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Mucho se ha dicho sobre las familias que
controlan la economía -y por ende la
política de este país centroamericano- y
de cómo habrían participado activamente
en la planificación, ejecución y gestión
del golpe de Estado que el pasado 28 de
junio derrocó al presidente
democráticamente electo, Manuel Zelaya
Rosales. Los “grupos fácticos” de
Honduras, muchos de ellos de origen
extranjero, parecen ser el verdadero
poder detrás del poder, y revisando la
historia de los cuatro años de
presidencia de Manuel Zelaya, resulta
difícil entender que haya logrado
gobernar hasta sólo seis meses antes de
que terminara su mandato.
Para tratar de entender la estructura
económica de Honduras, quiénes la
controlan y cómo este control se traduce
en un verdadero dominio de la política
nacional, Sirel conversó con el
economista Martín Barahona, ex
presidente del Colegio de Economistas de
Honduras.
-¿Cómo está estructurada la economía de
Honduras y quiénes la controlan?
-El principal rubro de Honduras
es el sector terciario, con
aproximadamente el 40 por ciento del
PIB. La industria representa entre
15 y 20 por ciento y la agricultura el
restante 40 por ciento, aunque ha
disminuido un poco en los últimos años.
En el país el dominio de la economía
está en manos de empresas
transnacionales que controlan sectores
como el de la agroexportación y el 50
por ciento de la banca, mientras que,
internamente, hay tres grupos que son
los de descendencia árabe-palestino, los
asiáticos-chinos y los hondureños.
-Se habla mucho de las familias y de los
grupos fácticos que manejan la economía.
¿Quiénes son exactamente y qué sectores
económicos controlan?
-No hay un número específico de familias
como por ejemplo en El Salvador,
donde se habla de las famosas 14
familias, sino que es un mapa que
todavía no ha terminado de dibujarse.
Las familas Facussé, Canahuati
Larach, Nasser, Atala,
Faraj y Kafie, controlan
gran parte de lo que es energía y
combustible, banca, medios de
comunicación, supermercados,
aseguradoras, importación de
electrodomésticos y ropa, franquicias de
comidas rápidas y bebidas,
embotelladoras, agua purificada,
imprentas, maquilas, varias
corporaciones y consorcios, entre otros.
Después tenemos los grupos económicos
que funcionan como holdings, como
por ejemplo el Grupo Atlantide,
que surgió como parte de la
diversificación de las empresas
transnacionales bananeras, como la
Standard Fruit Company, y controla
bancos, arrendadoras de vehículos,
compañías inmobiliarias, distribuidoras
de productos de la canasta básica,
aseguradoras.
Otro grupo es el que pertenece a José
Rafael Ferrari y Manuel Villeda
Toledo, particularmente vinculado al
control casi total de los medios de
comunicación. Antes tenían también
bancos y supermercados, pero decidieron
vender.
La familia Rosenthal –Grupo
Continental– actúa sobre todo en el
sector de la banca, aseguradoras,
algunos medios de comunicación,
cementeras, constructoras y hasta una
granja de cocodrilos para la exportación
de carne y piel.
-¿Cómo este poder económico se traduce
en un control de la política nacional?
-Estos grupos económicos han iniciado y
han hecho crecer sus negocios con base
en contratos con el Estado. En muchos
casos a través de influencias que tienen
en los gobiernos por medio del
financiamiento de campañas políticas de
los diferentes partidos. Otra manera es
a través del control de instituciones.
Casi todas estas familias son
“propietarias” de los diferentes poderes
del Estado. En el Congreso desde hace
años tienen personas que los
representan, y ahora hasta tienen
parientes. Por ejemplo, Marcia
Villeda, diputada liberal aliada del
presidente de facto Roberto
Micheletti, es la nuera de Manuel
Villeda, uno de los principales
socios de José Rafael Ferrari.
-¿Qué participación tuvieron estas
familias en el golpe de Estado?
- Aunque resulta difícil tener pruebas
concretas, la participación ha sido
directa. Prueba de eso es el papel
sesgado que han jugado los medios de
comunicación propiedad de ellos. Se han
parcializado a una sola posición y han
cerrado cualquier tipo de debate.
También Miguel Andonie Fernández,
propietario de varias radios, que en el
pasado ha sido más moderado, en este
caso se plegó a los golpistas.
-¿Revertir el golpe de Estado pasa
necesariamente por una negociación
indirecta con estos grupos fácticos?
-Creo que sí, pero hay que tomar en
cuenta también otro escenario. Si la
resistencia lograra mantener una gran
fuerza y se sumara una verdadera presión
internacional, estos grupos podrían
verse neutralizados porque la situación
económica les afectaría directamente. Si
la situación de inestabilidad e
ingobernabilidad se prolongara por mucho
tiempo, más allá de las elecciones,
estos mismos grupos sentirían que esta
situación ya no les resulta rentable y
podrían tomar distancia para no
desgastarse a nivel económico y de
imagen.
-Se ha hablado mucho de la Cuarta Urna y
de una Constituyente para una reforma de
la Constitución. ¿Cree que en Honduras
es posible un cambio de la estructura
político-económica?
-En este momento por la vía de la
Constituyente no lo veo posible. Creo
que el camino es electoral. Actualmente
tenemos un Partido Liberal dividido a
raíz del golpe, y se va a abrir un
espacio para que el sector liberal que
lo ha rechazado, junto con otros grupos
políticos y sociales, puedan conquistar
porciones importantes del electorado. La
candidatura independiente de Carlos
H. Reyes podría ser la novedad y
recibir muchos votos, tal vez no para
ganar, pero sí para tener una fuerte
representación en el Congreso, lo cual
permitiría presionar para las reformas.
-¿Podría ser un primer paso para llegar
después al tema de la Constituyente?
-Así es. La Constituyente la miro como
el último paso. Primero hay que tratar
de reformar las instituciones, el
reglamento interno del Congreso y otras
leyes. Pero, sobre todo, hay que tomarse
el tiempo necesario para explicarle a la
gente de qué se trata, prepararla. La
formación política de los hondureños es
todavía muy escasa y hay que trabajar en
ello.
-¿Cómo se sale de esta situación?
-Se sale en la medida en que los
golpistas no han tenido la capacidad de
controlar la situación y de gobernar. Si
ellos perciben ésto y sienten la
resistencia interna y la presión
internacional, puede ser que en algún
momento acepten un regreso condicionado
del presidente Manuel Zelaya, tal
como lo prevé el Acuerdo de San José.
Ojala que en vista de futuras elecciones
las organizaciones políticas, sociales y
populares que se han unido en la
resistencia al golpe sepan aprovechar
esta cohesión.
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