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Pese a
la información que está circulando a nivel nacional e internacional según la
cual habría un satisfactorio avance en el diálogo entre la delegación de Roberto
Micheletti y la del presidente Manuel Zelaya, esa última integrada también por
un miembro de la Resistencia, lo que se percibe muy claramente es que el
gobierno de facto no tiene ninguna intención de buscar una salida a la crisis
que desde hace más de tres meses está postrando al pueblo hondureño.
En este momento resulta difícil entender si el juego al que
está jugando el gobierno de facto es montar ese gran show mediático del diálogo
para legitimar las elecciones del próximo 29 de noviembre, arriesgándose a
enfrentarse nuevamente a la comunidad internacional que sin embargo sobre este
tema ya parece estar dividida, o si apunta a encontrar las excusas necesarias
para que Roberto Micheletti se quede por más tiempo en el poder,
arrinconando al presidente Manuel Zelaya y a la misma Resistencia con una
presión y represión que en estos últimos días ha subido de manera desmedida,
burlándose de las recomendaciones de la OEA.
Según el asesor para Honduras del secretario general
de la OEA, John Biehl, “Elecciones que tengan lugar sin el
presidente Manuel Zelaya tendrían probablemente que ser altamente
militarizadas, con un alto grado de violencia, lo que significaría que el
próximo gobierno sería desconocido por una enorme mayoría de países y
continuaría el aislamiento de Honduras”.
No obstante, después de 106 días del golpe de Estado no se
han visto medidas serias y efectivas de la comunidad internacional para que se
revierta este ataque a la democracia nacional y del continente latinoamericano.
Más bien el gobierno de facto ha logrado que se le
reconociera como contraparte, ha monopolizado la agenda del diálogo poniendo
todo tipo de condiciones, y ha logrado que la participación de la OEA
fuera una simple pasarela de Cancilleres sin ningún tipo capacidad coercitiva.
En el documento final presentado por la delegación de la
OEA, se aclaraba que para desarrollar un verdadero diálogo era necesario
el
“restablecimiento y permanencia de todas las garantías constitucionales, la
restitución de todos los medios de prensa cuyo funcionamiento hubiera sido
interrumpido, resolver la situación en la embajada de Brasil y que se le
debe garantizar al presidente Zelaya condiciones de vida y de trabajo
acordes con su alta dignidad”.
El Frente
Nacional Contra el Golpe de Estado secundó estas demandas y condicionó el
desarrollo del diálogo al cese de cualquier tipo de represión.
Lo que ha
ocurrido en las últimas 72 horas ha sido todo lo contrario.
Vergonzosa intimidación
La derogación
del vergonzoso Decreto Ejecutivo nunca fue publicada en la Gaceta Oficial y
siguen suspendidas las garantías constitucionales. Esa medida ha permitido
nuevas y constantes amenazas y represiones contra el pueblo en resistencia,
debilitando sensiblemente su capacidad de movilización.
El pasado 9 de
octubre la Policía reprimió brutalmente a una movilización del Frente
Nacional Contra el Golpe de Estado usando gases lacrimógenos y chorros de
agua mezclada a productos químicos altamente urticantes. Las personas fueron
perseguidas por más de una hora y dispersadas pese a su firme voluntad y
capacidad de reagruparse y volver a protestar cada vez que eran reprimidas.
Un día después,
la Policía amenazó con desalojar un pacífico acto cultural en la colonia Hato de
En medio, en Tegucigalpa, obligando a la gente a no bajar de la acera.
El 10 de
octubre, el gobierno de facto publicó en la Gaceta Oficial un nuevo decreto en
el que otorga la potestad a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
de “revocar o cancelar permisos o licencias a los operadores de medios de
radiodifusión sonora y de televisión que emitan mensajes que generen apología al
odio nacional, la afectación de bienes jurídicos protegidos, así como un régimen
de anarquía social en contra del Estado democrático llegando a atentar contra la
paz social y derechos humanos”.
Con esta medida
se perfila el cierre definitivo de Radio Globo y Canal 36, y crea un instrumento
legal para cerrar todos aquellos medios locales e independientes cercanos a la
Resistencia.
Durante las
noches del 9, 10 y 11 de octubre, la embajada de Brasil ha sido objeto de
una verdadera estrategia de desgaste psicológico. El presidente de facto
Micheletti rechazó el pedido de la OEA y de la misma Resistencia de
desmilitarizar la zona y dar mejor trato a las personas que están encerradas en
este lugar.
Más bien la
presencia de militares ha aumentado con pinzas en las carreteras y con fuertes
contingentes a pocos metros del portón principal de la embajada. Han aumentado
las restricciones para la entrada de alimento, ropa y productos para la limpieza
personal y la embajada está permanentemente alumbrada con dos enormes focos.
Ha sido puesta
una grúa con una plataforma en la que permanecen militares fuertemente armados
observando el interior de la embajada, y una escalera en la parte de atrás.
Además, se han visto salir camiones cargados de desechos y tierras de un
edificio colindante, que podría significar el inicio de la excavación de un
túnel.
Difícil, o más
bien imposible, desarrollar un diálogo en estas condiciones. Es indispensable
que la comunidad internacional intervenga de inmediato para no legitimar algo
que cada día se parece más a una burla para el mundo entero y un peligroso
ejemplo para las democracias latinoamericanas.
Resistencia: 15 de octubre, fecha fatal
La Resistencia
y el mismo Zelaya han puesto como “fecha fatal” el 15 de octubre para que
se restituya al Presidente. Por el momento los avances han sido nulos, ya que
los puntos del Acuerdo de San José donde hay consenso entre las partes –creación
de un gobierno de reconciliación nacional, no a la amnistía para los delitos
políticos y a un adelanto de las elecciones y el rol de las Fuerzas Armadas
durante el proceso electoral– no tienen sentido sin un acuerdo sobre la
restitución de Zelaya y la Asamblea Constituyente.
En este
sentido, el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado ya dejó en claro
que está dispuesto a firmar las actas que se refieren a cada punto, sólo y
cuando se le agregue una nota en la que se expresa que tendrán validez solamente
si se llega un acuerdo integral que incluya estos dos puntos mencionados.
En estas
condiciones, es muy probable el fracaso de esta pantomima y un recrudecimiento
de la crisis a nivel nacional y de la represión.
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