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Mientras en el país
crece la expectativa para la llegada de la misión de los Cancilleres de la OEA y
el inicio de un diálogo cuyos contenidos no dejan de ser contradictorios e
inciertos, las víctimas de la represión, fomentada a lo largo de 101 días e
intensificada con el Decreto Ejecutivo impuesto por el gobierno de facto y
recientemente derogado, siguen luchando por su libertad.
Desde tempranas horas de la
mañana de ayer, 6 de octubre, la Sala de Juicios Orales de la Corte Suprema de
Justicia en Tegucigalpa ha sido escenario del juicio entablado contra 51 de las
55 personas pertenecientes a las tres principales confederaciones campesinas de
Honduras, quienes fueron desalojadas por la Policía y el Ejército después
de una toma pacífica de tres meses de las instalaciones del Instituto Nacional
Agrario (INA).
Acusados y acusadas de sedición
contra la seguridad del Estado, 38 hombres permanecieron más de una semana en la
cárcel protagonizando una huelga de hambre y declarándose presos políticos,
mientras que cinco mujeres, seis mayores de edad y dos menores obtuvieron
medidas cautelares.
El juez que dictaminó estas
medidas provisionales dejó al mismo tiempo en libertad a los cuatro trabajadores
del INA, integrantes del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional
Agrario (SITRAINA), organización afiliada a la UITA.
Según los abogados defensores
de las 51 personas, hay elementos suficientes para que sean sobreseídos de forma
definitiva. Sin embargo tienen temor de que sigan las medidas represivas para
desarticular el movimiento de Resistencia contra el golpe de Estado.
Decenas de personas llegaron a
la Corte Suprema de Justicia con mantas y pancartas, coreando consignas para
hacer sentir su apoyo incondicional a las personas que lentamente hacían su
ingreso en la Sala de Audiencia Oral.
“Los trabajadores afiliados al
SITRAINA seguimos en resistencia –explicó a Sirel el secretario
general de este sindicato, Luis Santos Madrid–.
No estamos reconociendo las
nuevas autoridades impuestas por el gobierno de facto y estamos haciendo
carteles y pancartas para dar a conocer la situación que se está dando dentro de
la institución.
En tanto nuestros compañeros y
compañeras permanezcan detenidos no vamos a negociar con el ministro de facto.
Hoy estamos aquí –continuó Luis Santos Madrid– para respaldar la lucha de
las personas injustamente detenidas, y los cuatro compañeros del SITRAINA
que fueron encontrados inocentes van a atestiguar para desvirtuar todas las
acusaciones.
Vamos a seguir luchando hasta
que se les libere y se restituya el orden constitucional en el país”, concluyó.
A
través de un comunicado oficial, el presidente Manuel Zelaya exigió a la
dictadura “la libertad inmediata para los presos políticos, el cese inmediato a
la represión del pueblo que resiste, y la reapertura de Radio Globo y
Canal 36, ya
que
estas acciones tuvieron lugar
al
amparo del ilegal decreto y son violatorias de los derechos y libertades del
pueblo, y de los medios de comunicación en resistencia”.
Asilo político para indígenas perseguidos
Doce miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (COPINH), entre ellos cuatro menores de edad, ingresaron ayer,
6 de octubre, a la Embajada de Guatemala en Tegucigalpa, para solicitar
asilo político aduciendo que sufren persecución política por parte del actual
gobierno de facto.
Las doce personas de etnia lenca que provienen del departamento de
Itinbucá, en el occidente de Honduras, condenaron la persecución,
tortura y represión de las que fueron víctimas a raíz del golpe de Estado y por
haber participado activamente en las movilizaciones promovidas por el
Frente Nacional Contra el Golpe de Estado.
Según Salvador Zúniga, directivo del COPINH, “Hemos visto cómo
están apareciendo muertos, hemos visto centenares de personas detenidas, y hoy
todavía hay más de 60 encarcelados y hay asesinatos sumariales. La situación es
tremenda.
De la gente que hoy solicitó asilo en la Embajada de Guatemala, hay
cuatro que ya han sufrido encarcelamiento y uno de ellos tiene cicatrices
frescas de golpes en la cara, cabeza y señales de tortura y de golpes en la
espalda. Estamos frente a un régimen terrible que atenta contra la vida”,
explicó Zúniga.
Horas más tarde, la Cancillería de Guatemala emitió un comunicado en el
que plantea que “el artículo 27 de la Constitución Política establece que
Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las
prácticas internacionales”, anunciando al mismo tiempo la presencia en la
delegación de la OEA de su Canciller, Haroldo Rodas Melgar, “para
propiciar la instalación de una mesa de diálogo a fin de buscar una solución a
la crisis política que se vive en Honduras".
El comunicado exigió también “a las autoridades de facto el pleno respeto de los
derechos humanos y el cese de los actos de represión en contra de los
ciudadanos”. En los próximos días el gobierno guatemalteco dará a conocer su
decisión con respecto a la demanda de asilo presentada por los miembros del
COPINH.
Llega comisión de la OEA
En la mañana de
hoy, 7 de octubre, llegó al país la comisión de alto nivel de la OEA
conformada por los cancilleres de Costa Rica,
Ecuador,
Guatemala, El Salvador, México, Panamá, Canadá y
Jamaica, así como los embajadores ante la OEA de Argentina
y de Brasil.
La comisión estará también
integrada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza,
el secretario de Estado de España para Iberoamérica
Juan Pablo de
la Iglesia y
un representante del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
El objetivo de la comisión será
impulsar el proceso de diálogo al cual, al momento de redactar esta nota, el
Frente Nacional Contra el Golpe de Estado aún no había decidido si
participará, respondiendo positivamente a la invitación hecha por el presidente
Manuel Zelaya.
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