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El golpe cívico-militar del pasado 28 de
junio en Honduras no solamente trajo
consigo la ruptura del orden
constitucional, una palpable involución
política, económica y social y una
constante y flagrante violación a los
derechos humanos de los hondureños y
hondureñas, sino también un preocupante
retroceso en materia laboral y social. A
menos de dos semanas de la celebración
de elecciones que pretenden legalizar el
golpe de Estado y que la inmensa mayoría
de los países del mundo parece no estar
dispuesta a reconocer como legítimas, se
hace necesario analizar el “trabajo”
desarrollado por el gobierno de facto
para desvirtuar y anular los avances
logrados por el pueblo hondureño en los
últimos años.
Para analizar en detalle esta situación,
Sirel conversó con Porfirio
Ponce Valle, vicepresidente del
Sindicato de Trabajadores de la
Industria de la Bebida y Similares (STIBYS)
y miembro del Bloque Popular,
organización que integra el Frente
Nacional Contra el Golpe de Estado.
-Faltan pocos días para las elecciones y
ya quedó claro que se van a desarrollar
en una situación de ruptura del orden
constitucional. ¿Cómo evalúa esta
situación?
-Todo lo que ha ocurrido ha sido una
burla más para el pueblo hondureño. Una
burla orquestada por la oligarquía
hondureña en contubernio con sectores de
Estados Unidos. Ante esta
situación, como sindicato nos proponemos
seguir creciendo en el Frente
Nacional Contra el Golpe de Estado,
seguir organizándonos como pueblo y
defendiendo nuestras conquistas
sindicales porque la situación se está
volviendo muy difícil.
-¿En qué sentido se está volviendo
difícil?
-El actual Ministro del Trabajo de facto
está prácticamente desarrollando un
papel de asesor de los empresarios y
está manteniendo una línea muy dura, que
nos va a crear muchas dificultades para
solventar los problemas de los
trabajadores y trabajadoras. Es por eso
que en esta coyuntura se vuelve aún más
importante seguir organizándonos como
Sindicato y como pueblo para defender
las conquistas logradas en el pasado.
-¿Qué cambios han visto en materia
laboral a partir del golpe de Estado del
28 de junio?
-En el caso concreto del STIBYS
tenemos abiertos dos procesos de
mediación con dos transnacionales: la
Cervecería Hondureña (SABMiller),
la que distribuye Coca-Cola y
varias marcas de cerveza, y
Embotelladora La Reyna, propiedad de
CAB Corp (Pepsi Co). Con
estas empresas tenemos una demanda por
varios puestos de trabajo que pretenden
tercerizar y otras demandas por
incumplimiento al Contrato Colectivo.
Hasta hoy, las nuevas autoridades de
facto no nos han dado respuesta sobre
quiénes van a ser los mediadores del
conflicto, y esto depende precisamente
del involucramiento que tienen con los
grandes empresarios. Prácticamente no
permiten que a estas transnacionales se
les haga absolutamente nada.
Cuando tomó posesión el nuevo Ministro
del Trabajo de facto, de inmediato
convocó a los dirigentes de la
Cervecería Hondureña para platicar
con ellos, sin tomar en cuenta al
Sindicato, y esto nos llamó mucho la
atención y lo catalogamos como una gran
grosería hacia los trabajadores. Sin
lugar a dudas hay un fuerte cambio, y
estamos viendo la diferencia con
respecto al pasado en la relación entre
sindicatos y la autoridad laboral.
Además, en estos meses constatamos el
rechazo del Ministerio del Trabajo a
cumplir con las inspecciones que
estábamos demandando. Simplemente nos
decían que no podían y buscaban
cualquier excusa para no cumplir con ese
derecho, y esta es una clara
demostración de la nueva política del
Ministro en contubernio con los
empresarios.
-¿Cómo está reaccionando la gente ante
esta situación?
-Un inesperado elemento positivo que ha
ocasionado el golpe de Estado ha sido el
involucramiento de muchos sectores de la
sociedad en la lucha de resistencia,
pero sobre todo la participación de
sectores no organizados. La gente se ha
comprometido personalmente, discute y
reclama.
Con respecto al STIBYS, estamos
organizados en once departamentos del
país y en las principales ciudades, y a
pesar de las dificultades mencionadas,
creo que nos hemos fortalecido y unido
aún más. Como sindicato tenemos muchas
expectativas, y en nuestras reflexiones
estamos claros que el camino es el de
una nueva Constitución para que los
trabajadores y trabajadoras podamos
defender las conquistas del pasado y
devolverle al pueblo lo que se le ha
quitado con el proceso de privatización.
-¿Cuál sería el objetivo de la Asamblea
Constituyente?
-Tenemos que rescatar los servicios
públicos que han sido privatizados. Casi
el 60 por ciento de la energía está en
manos de grandes empresas. El gobierno
de facto favoreció que el Congreso
aprobara la Ley General de Agua, que va
a permitir que se privatice este recurso
a través de las concesiones, mientras
que en el pasado habíamos logrado
detener su aprobación, también con el
apoyo del presidente Manuel Zelaya.
Los sectores de la telefonía y de las
telecomunicaciones están casi totalmente
privatizados, mientras que la inversión
en educación y salud pública es nula y
sigue el proceso de privatización.
La única manera de lograr que todos
estos servicios públicos vuelvan al
pueblo es a través de una Asamblea
Constituyente y una reforma de la
Constitución, en la que participen
directamente los sectores sociales y
sindicales.
Por eso es necesario primero restaurar
el orden democrático y constitucional,
para que los sectores golpistas no
legitimen el golpe a través de un
proceso electoral ilegítimo, y
enrumbarnos hacia la transformación de
la sociedad.
En este sentido, como sindicato estamos
firmemente convencidos de que hay que
desconocer las elecciones del 29 de
noviembre, tal como ya lo hizo muy
claramente la Candidatura Independiente
Popular retirando su candidatura.
-¿Cómo se están preparando para este
proyecto de Constituyente las
organizaciones que conforman el Frente
Nacional Contra el Golpe de Estado?
-Ya estamos trabajando en un proyecto de
Constitución, y estamos yendo a las
barrios, colonias y comunidades para
hablar con la gente y fortalecer este
proceso.
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