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El
Decreto Ejecutivo ilegal promulgado por el gobierno de facto ha venido a abrir
una primera fisura en la granítica unidad exhibida hasta ahora por los sectores
económicos y políticos que han orquestado el golpe de Estado. Una sorpresiva
propuesta de diálogo presentada por la empresa privada surge en un contexto de
constante violación de los derechos de aquellos sectores del pueblo hondureño
que rehúsan aceptar el quiebre institucional del pasado 28 de junio.
Por segundo día
consecutivo la Resistencia no pudo realizar su habitual marcha por las vías de
Tegucigalpa. En cumplimiento del Decreto Ejecutivo que sigue cercenando las
libertades individuales y colectivas de la población, y que parece ser un nuevo
y desestabilizante error del gobierno de facto de Roberto Micheletti, más
de 200 efectivos fuertemente armados cerraron la salida a los centenares de
personas que confluyeron ante la Universidad Pedagógica.
Además de ser
ilegal por su publicación en la Gaceta Oficial antes de su aprobación por parte
del Congreso Nacional, el decreto abrió un profundo debate entre los sectores
que han orquestado y aprobado el golpe de Estado.
Mientras los
diputados y los candidatos presidenciales de los partidos tradicionales pedían a
Micheletti que reconsiderara el contenido de dicho decreto y la comunidad
internacional reclamaba una solución definitiva a la grave crisis originada por
el golpe de Estado, de forma sorpresiva la empresa privada presentó una
propuesta que retoma algunos de los puntos contenidos en el Acuerdo de San José
y que deja al presidente Manuel Zelaya sin ningún instrumento real para
gobernar.
En esa
propuesta, presentada por el conocido empresario Adolfo Facussé, se
aceptaría la restitución del presidente Manuel Zelaya en la Presidencia,
pero condicionada a que se someta de inmediato a los tribunales de justicia.
Los nuevos
ministros serían nombrados por los partidos políticos en proporción de los votos
obtenidos en las últimas elecciones y podrían ser removidos solamente con el
voto de dos tercios del Congreso, mientras que el mando de las Fuerzas Armadas
estaría a cargo del gabinete de gobierno.
Una
fuerza multinacional, integrada por unos 3 mil militares o policías de Canadá,
Panamá y Colombia vigilaría el cumplimiento del acuerdo, y la
comunidad internacional debería respaldar incondicionalmente el desarrollo de
las elecciones del 29 de noviembre, mientras que Roberto Micheletti
pasaría a ocupar un puesto de diputado con la garantía de un escaño vitalicio.
En las próximas horas se esperan reacciones por parte del
presidente Zelaya y el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado.
Diálogo y
represión
Mientras la palabra “diálogo” sigue llenando los titulares de
los principales medios controlados por los poderes económicos de Honduras,
la represión contra el pueblo hondureño no cesa ni un sólo instante.
Ayer, 29 de septiembre, efectivos de la Policía llegaron al
Instituto Nacional Agrario (INA) con la aparente intención de ejecutar el
desalojo de los miembros de las organizaciones campesinas y sindicales que desde
hace tres meses mantienen una toma pacífica de la institución.
“Pese a las constantes amenazas, las organizaciones
campesinas y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA)
nos mantenemos firmes en nuestra resistencia contra el golpe de Estado -declaró
a Sirel Samuel Sánchez, miembro del SITRAINA, organización
afiliada a la UITA-.
Nos hemos tomado las instalaciones del INA en todo el
país y pedimos el respaldo internacional por cualquier cosa que pueda ocurrir en
las próximas horas. Vamos hasta el final y sabemos que la UITA y otras
instancias internacionales nos van a brindar su apoyo”.
Durante una conferencia de prensa, los dirigentes de la
Confederación Nacional Campesina (CNC), Confederación Hondureña de
Mujeres Campesinas (CHMC) y el Consejo Coordinador de Organizaciones
Campesinas de Honduras (COCOCH) informaron que “Nuestra presencia en el
INA es la única forma de garantizar los derechos de los campesinos,
porque con esta toma estamos protegiendo el cumplimiento del Decreto 18/2008,
con el que se va a resolver el tema de la mora agraria, beneficiando con títulos
de propiedad a más de 300 mil campesinos -dijo Ramón Navarro del COCOCH-.
Hemos sufrido persecución y represión, y nosotros, los
campesinos, nos hemos rebelado contra un gobierno ilegal y despótico. Estamos
aquí cuidando los expedientes de miles de campesinos porque no creemos que un
gobierno usurpador pueda desarrollar una verdadera reforma agraria.
Hemos recuperado la tierra para producir alimentos, la hemos
abonado con la sangre de nuestro pueblo -continuó Navarro- y no vamos a
permitir que nos avasallen más. Nuestro movimiento es parte del Frente de
Resistencia y si nos van a desalojar la lucha no termina aquí, sino que nos
vamos a movilizar de otra manera”, concluyó.
Ofensiva
judicial
El intento de detener la Resistencia contra el golpe de
Estado se ha trasladado también a los tribunales, donde decenas de fiscales y
abogados conscientes están tratando de contrarrestar la ola represiva contra
quienes se manifiestan contra el gobierno de facto.
Ayer, martes 29, varias personas que fueron desalojadas
frente a la embajada de Brasil fueron acusadas de sedición y enviadas a
la cárcel.
En el caso de Agustina Flores López, hermana de
Bertha Cáceres, miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (COPINH) y de la dirección colegiada del Frente
Nacional Contra el Golpe de Estado, el sólo hecho de ser parte de la
Resistencia ha sido clasificado por la juez como sedición.
“Ha sido capturada y golpeada salvajemente, y ahora la
quieren condenar sin ningún tipo de prueba. Estamos ante un experimento de este
gobierno de facto para tratar de desarticular la resistencia imponiendo el
terror y el miedo -dijo Noelia Núñez, abogada de Flores López-.
La justicia aquí está cada día más ciega. Un sistema
inquisidor y opresor, y que para nada garantiza que en éste -como en muchos otros
casos- considera que las personas son peligrosas sólo por el hecho de integrar el
Movimiento de Resistencia Contra el Golpe.
Me siento indignada como persona y profesional. Le rechazaron
las medidas sustitutivas y la enviaron a la cárcel -concluyó Núñez- y es
una clara señal que le están enviando a la Resistencia y a su hermana como
dirigente popular”.
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