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Poco
después del mediodía de ayer, miércoles
24, en la ciudad de San Pedro Sula,
alguien llamó a la puerta de Claudia
Larissa Brizuela quien estaba cumpliendo
36 años. Al abrir recibió tres balas en
la cabeza que la mataron
instantáneamente. Claudia era militante
en el sindicato de la Alcaldía donde
trabajaba, e hija de Pedro Brizuela,
connotado dirigente local del Frente
Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
Este nuevo asesinato terrorista ocurrió en la víspera de una
gran movilización programada por el
FNRP en la capital, Tegucigalpa, en
rechazo a la Comisión por la Verdad,
considerada como la puerta de salida
hacia la impunidad para todos los
criminales involucrados en el golpe de
Estado y la salvaje represión que le
siguió.
Claudia
es la tercera víctima mortal en este
primer mes de gobierno de Porfirio
Lobo. Ya fueron asesinados en
circunstancias bastante parecidas
Vanessa Zepeda
y Julio Funes.
Pedro Brizuela,
padre de Claudia, vinculó el
asesinato a sus actividades en el
FNRP, y a un intento de aterrorizar
a quienes aún sostienen la lucha por la
democracia en Honduras.
La represión parece enfocarse ahora especialmente hacia las
mujeres, ya que son varias las que han
denunciado haber recibido en estos días
amenazas directas por teléfono, así como
ser acosadas telefónicamente por
personas que no se identifican y que
anuncian la muerte de sus hijos y
allegados. Una de ellas fue perseguida
con un vehículo y otra sufrió una
golpiza a raíz de la cual perdió un ojo,
varios dientes y quedó lesionada en su
columna vertebral.
La violencia selectiva contra dirigentes de base del FNRP
y de sindicatos y organizaciones
sociales se ha incrementado desde el
pasado 28 de enero, cuando asumió
Porfirio Lobo. Su ministro de
Seguridad, Oscar Álvarez, ha
expresado públicamente que es necesario
erradicar a la resistencia porque “ya no
tiene razón de ser”.
La estrategia implementada por los Servicios de Inteligencia
hondureños consiste en sembrar el terror
mediante el asesinato público, casi
mediático, de los y las dirigentes de
base, eludiendo –por ahora- a las
personalidades más conocidas de la
oposición. Esta estrategia tendría el
doble efecto de instalar una “cacería de
baja intensidad” con características de
terrorismo de Estado para intimidar al
pueblo, y, supuestamente, evitar los
escándalos nacionales e internacionales
mayores que provocarían los homicidios
de personalidades más ampliamente
reconocidas.
Este régimen no gobierna en democracia, no es una democracia.
Y ya son varios los que han pagado con
su vida esta evidencia. No es en vano
que el principal asesor en Seguridad de
Porfirio Lobo sea José Félix
Ramajo, instructor de la ISA
(International Security Academy), con
vínculos conocidos con el servicio de
inteligencia israelí, el Mossad.
En Honduras se está implementando una reedición del
terrorismo de Estado de la década de los
80, pero con una variante: la
selectividad en el golpe a la base. No
hay masacres colectivas, cuerpos
mutilados, despedazados, abandonados en
los suburbios; aún no hay “magnicidios”.
El concepto de represión aplicado ahora
es aún mucho más perverso porque utiliza
la difusión mediática de las muertes con
un mensaje bien claro: “El próximo
puedes ser tú, o tú, o tus hijos,
parientes, amigos o amigas”. Es la
diseminación de un terror que la
impunidad amplifica a escala casi
universal.
¿Qué clase de mente puede producir este tipo de estrategias?
Sólo enunciarlo causa asco.
La Rel-UITA
vuelve a señalar la responsabilidad del
presidente Porfirio Lobo en estos
asesinatos, así como de los gobiernos
que apoyaron el proceso que derrocó a
Manuel Zelaya e instauró esta
democradura terrorista.
La sangre de Claudia, de Vanessa, de Julio
y de todas las víctimas del terrorismo
de Estado en Honduras debe llegar
hasta las pulcras oficinas de la Casa
Blanca. El llanto desconsolado de
Eduard y Said, de ocho y dos
años respectivamente, huérfanos de
Claudia, debe retumbar en sus
amplios salones y alhajados muros y
llenar de vergüenza a este Presidente
afroamericano que esparce la guerra y la
muerte hablando de paz.
La Rel-UITA
condena éste y todos los asesinatos
sufridos por el pueblo hondureño en su
lucha por sus derechos, por su
democracia, y continuará denunciando
permanentemente a los verdaderos
responsables de estos crímenes de lesa
humanidad.
La comunidad internacional debe reaccionar rápida y
enérgicamente, y condenar a los
gobiernos que sostienen este régimen
inhumano.
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