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Allanamientos y detenciones ilegales,
asesinatos y desapariciones han
caracterizado las últimas semanas en
Honduras.
Diferentes
organizaciones de derechos humanos las han
clasificado como una verdadera ofensiva
para aplastar el trabajo de
fortalecimiento organizativo del FNRP*, en su
intento de iniciar un camino hacia la
conformación de una fuerza política y
social capaz de desplazar a los partidos
tradicionales golpistas y apuntar a la
instalación de una Asamblea Nacional
Constituyente.
Después de las cuestionadas elecciones del pasado 29 de
noviembre, en las que en medio de una
significativa abstención que alcanzó el
60 por ciento salió electo el candidato
del Partido Nacional, Porfirio “Pepe”
Lobo Sosa, en Honduras se
desató una ola represiva en contra de
miembros activos de la Resistencia,
intensificando la que ha sido una
constante a lo largo de todo el periodo
de ruptura constitucional originada por
el golpe de Estado del 28 de junio de
2009.
En la
madrugada del 14 de diciembre, fue
asesinado Walter Tróchez, defensor de
derechos humanos, especialmente de la
Comunidad LGTTB**. Le dispararon desde un
carro en el centro de Tegucigalpa
después de que unos días antes había
sido secuestrado, brutalmente golpeado y
había logrado salvarse tirándose del
vehículo conducido por hombres que le
acusaban de ser parte integrante del
Frente Nacional Contra el Golpe de
Estado.
El
6
de diciembre,
cinco jóvenes
-todos ellos
miembros activos de la Resistencia-
fueron asesinados a sangre fría en la
Colonia Villanueva, en la parte oriental
de la capital hondureña. Mientras que un
día antes hombres armados irrumpieron en
las instalaciones del periódico El
Libertador, amenazando al personal del
rotativo que en estos últimos cinco
meses ha trabajado arduamente para
denunciar el golpe de Estado, y
llevándose computadoras y cámaras
fotográficas.
El 8
de diciembre fueron liberados cuatro de
los cinco activistas de la Resistencia
que habían sido secuestrados unos días
antes. El quinto, Santos Corrales
García, fue brutalmente asesinado y su
cuerpo decapitado fue encontrado a 50km
al este de la capital.
“Los días 4 y 5 de diciembre, un grupo de cinco personas con
pasamontañas y vestidas con uniformes de
la Dirección Nacional de Investigación
Criminal (DNIC), con fusiles
Galil y pistolas 9mm, que es el
armamento oficial de la Policía,
detuvieron al señor Santos Corrales
García y a cuatro personas más en la
colonia Nueva Capital en Tegucigalpa
–contó a Sirel el director del
Comité para la Defensa de los Derechos
Humanos en Honduras (CODEH),
Andrés Pavón–.
Fueron encapuchadas para que no pudieran identificar el
lugar hacia donde fueron llevadas,
posiblemente un centro de detención
clandestino.
Fueron
torturadas para que dieran información
sobre los líderes de la Resistencia en
la colonia donde viven, y exigieron
conocer el paradero de la señora Ada
Marina Castillo, también miembro de la
Resistencia.
Estamos ante una verdadera estrategia del terror –continuó
Pavón– y a un plan para detener el
proceso organizativo de la Resistencia
antes de la toma de posesión el próximo
27 de enero. Es un plan que se va a
intensificar en las próximas semanas y
ya estamos viendo cómo la Policía y el
Ejército captura a los jóvenes en los
barrios y colonias, mientras que los
líderes de la Resistencia a nivel
nacional siguen sin poder conducir una
vida normal por temor a lo que les pueda
pasar”.
Para el director del CODEH la ola represiva apunta a
descabezar al movimiento de resistencia,
para que el nuevo gobierno, surgido de
un proceso electoral irregular e
ilegítimo, no tenga que lidiar con una
resistencia orgánicamente activa.
“El CODEH y la Plataforma que integran las diferentes
organizaciones de derechos humanos
estamos pidiendo la intervención de la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), para que
implemente el mecanismo de medidas
cautelares a favor de las personas que
viven bajo amenazas.
Además, estamos denunciando todo lo que está pasando ante los
órganos de derechos humanos de la ONU
y ante el fiscal de la Corte Penal
Internacional (CPI), para que se
comience un juicio en contra de los
responsables de estos crímenes. Sabemos –explicó Pavón– que el
Acuerdo Tegucigalpa-San
José prevé la conformación en los
próximos meses de una Comisión de la
Verdad. Sin embargo, creemos que no hay
condiciones para instalarla, porque en
el país todavía no hay garantías del
Estado de derecho, y mucho menos
confianza y fiabilidad en los organismos
de justicia del país. No puede haber una
Comisión de la Verdad en el marco de
estas barbaries”.
Organismos internacionales
siguen de
cerca el caso de Honduras
El pasado septiembre, la Asociación Pro Derechos Humanos de
España (APDHE) y la Federación
Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
presentaron una comunicación ante la
CPI, para que inicie una
investigación de oficio para determinar
la responsabilidad penal de quienes
cometieron graves violaciones a los
derechos humanos en el marco del golpe
de Estado en Honduras,
mientras que el
Observatorio Internacional
Sobre la Situación de Derechos Humanos
en Honduras (OISDHHN) hizo un
llamado urgente a la comunidad
internacional para que
se mantenga vigilante ante las graves
violaciones a los derechos humanos en el
país.
Por su lado, Amnistía Internacional pidió una
investigación independiente que
garantice que todos los responsables de
abusos a los derechos humanos sean
llevados ante la justicia.
En un documento dado a conocer durante una conferencia de
prensa en Honduras, la delegación
de esta instancia internacional exigió
“revocar toda la legislación, decretos y
órdenes ejecutivas emitidas por las
autoridades de facto que afecten directa
o indirectamente a los derechos humanos,
asegurar que las Fuerzas Armadas vuelvan
a sus cuarteles y que se termine
definitivamente su papel en operaciones
policiales, y que todos los miembros de
las fuerzas de seguridad rindan cuentas
por los abusos a los derechos humanos
cometidos entre el 28 de junio y finales
de noviembre”, cita el documento.
“Es importante –concluyó el director del CODEH– que
siga la solidaridad con el pueblo
hondureño y la observación sobre lo que
está pasando en Honduras, sobre
todo en este momento en que se está
incrementando la persecución de carácter
selectivo”.
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