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Pase lo
que pase en las próximas semanas y hasta
el 27 de enero, fecha en que Porfirio
Lobo Sosa, ganador de las cuestionadas
elecciones en Honduras, tomará posesión
de un cargo que hasta el momento casi
ningún país en el mundo reconoce,
resulta cada vez más claro que lo que ha
ocurrido en este país centroamericano a
partir del 28 de junio marcará un
evidente retroceso en el proceso de
consolidación de la democracia en el
continente latinoamericano. En este
contexto, no se pueden obviar las
evidentes responsabilidades que tiene el
nuevo gobierno de Estados Unidos en su
ofensiva para reposicionarse en el
continente.
Con el golpe de Estado del 28 de junio, los poderes fácticos
hondureños que, junto a las fuerzas
represivas y a sus aliados
internacionales controlan la economía y
la política del país, lograron detener
un proceso de emancipación en el que,
por primera vez en la historia de
Honduras, las fuerzas vivas del
pueblo estaban colaborando con el
Ejecutivo para imaginar y planear un
futuro diferente, aspirando a un
proyecto de Asamblea Nacional
Constituyente incluyente y marcadamente
popular.
Paralelamente, Honduras había iniciado un camino
dirigido a fortalecer la unidad
centroamericana y latinoamericana,
adhiriendo al Sistema de Integración
Centroamericana (SICA), a
Petrocaribe y al ALBA.
Demasiado para las fuerzas retrógradas del país y del
continente, que veían amenazados sus
intereses históricos y el status quo
de privilegios conservado por
décadas gracias a la violencia y la
represión de aparatos militares al
servicio de los grupos fácticos y de sus
aliados internacionales.
En este contexto no deben sorprender, aunque si indignar, las
recientes declaraciones de la titular de
política exterior del gobierno
estadounidense, Hillary Clinton,
durante su informe sobre las relaciones
entre Estados Unidos y América
Latina.
“Nos preocupan los líderes que son electos de manera libre,
justa y legítima, pero que después de
ser elegidos comienzan a socavar el
orden constitucional y democrático, el
sector privado, los derechos de los
ciudadanos de vivir libres de
hostigamiento, de represión y de poder
participar libremente en sus
sociedades”, ha dicho Clinton
apuntando el dedo acusador contra
Venezuela, Nicaragua y,
aunque sin mencionarlos, todos aquellos
gobiernos que no siguen fielmente los
“consejos” de Washington.
Sería interesante preguntarle a la señora Clinton y al
flamante Premio Nóbel de la Paz, qué es
lo que entienden con estas palabras. ¿O
acaso no se percataron de que en
Honduras hubo un golpe de Estado y
que el Presidente legítimo de este país
sigue encerrado en una embajada?
“Lo que me preocupa es cómo volvemos al camino correcto, a
uno en el que se reconoce que la
democracia no es un asunto de líderes
individuales, sino de instituciones
fuertes”, sentenció Clinton en su
discurso.
¿Cómo clasificaría la administración Obama, que
inmediatamente reconoció la legitimidad
de un proceso electoral sin
observadores, viciado por desarrollarse
en medio de la represión, la violencia,
en el marco de una ruptura
constitucional de la que fue parte el
mismo Tribunal Supremo Electoral, el
estado de terror en que vive buena parte
de la población hondureña que desconoce
el actual gobierno de facto y que no
quiso ser cómplice de esta burda
maniobra para legitimar y asentar el
golpe?
Sobre Honduras, la titular del Departamento de Estado
dijo que su país trabajó para lograr
una “aproximación pragmática, de
principios, multilateral, que apuntaba a
restaurar la democracia”. Nadie se
percató de ello, porque lo único que
logró esa “aproximación pragmática” fue
tratar de aniquilar todos los procesos y
los logros alcanzados en los últimos
años, posicionar sus piezas clave, el
presidente de Costa Rica,
Oscar Arias antes que todos, para
tomar las riendas de la situación,
apartando de su camino los esfuerzos
hechos desde el primer momento por la
OEA, la ONU, los países del
SICA, del ALBA y de otras
instancias del continente
latinoamericano.
