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No ha
parado ni un solo instante la política
del terror implementada desde el pasado
28 de junio en Honduras, reanudando el
hilo de la violencia sistémica de los
años 80. Las organizaciones de los
derechos humanos hondureñas siguen
denunciando asesinatos, persecuciones,
amenazas y torturas contra miembros de
la Resistencia, así como los
preocupantes episodios de violencia
contra periodistas comprometidos con la
lucha contra el golpe de Estado y el
burdo intento del gobierno de facto de
hacer “borrón y cuenta nueva” de todo lo
que ha ocurrido en los últimos seis
meses.
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María Yolanda Chavarría |
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Edwin Renán Fajardo |
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César Silva |
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César Silva |
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El Departamento de Estado
norteamericano, a través de su
funcionario Craig A. Kelly de
visita en Honduras, pidió
nuevamente al presidente de facto,
Roberto Micheletti, abandonar el
poder antes del 27 de enero, fecha del
traspaso de mando, y secundó la
propuesta del futuro presidente
Porfirio Lobo Sosa de decretar una
amnistía generalizada que incluya al
propio presidente legítimo Manuel
Zelaya Rosales.
De esa manera, la administración
Obama y varios países europeos
pretenden limpiarle la cara al nuevo
gobierno y hacerlo aceptable para el
resto de la comunidad internacional. Sin
embargo, ni siquiera una sola palabra ha
sido pronunciada sobre los innumerables
casos de violación a los derechos
humanos que continúan ensangrentando al
país.
Para el Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),
que el pasado 1 de enero realizó un
plantón en la Plaza La Merced,
rebautizada Plaza de los Desaparecidos,
frente al Congreso Nacional, en
Honduras “opera un escuadrón de la
muerte con infraestructura terrorista,
responsable de ejecuciones, persecución
y muertes selectivas contra miembros de
la Resistencia, con el pleno
conocimiento de la Policía y el
Ejército”.
En un documento dado a conocer en esta
ocasión, esta histórica organización
denuncia que “existe un patrón de
violaciones sistemáticas a los derechos
humanos cometidas por la misma
estructura que rompió el orden
constitucional el 28 de junio de 2009”.
Las ejecuciones de Walter Tróchez
y Edwin Renán Fajardo, editor de
los documentales y reportajes producidos
por el periodista César Silva,
además de los secuestros y ataques
continuados al personal del periódico
El Libertador y de Radio Globo,
confirmaría la existencia de esta
infraestructura asesina que apunta a
sembrar el terror entre los miembros de
la Resistencia.
“Hoy estamos transitando los primeros
días de 2010, y lo hacemos bajo una
atmósfera de terror, con la cual los
golpistas civiles y militares,
nacionales y extranjeros, pretenden
silenciar las voces de millones de
legítimos hondureños y hondureñas, que
rechazamos la violencia como forma de
dirigir el consenso y gobernar el
Estado”, continúa el documento.
Navidad
ensangrentada
Edwin Renán Fajardo Argueta,
de 22 años, miembro activo de la
Resistencia, fue asesinado el pasado 22
de diciembre en su departamento en
Tegucigalpa, y sus asesinos trataron
burdamente de simular un suicidio por
ahorcamiento. En los días anteriores al
asesinato, Edwin Renán Fajardo
había comunicado a sus amigos sentirse
preocupado porque había estado
recibiendo varios mensajes de texto
amenazantes en su celular.
César Silva,
periodista independiente comprometido
con relatar y denunciar a través de sus
videos los horrores del golpe de Estado,
fue bajado de un taxi por tres hombre
armados el pasado 28 de diciembre y fue
llevado a una cárcel clandestina donde
fue golpeado repetidamente para que
diera informaciones sobre la Resistencia
y supuestos depósitos de armas
provenientes del extranjero.
“En la madrugada entró uno de los
secuestradores. Me tomó por el cuello,
me tiró al suelo, me pateó y me puso una
silla en el cuello para ahogarme. Me
echó una bolsa de agua en la nariz. Me
estaba asfixiando, y él intentó meterme
la bolsa en la boca. Pero de afuera le
gritaron: `Ya te dije que no te metas a
pedos (en problemas), ¡Dejalo!’”, contó
el periodista a la prensa internacional.
Al llegar a las oficinas del COFADEH,
después de haber sido liberado tras 24
horas de interrogatorio salvaje,
Silva relató que los secuestradores
le dijeron que tenía un ángel guardián
que abogó por su vida.
Más
periodistas amenazados
El corresponsal de Prensa Latina,
Ronnie Huete, el periodista de
Radio Globo, Rony Martínez y
la joven periodista de El Libertador,
Suny Arrazola fueron
repetidamente amenazados de muerte por
celular y constantemente hostigados,
mientras que el editor de ese mismo
periódico, René Novoa, fue
brutalmente agredido y golpeado por
miembros del Ejército y la Policía
mientras estaba en un taxi.
Desde el golpe de Estado, los
periodistas de El Libertador han
estado sometido a una constante
represión y su reportero gráfico
Delmer Membreño tuvo que irse al
exilio después de haber sido secuestrado
y brutalmente torturado.
La brutalidad de este régimen opresor se
ha ensañado hasta contra una de las
“abuelas de la Resistencia”.
María Yolanda Chavarría,
de 70 años, fue detenida por tres
policías y trasladada a un cuarto oscuro
de una posta policial el pasado 22 de
diciembre. Según relató al COFADEH,
los policías siguieron insultándola y le
dijeron que era una cuatrera y que le
habían tomado fotos mientras estaba con
la Resistencia.
No a la
amnistía
Ante esta situación, el COFADEH
hizo un llamado a la comunidad
internacional para que “no quite sus
ojos de este país centroamericano y lo
declare en alerta máxima en materia de
derechos humanos.
Es extremadamente urgente que antes
del simulacro de traspaso de mando el 27
de enero próximo y después de esa fecha,
las organizaciones multilaterales abran
en Honduras legaciones in situ
para coordinar las operaciones de
salvamento de los liderazgos sociales y
políticos opuestos a los asaltantes del
poder.
Honduras
avanza aceleradamente, lejos de la
mirada internacional, a un estado de
absoluta indefensión que debe ser
interferido –continúa el llamado del
COFADEH–.
Para las y los perseguidos por esta
dictadura exigimos juicios no viciados y
respeto al debido proceso, libertad para
los cuatro presos políticos en la
Penitenciaría Nacional y el retorno
seguro de casi un centenar de personas
que salieron forzadamente de Honduras,
por el peligro inminente a su vida.
Sin proceso constituyente popular no hay
paz ni tranquilidad posibles. Sin un
nuevo Pacto Social y consenso político
mínimo, ninguna gobernabilidad será
posible”, concluye el documento.
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