una
conferencia de prensa en Tegucigalpa.
En su informe, la CIDH aclaró
también que el efectivo cumplimiento de
los derechos humanos de todos los
habitantes de Honduras será
posible únicamente a través del retorno
a la institucionalidad democrática en el
país e instó al gobierno de facto a
adoptar “medidas urgentes para
garantizar el derecho a la vida,
integridad y libertad personal de todas
las personas, y no poner ningún
obstáculo a la tarea que debe realizar
la Fiscalía de Derechos Humanos para que
pueda investigar la totalidad de las
violaciones ocurridas en el contexto del
golpe de Estado”.
La delegación de la CIDH estuvo
conformada por su presidenta, Luz
Patricia Mejía Guerrero, el primer
Vicepresidente Victor Abramovich,
el segundo Vicepresidente Felipe
González, el Comisionado Paolo
Carozza, el secretario ejecutivo
Santiago Cantón y la relatora
especial para la Libertad de Expresión,
Catalina Botero.
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