Para completar la farsa montada por el gobierno de facto,
ahora Estados Unidos pide que se
dé cumplimiento al Acuerdo
Tegucigalpa-San José, instalando un
gobierno de unidad y reconciliación que
no prevé la presencia de Manuel
Zelaya, ni de sus principales
ministros y asesores, en su mayoría
obligados a vivir en el exilio. Al mismo
tiempo, el gobierno de facto de
Roberto Micheletti envió al Congreso
Nacional un proyecto de ley de amnistía,
para blanquear a todos los que en estos
cinco meses han violado sistemáticamente
los derechos humanos.
Una nueva pantomima que persigue el objetivo de legitimar de
manera definitiva el golpe de Estado, y
que pretende sentar un ejemplo para el
resto del continente. Un manual del
perfecto golpe de Estado estilo siglo
XXI, que envía un mensaje muy claro
sobre cuál va a ser la política Obama
para Centroamérica y América
Latina.
No una guerra directa como en Irak y Afganistán,
tampoco a través de amenazas como el
despliegue de la IV Flota en el
Atlántico, la instalación de las
bases militares en Colombia o
palabras directas como las que
Hillary Clinton dirigió a quienes se
atrevan a mantener relaciones con
Irán, sino una guerra solapada, de
“baja intensidad”, moviendo los hilos
más “oscuros” de la diplomacia y de las
cadenas de “agencias especiales”
preparadas para infiltrar países,
gobiernos, procesos electorales y
movimientos.
Una “guerra necesaria y justificable”, diría el presidente
Obama.
La
Resistencia: un bastión necesario
Si hay algo que los poderes fácticos y el mismo Estados
Unidos no calcularon fue la
impresionante capacidad de reacción del
pueblo hondureño.
Después del 27 de enero Honduras entrará
inevitablemente a una nueva etapa de su
sufrida historia. Concluido el período
presidencial de Manuel Zelaya,
será el turno de Porfirio Lobo.
Un gobierno extremadamente débil, en medio de una violenta
crisis económica, con un escaso
reconocimiento a nivel internacional y
atado a las órdenes que le dictarán los
autores principales del golpe,
incluyendo a Estados Unidos.
Ante este escenario, la que ha sido la resistencia contra el
golpe, hoy convertida en el Frente
Nacional de Resistencia Popular (FNRP),
tendrá que prepararse para una nueva
fase de la lucha. Y las dificultades ya
están en el tapete: la constante y
selectiva represión denunciada a nivel
mundial por las organizaciones de
derechos humanos es una clara señal del
temor que genera este proceso.
Los pasados 4 y 5 de diciembre, delegados y delegadas de
organizaciones de todo el país que
conforman el FNRP iniciaron una
histórica segunda fase de la lucha, para
fortalecer el proceso organizativo rumbo
a la conformación de una fuerza política
alternativa a los partidos
tradicionales, capaz de conducir el
pueblo hacia una Asamblea Constituyente.
Durantes esos dos días se conformaron varias comisiones y
mesas temáticas que estudiaron el camino
a recorrer en los próximos meses.
Terminando la actividad, el dirigente
sindical y coordinador del Bloque
Popular, Juan Barahona, explicó
que “Ahora vamos con un planteamiento
ideológico político claro, para que
todos los sectores organizados sepan
hacia dónde vamos.
Necesitamos conocer nuestro camino, necesitamos una
metodología para llegar a los sectores
usando la técnica del caracol, de abajo
hacia arriba, y tendremos un movimiento
que le truene. Hay que mantener el ánimo
–continuó Barahona– y proponernos
tomar el poder en forma pacífica, antes
o en el proceso electoral siguiente.
Sin embargo, hay que trabajar y muy duro, no es cuestión de
dormirse, sino de poner en nuestras
agendas diarias este proyecto”,
concluyó.
Una nueva etapa de la lucha del pueblo hondureño ha
comenzado.
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