A un año del golpe de Estado, Honduras se encuentra al borde de la bancarrota, con un déficit fiscal en continuo aumento, un endeudamiento interno sin precedentes y una preocupante tasa de desempleo. Quienes pagan los platos rotos de esta situación que se ha profundizado con el golpe son, como siempre, los trabajadores y trabajadoras.

Flexibilización, tercerización del trabajo y represión parecen ser las únicas recetas adoptadas por el nuevo gobierno para hacerle frente a la crisis. Para analizar este contexto, Sirel dialogó con el vicepresidente del STIBYS, Porfirio Ponce.

-¿Como está en este momento la situación laboral en el país?

-Estamos muy preocupados. Después del golpe de Estado los grupos de poderes que controlan la política y la economía del país han retomado el control de las instituciones del Estado. Han comenzado a profundizar estrategias para violentar la estabilidad laboral y los derechos de las y los trabajadores.

-¿De qué manera están actuando?

-A través de políticos serviles que representan los intereses de las transnacionales y de los empresarios del país, están promoviendo medidas antilaborales y antisindicales.

Están tratando de paliar los altos índices de desempleo promoviendo un programa de emergencia de empleo temporal, que pretende impulsar contratos de trabajo de media jornada.

El diputado Germán Leizelar, por ejemplo, está proponiendo calcular la jornada laboral de doce horas. De esta manera la gente tendría que trabajar seis horas, con un salario que es la mitad del salario mínimo, sin prestaciones, ni beneficios laborales.

Lo mismo está haciendo con los contratos de trabajo por horas y con una ley que va a legalizar el trabajo tercerizado y temporal en los sectores de higienización y vigilancia. Y esto es solo el comienzo. Después van a aplicar esa misma medida a muchos más sectores.

-¿Qué pasó con la ley que el movimiento sindical estaba impulsando para regular el tema de la tercerización?

-Después del golpe quedó engavetada en el Congreso. Más bien, lo que están haciendo es promover reformas para flexibilizar más el trabajo y sobreexplotar a la gente.

-¿Las centrales obreras se mantienen unidas ante ese intento de promover un trabajo desregularizado, tercerizado y precario?

-Nos mantenemos unidos, rechazando esta estrategia. El impulso de contratos por horas o de media jornada significa la imposibilidad de poder organizar a los trabajadores, y una abierta violación de los Convenios 87 y 98 de la OIT.

Estamos a favor de la creación de empleo, pero con un salario digno y respetando las leyes.

El verdadero objetivo que tienen estos sectores y el gobierno es flexibilizar las leyes laborales, para destruir las organizaciones sindicales y garantizar más ganancias para los empresarios.

-¿Otro conflicto que se ha desatado con el nuevo gobierno es acerca del aumento del salario mínimo. ¿A qué punto está la negociación?

-Está rota. Ante la falta de acuerdo entre las partes, la ley determina que debe ser el Presidente de la República quien decide el porcentaje del aumento. Sin embargo, el señor Porfirio Lobo se está rehusando a hacerlo, porque le tiene miedo a los empresarios.

Está violando abiertamente la ley. Las centrales obreras vamos a acudir a otras instancias y a tomar acciones que ya están siendo planificadas.

-Ha pasado un año del golpe de Estado y en Honduras seguimos asistiendo a la represión sistemática contra las organizaciones sociales y populares. ¿Qué tan brutal es la represión contra el movimiento sindical?

-Hay una constante y sistemática represión contra los trabajadores organizados. Tenemos muchos casos como son la de los maestros, los docentes universitarios y todas aquellas organizaciones que se han involucrado con la Resistencia y contra el golpe de Estado.

Hay personas despedidas ilegalmente, hostigadas, asesinadas, hay atentados y amenazas. El STIBYS ha sufrido serias persecuciones y su presidente, Carlos H. Reyes, ha sido amenazado de muerte. Recientemente, el directivo de la CUTH, José Luis Baquedano, y su familia sufrieron un atentado.

En Honduras pensar y opinar ya es un delito. Sin embargo, seguimos en resistencia hasta lograr el objetivo de instalar una Asamblea Nacional Constituyente.

-El 2010 va a ser un año de procesos de contratación colectiva para el STIBYS…

-Ya iniciamos las negociaciones con la Licorera Los Angeles SA de CV, de capital guatemalteco y nicaragüense (Grupo Pellas).

Ante la intransigencia de la empresa que no quiere un reajuste de salario, por primera vez estamos a punto de romper la negociación e ir a una etapa de mediación.

En agosto vamos a iniciar la negociación con la Fabrica Aguardiente “El Buen Gusto Yuscarán”, y entre septiembre y octubre entramos a la negociación con Cervecería Hondureña (SABMiller) y Embotelladora La Reyna (CabCorp-PepsiCo).

-La UITA, 3F y los principales sindicatos de las bebidas de la región decidieron desarrollar su encuentro regional en Honduras, en solidaridad con el pueblo hondureño. ¿Qué te parece esta decisión?

-Es muy acertada, porque va a contribuir a romper el cerco impuesto por los medios corporativos de información nacional e internacional. Agradecemos profundamente a la UITA, 3F y todas las organizaciones sindicales por esta decisión.

De manera particular quiero agradecer a la UITA por haber estado informando permanentemente sobre lo que ocurría en Honduras después del golpe de Estado.

Además, hago un llamado a todas las organizaciones afiliadas a la UITA, para que se pronuncien en contra de este sistema y de los usurpadores que están en el poder, y sus pretensiones de seguir precarizando el trabajo, violentando los derechos humanos y laborales.