Resulta difícil encontrar nuevas palabras para describir el enorme corazón de este pueblo hondureño que resiste, avanza sin miedo y sigue manifestándose masivamente, pidiendo que se reestablezca el orden constitucional brutalmente violado por el golpe de Estado del pasado domingo 28.

Carlos Reyes

Una desbordante marcha que reunió por segundo día consecutivo a decenas de miles de hondureños que rechazan el golpe de Estado, atravesó las calles de Tegucigalpa y llegó hasta las instalaciones de las Naciones Unidas, donde los dirigentes de los movimientos populares y sindicales entregaron un documento en el que piden el respaldo de esta instancia para que se restablezca el orden constitucional en Honduras, tal como lo hicieron un día antes en la delegación de la OEA.

Una multitud recorrió kilómetros cantando, lanzando consignas, bailando al son de los tambores de la comunidad garifuna, enseñando sus pancartas en las que ridiculizaban el actual gobierno de facto y que, de pronto, mano sobre el corazón y puño en alto, se detenía y entonaba su sagrado himno nacional.

Sorprendente también la capacidad y el nivel organizativo del Frente Nacional contra el Golpe de Estado en Honduras, instancia que reúne a las diferentes organizaciones populares y sindicales del país, y el nivel de conciencia de los participantes en la marcha.

Pese al evidente y compresible enojo por lo que ha ocurrido el domingo 28 cuando fueron brutalmente desalojados por los militares y los cuerpos especiales de la Policía, durante el recorrido no se registraron actos de violencia, ni vandálicos. La marcha se desarrolló pacíficamente, dando prueba de madurez y de profunda convicción en lo que estas organizaciones están haciendo.

“La respuesta de la representante de la ONU fue muy clara. Están de acuerdo con nosotros, no están avalando el golpe de Estado y se adhieren a la decisión que en los días pasados tomó la Asamblea General de la ONU en contra de los golpistas –declaró el líder sindical Juan Barahona al salir de la reunión–.

Hay una decisión de echar a andar esta resolución para que los golpistas abandonen el poder. Vamos a seguir con la resistencia popular en las calles y estamos actuando con base en el artículo 3 de la Constitución que establece que nadie puede obedecer a un gobierno usurpador, y que el pueblo tiene derecho a la insurrección. Una insurrección popular y pacífica en contra de los golpistas, y mañana vamos a marchar nuevamente”, aseveró tajantemente Barahona.

Más represión

Si las organizaciones populares demostraron su firme convicción de seguir con la movilización pacífica, la actitud del gobierno de facto parece apuntar cada vez más a la violencia.

En San Pedro Sula, en el norte del país, más de 5 mil manifestantes que desde hace cuatro días ocupaban el Parque Central fueron brutalmente desalojados por el Ejército y la Policía.

“Cinco minutos antes de la represión, un helicóptero sobrevoló la zona controlada por los manifestantes –contó a Sirel el coordinador del Bloque Popular y directivo del STIBYS, Erasto Reyes–.

Luego, un pelotón del Ejército Nacional trató de rodear la manifestación y los militares iniciaron a disparar con sus armas de reglamento. Los policías antimotines lanzaron bombas lacrimógenas, gas urticante y rociaron agua con una tanqueta.

Fueron detenidas 68 personas y liberadas después de muchas horas. Nos contaron que mientras estaban encerrados les lanzaron lacrimógenas y gas urticante.

Hasta el momento hay varios heridos con golpes en todo el cuerpo y nos reportaron un herido de bala.

En lugar de buscar la paz –continuó Reyes– siguen con esta actitud represiva. Siempre hemos manifestado pacíficamente, y hasta hemos dicho a todos los participantes que se iban a responsabilizar personalmente en caso de cometer actos vandálicos.

Lo que ocurrió hoy no va a intimidar a la gente, y estamos llamando a movilizarnos mañana nuevamente, pacíficamente, porque la represión no depende del pueblo, sino de los políticos golpistas que han sepultado a la democracia. No hay marcha atrás hasta que se restablezca el orden democrático”, concluyó el dirigente sindical y popular.

Según declaraciones de los manifestantes, el gobierno de facto habría comenzado una intensa obra de persecución en contra de los Alcaldes que siguen fieles al presidente Manuela Zelaya. En San Pedro Sula, como en otras decenas de municipios, los Alcaldes fueron destituidos y reemplazados con personas afines al gobierno de Micheletti.

Organizaciones del campo de suman a la lucha

El Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA), organización afiliada a la UITA, se sumó a la movilización en defensa de la democracia.

Según Luis Santos Madrid, secretario general del SITRAINA, “Estamos totalmente en contra del golpe de Estado, del militarismo, y estamos apoyando el esfuerzo para el restablecimiento del orden democrático y el regreso del presidente Manuel Zelaya Rosales.

El sector del campo se está movilizando y participando a todas las actividades de protesta en todo el país. Nuestros afiliados se han involucrado es estas acciones, aunque sabemos que la Policía esta tratando de boicotear su movilización deteniendo los vehículos y los buses que se trasladan hacia Managua”, denunció el líder sindical.

Sigue presión internacional contra gobierno Micheletti

Mientras aumenta la espera ante un posible retorno en tierra hondureña del presidente Manuel Zelaya, la comunidad internacional sigue arrinconando al gobierno de facto de Honduras.

Todos los países de la Unión Europea decidieron escuchar el llamado del gobierno español y ordenaron a sus embajadores abandonar el país. La UE  suspendió también la ronda de negociación del Acuerdo de Asociación (AdA) con Centroamérica.

Para hoy, 3 de julio, se espera la llegada del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien además de reunirse con el gobierno de facto podría tener una reunión con las organizaciones que encabezan la resistencia al golpe de Estado.

Insulza declaró que no es su intención negociar con el gobierno de facto, sino presentar el documento de la resolución en el que se condena el golpe de estado, y se exige la restitución de Zelaya en el poder en un plazo máximo de 72 horas, plazo que vencerá en la madrugada del sábado.