En lo que va del año, los miembros de las organizaciones populares, sociales, sindicales y campesinas que integran el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) sufrieron destierro, amenazas, hostigamiento, secuestros y asesinatos. Siete periodistas ya perdieron la vida y en la región del Bajo Aguán continúa un despliegue militar y policial sin precedentes. Sin embargo, el actual gobierno, con el beneplácito de buena parte de la comunidad internacional, está empecinado en vender la imagen de un país en vías de normalización. El último toque de esa pantomima siniestra será la instalación de la Comisión de la Verdad.

Bertha Oliva

En su informe anual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) colocó por primera vez a Honduras entre los países donde más se violan los derechos humanos.

Ya son más de un centenar las personas a las que la CIDH otorgó medidas cautelares. Pese a las declaraciones del alto mando de la Policía, de querer implementar las medidas para proteger la vida de estas personas, las organizaciones hondureñas de derechos humanos denunciaron el total desamparo en que se encuentran.

Asimismo, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) constató un incremento impresionante de las denuncias, que en múltiples ocasiones rebasó su capacidad de atención a los casos.

En medio de esta dramática coyuntura, el presidente Porfirio Lobo, con el aval del gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, está tratando de presentar a la comunidad internacional la imagen de un país encaminado hacia la reconciliación.

Esa estrategia tiene el objetivo de reinsertar a Honduras en las instancias internacionales y reactivar los mecanismos de cooperación. Su principal instrumento será el cumplimiento del último punto del Acuerdo Tegucigalpa/San José, es decir la instalación de una Comisión de la Verdad¹.

Esta instancia cobró vida el pasado 13 de abril 2010 a través de un decreto presidencial y su instalación está prevista para el próximo 5 de mayo en Tegucigalpa.

Según el decreto, esa Comisión tendrá el objetivo de “esclarecer los hechos ocurridos antes, durante y después del 28 de junio de 2009, a fin de identificar los actos que condujeron a la crisis que ha dividido a la sociedad hondureña”.

Sin embargo, la Resistencia y las organizaciones de derechos humanos rechazan lo que consideran un simple show mediático, para blanquear el golpe y sus autores intelectuales y materiales.

Letra muerta

“Con el gobierno de Porfirio Lobo se vendió al mundo la idea de que Honduras estaba retomando el camino de la democracia y la institucionalidad, y esto es grotesco para la lucha en defensa de los derechos humanos –dijo a Sirel la coordinadora nacional del COFADEH, Bertha Oliva–.

Hago un llamado a la comunidad internacional para que ponga nuevamente a Honduras en su agenda, priorizando los temas de los derechos humanos, la militarización, la libertad de expresión y de prensa, y la aplicación de justicia en el país”, aseveró Oliva.

Para la coordinadora del COFADEH, esta Comisión es letra muerta. “En el país se sigue viviendo una situación de conflicto generalizado y de graves violaciones a los derechos humanos, y se pretende instalar una instancia que no encierra ni los mínimos principios básicos que debería tener una comisión de ese tipo”.

Además, criticó el hecho de que el decreto presidencial le otorga la facultad de “seleccionar y separar la documentación y materiales que tenga carácter confidencial, la cual será trasladada a la entidad internacional que se acuerde”.

Esta entidad deberá garantizar su custodio, “sin revelar su contenido, durante diez años, y al cumplir el plazo, la documentación pasará a ser parte de la Biblioteca Nacional”, se lee en el decreto.

“¿Qué interés puede haber de esclarecer la verdad, cuándo se le pone un plazo de diez años al conocimiento de los resultados? Es obvio, ninguno –sentenció Oliva–.

Esta comisión es una forma más de blanquear el golpe y lavar el rostro de los golpistas ante la comunidad internacional. Aquí no se busca la verdad, sino como justificar los hechos de los criminales, y eso no podemos permitirlo”, concluyó.

¿Verdad o mentira?

También para Juan Almendares, activista de los derechos humanos y director de Madre Tierra/Amigos de la Tierra Honduras, la instalación de la Comisión de la Verdad no tiene sentido.

“Para crear una Comisión de la Verdad hay que partir de la verdad, mientras que en ese caso se pretende partir de la mentira –dijo Juan Almendares a Sirel–.

Se asume que no hubo golpe de Estado y que el actual gobierno fue electo a través de elecciones libres y democráticas. Todo eso es mentira.

Además –continuó el activista de derechos humanos– estamos en una situación en que todos los poderes del Estado siguen bajo el control de quienes participaron al golpe, y el ex presidente Manuel Zelaya sigue en el exilio.

¿De qué democracia estamos hablando? ¿Para qué una Comisión de la Verdad, cuando ya se garantizó total impunidad para quienes cometieron y siguen cometiendo crímenes, y cuándo es el mismo gobierno a decidir su conformación y cómo va a funcionar?”, concluyó Almendares.