Las dictaduras nunca llegan para disciplinar a pueblos dormidos. Antes bien, se las promueve para reprimir con violencia, terror e impunidad a una sociedad en plena dinámica de cambio. El golpe en Honduras no fue la excepción, y ahora, esta “democracia Frankestein” va por las libertades civiles, las conquistas sociales y las cabezas de los y las dirigentes y activistas más dinámicos. En este marco, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), organización afiliada a la UITA, denunció recientemente los retrocesos que en materia laboral impulsan los herederos del golpe de Estado.

Según el STIBYS, hay varios ejemplos de cómo empresas transnacionales radicadas en Honduras aprovecharon el golpe de Estado y a las autoridades de facto afines a sus intereses para paralizar la lucha reivindicativa de los trabajadores y trabajadoras.

“Cervecería Hondureña (SABMiller), distribuidora de Coca Cola y varias marcas de cerveza, quiso instalar por la vía casi de la fuerza un Sistema Médico-Empresa sin contar con el aval del Sindicato, mintiendo al asegurar a las autoridades de facto de la Seguridad Social que el STIBYS estaba de acuerdo –explicó a Sirel el coordinador de proyectos del STIBYS y miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Erasto Reyes–.

El STIBYS no está en contra de que se brinde a los trabajadores la justa asistencia sanitaria, sin embargo, está exigiendo que se discuta, revise y aplique previamente la normativa relativa a las condiciones de higiene y seguridad laboral y los riesgos profesionales.

Señalamos también –continuó Reyes–  la perdida de varios juicios laborales, como por ejemplo el caso del despido injustificado del directivo sindical de la seccional de Puerto Cortéz, Carlos Martínez, quien perdió en primera instancia el juicio de reintegro en el juzgado local de San Pedro Sula. En su caso, es evidente el intento de acabar con un dirigente muy beligerante en la defensa de los derechos laborales y sindicales.

Lo que aquí se estuvo dando es una verdadera trama y una confabulación entre empresas transnacionales y autoridades de facto, para que todos los juicios fuesen desfavorables a los trabajadores, afectando de esa manera sus derechos”.

Erasto Reyes aseguró que el STIBYS continuará exigiéndole a las nuevas autoridades que asumieron el pasado 27 de enero que cumplan con su deber, aunque eso no implica su reconocimiento por considerarlas “más de los mismo”.

El Sindicato exige también que Cervecería Hondureña (SABMiller) asuma sus responsabilidades, dejando de manipular las relaciones con las autoridades.

“En febrero de 2009 los trabajadores de SABMiller se tomaron las instalaciones en San Pedro Sula porque había una reiterada violación del Convenio Colectivo. Con el apoyo del Ministerio del Trabajo entramos a un proceso de mediación; sin embargo, después del golpe de Estado las autoridades de facto dejaron ese proceso sin valor y efecto”.

Para Reyes, las autoridades que acaban de asumir deben demostrar una nueva postura, dirigida a garantizar los derechos de los trabajadores, “sin plegarse a los intereses de la oligarquía nacional y las transnacionales. El STIBYS va a mantener una actitud muy beligerante, cueste lo que cueste”, concluyó.

El caso de CAB Corp (Pepsi Co)

Embotelladora La Reyna, propiedad de CAB Corp, embotelladora Ancla para Centroamérica de Pepsi Cola Company, está siendo señalada por el STIBYS por haber aprovechado del golpe de Estado para implementar estrategias que van a afectar la estabilidad laboral de sus trabajadores.

“El golpe de Estado hizo retroceder muchos años lo que con grandes esfuerzos los trabajadores y trabajadoras habían logrado en materia laboral –sentenció Porfirio Ponce Valle, vicepresidente del STIBYS–.

En el caso de Embotelladora La Reyna (CAB Corp), denunciamos la pretensión de la empresa de querer afectar al Sindicato en la planta de producción de Amarateca, al norte de la capital, tratando de transformar las plazas de diferentes líneas en cargos de confianza, y violando de esa manera el Convenio Colectivo que reconoce estas plazas como sindicalizadas.

Antes del golpe –continuó Ponce– logramos entrar a una etapa de mediación, aunque la empresa sostuviera que no se trataba de un conflicto económico-social. Sin embargo, después del 28 de junio de 2009 las nuevas autoridades de facto del Ministerio del Trabajo aceptaron el planteamiento de la empresa y suspendieron la mediación”.

El vicepresidente del STIBYS explicó también que presentaron una queja ante el Ministro del Trabajo que se comprometió a revisar el caso. Han pasado varios meses y no ha habido respuesta.

“Vamos a continuar hasta agotar todos los procedimientos, y si no tenemos resultados vamos a recurrir a los tribunales. Los empresarios quieren desestabilizar y desaparecer al Sindicato, y aún más cuando se trata del STIBYS”, aseveró el dirigente sindical.

Para Porfirio Ponce existiría un plan para desaparecer al STIBYS. “Nos han puesto bombas, nos han amenazado y disparado. Los cuerpos de inteligencia de la policía y del ejército infiltraron a nuestra gente y han puesto micrófonos en nuestras instalaciones para espiarnos.

No podemos olvidar que todavía estamos en un régimen de facto, porque el nuevo gobierno surgió sin que se revirtiera el golpe y se restaurara la institucionalidad en el país.

Ahora –concluyó Ponce Valle– las autoridades de facto y las grandes empresas transnacionales, que por cierto apoyaron el golpe, se están intercambiando favores. Su objetivo es desaparecernos, pero no lo van a lograr nunca”.