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El
pasado 3 de septiembre el Departamento
de Estado dio a conocer un comunicado1
en el que anuncia “la terminación de una
amplia gama de asistencia al gobierno de
Honduras como resultado del golpe de
Estado que ocurrió el 28 de junio”,
señalando al mismo tiempo que la
secretaria de Estado, Hillary Clinton,
tomó esta decisión “reconociendo la
necesidad de imponer medidas más fuertes
debido a la persistente resistencia a la
adopción del Acuerdo de San José por
parte del régimen de facto, para
restaurar el orden democrático y
constitucional en Honduras”.
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Hillary Clinton y Manuel
Zelaya |
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Oscar Arias |
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El vocero de esta institución, Ian Kelly, informó
además que el gobierno estadounidense
revocará visas de entrada al país a
miembros y promotores del régimen de
facto hondureño, y que en este momento
no podría “apoyar el resultado de las
elecciones de noviembre”.
Aunque esta decisión de la administración Obama debe
ser considerada como algo positivo que
contribuye a aislar aún más al gobierno
de facto de Roberto Micheletti,
no se puede obviar el hecho de que llega
después de casi 70 días durante los
cuales el régimen golpista pudo crear
las condiciones necesarias para que
difícilmente se pueda restaurar la
situación político-institucional,
económica y social vigente antes del
golpe.
Además, el hecho de no haber aclarado el monto de la ayuda
suspendida o terminada desde el pasado
28 de junio, de estar todavía estudiando
el caso Honduras para determinar
si efectivamente se trató de un golpe de
Estado –lo cual obligaría a Estados
Unidos a suspender cualquier tipo de
apoyo financiero al país– y de seguir
reconociendo como única salida al
conflicto la ratificación del Acuerdo de
San José, desconociendo de esa manera el
posicionamiento del Frente Nacional
Contra el Golpe de Estado que pide
el fin de la militarización del país y
el inicio de un proceso de reforma a la
Constitución, salpica de dudas e
inquietudes la actitud ostentada hasta
el momento por la administración
Obama.
Agencias
al acecho
Si por un lado el gobierno de Estados Unidos suspende
parte de su ayuda al gobierno de facto
de Honduras, por otro varias
agencias estadounidenses que usan fondos
de los contribuyentes siguen con sus
financiamientos.
Según Bill Conroy, del The Narco News Bulletin,
“La Corporación Desafío del Milenio2
ha continuado moviendo millones de
dólares en Honduras desde el
golpe de Estado del 28 de junio, y no es
la única.
La Agencia Estadounidense
para el Desarrollo Internacional3
(USAID, por su sigla en inglés)
tiene proyectado proveer a Honduras
con cerca de 47 millones de dólares en
fondos para el año fiscal 2009, el cual
finaliza el 30 de septiembre de 2009.
Casi todo ese dinero (43 millones)
continúa programado para ser entregado
como estaba planeado previamente (al
golpe de Estado)”, señala Conroy.
Otras agencias muy conocidas por su apoyo financiero y
logístico a los sectores que se oponen a
los procesos de cambio en marcha en
diferentes países de América Latina,
siguen desarrollando normalmente sus
programas.
El reporte de auditoría realizado por USAID en junio
2009,4
señala por ejemplo que ese organismo
otorgó al Consorcio para Procesos
Electorales y Políticos (CEPPS,
por su sigla en inglés), joint venture
que involucra el International
Republican Institute (IRI), el
National Democratic Institute (NDI)
y a una agencia no gubernamental llamada
International Foundation for Electoral
Systems (IFES), un
acuerdo cooperativo de 1,8 millones de
dólares con el propósito de proveer
asistencia técnica al cuestionado
Tribunal Supremo Electoral (TSE)
y a diferentes organizaciones de la
sociedad civil en vista de las
elecciones de noviembre.
Por su lado, la Unión Europea se ha limitado a
congelar 65,5 millones de dólares de
ayuda presupuestaria, sin hacerles caso
a las múltiples demandas que provienen
de las sociedades hondureña y europea de
suspensión de todo tipo de cooperación y
de programas de apoyo a las
instituciones del Estado, la exclusión
de Honduras de las negociaciones
del Acuerdo de Asociación con
Centroamérica (AdA) y la
suspensión de Honduras del
Sistema General de Preferencias (SGP
plus).
Estas medidas serían una señal que apunta al rechazo real del
golpe de Estado y a la voluntad de crear
un precedente histórico para que nunca
más se repita un intento golpista en el
continente.
Democracia: ¿para qué?
Ante un hecho tan trascendental como este golpe de Estado,
que representa un retroceso para el
continente en su camino hacia la
estabilidad, la democracia y un posible
proceso de unificación, se necesita algo
más que las simples declaraciones de
rechazo que hasta el momento ha
caracterizado el comportamiento de estas
dos potencias económicas.
El Acuerdo de San José, fuertemente impulsado por Hillary
Clinton y magnificado por gran parte
de la comunidad internacional, tiene el
objetivo de restaurar la democracia en
el país, pero sin plantear los
mecanismos para revertir las medidas del
gobierno de facto, que en estos 70 días
ha tratado de arrasar con los avances
económicos, sociales y sindicales de los
últimos años.
Pretende restituir a un Presidente “atado de pies y manos”,
tal como declaró hace unos días la
primera dama Xiomara Castro,
crear un gobierno de Unidad Nacional en
el que participen los partidos
golpistas, dejar la garantía de un
correcto desarrollo de las elecciones en
manos de un Ejército que ha reprimido,
torturado y asesinado.
El Acuerdo de San José quiere negar al pueblo en resistencia
el derecho a una Consulta popular para
instalar una Asamblea Constituyente, y
pretende ofrecer una amnistía para los
delitos políticos cometidos durante el
golpe.
En fin, un acuerdo que parece estar ayudando a lograr el
objetivo, ya no muy oculto, de este
golpe y de sus arquitectos: frenar el
proceso de unión centroamericana, dar
una señal tangiblemente intimidatoria a
los gobiernos progresistas de América
del Sur, presentar el ALBA y
sus proyectos como el “mal” del nuevo
siglo y, sobre todo, crear un
precedente, un posible modelo según el
cual el golpe de Estado es rechazado,
pero igualmente logra revertir las
conquistas populares hacia una
democracia con contenido social.
Ante esta amenaza y el “tortuguismo” diplomático, las
organizaciones populares siguen
planteando su agenda, que no es la de la
comunidad internacional, ni la del
presidente Manuel Zelaya,
sino la de la gente que sigue sudando en
las calles de Honduras.
La gente que resiste y que quiere que se le devuelva una
democracia que mire hacia los más
desposeídos, que cambie el modelo
explotador y que haga de esta
experiencia de resistencia la base para
fundar la Honduras del futuro.
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