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El
presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, hizo un llamado al
pueblo hondureño para que hoy, 28 de septiembre, se concentre en la capital
Tegucigalpa para celebrar con una “ofensiva final” los tres meses de resistencia
contra el golpe de Estado. La convocatoria desató una reacción intempestiva del
gobierno golpista y de los poderes políticos, económicos y militares que lo
promovieron y sostienen. El golpismo conduce al país hacia un callejón sin
salida acabando con las expectativas de un diálogo nacional y arrastrando al
pueblo hondureño hacia un escenario peligroso abismo de violencia y muerte.
“El 28 de
septiembre cumplimos tres meses de resistencia contra el golpe de Estado militar
y en todo este periodo el pueblo hondureño ha demostrado su alta capacidad de
lucha –dijo el presidente Manuel Zelaya durante una conferencia de prensa
brindada desde la embajada de Brasil donde está refugiado–.
Manifestamos
que persiste la actitud negativa del régimen de facto de no atender el llamado
al diálogo que hemos hecho, con el fin de que el país retorne a la libertad y a
la paz a las que tiene derecho.
A este llamado
al diálogo –continuó Zelaya– se le ha contestado con una represión
contra el pueblo, contra mi persona y quienes me acompañan en esta sede
diplomática.
Hago un llamado
patriótico y morazanista a todo el pueblo hondureño, y en forma especial a las
organizaciones de la resistencia, para que el 28 de septiembre se manifiesten de
forma pacífica en todo el país”.
Hacia el abismo
La reacción del
gobierno de facto no se hizo esperar y en menos de 24 horas tomó una serie de
medidas que colocan al país al borde de un abismo.
Primero emitió
un ultimátum al gobierno de Brasil para que en un plazo de diez días
defina el estatus del presidente Zelaya. Pasado ese término se romperán
relaciones con el país sudamericano y no se reconocerá como territorio
extranjero el edificio que le sirve de sede diplomática, abriendo de esta manera
la puerta a una posible intervención militar.
Fue inmediata
la respuesta del presidente brasileño Inacio “Lula” da Silva, quien
calificó al presidente Roberto Micheletti como un "usurpador en el
poder” y dijo que no va a acatar un ultimátum de golpistas.
El gobierno de
facto instó también al personal diplomático de Argentina, México,
Venezuela y España, países que rompieron relaciones con
Honduras, a quitar los escudos de sus sedes diplomáticas y entregar
cualquier credencial que los identifique como tales.
Asimismo
prohibió la entrada de los embajadores de estos países y condicionó la de los
demás embajadores que habían abandonado Honduras, pidiendo la
presentación de nuevas credenciales.
Momentos de
tensión se vivieron en el aeropuerto internacional de Toncontín, cuando fueron
retenidos cuatro funcionarios de la OEA que trataban de entrar al país
para preparar la llegada de una misión de esta organización.
A tres de ellos
no se les permitió la entrada, mientras que al cuarto se le dio un plazo muy
corto de estadía en el país.
“Lo que estamos
viendo es la intención del gobierno de facto de crear un cerco mediático para
que no se sepa lo que va a pasar el lunes 28 y el martes 29 en Honduras
–denunció Andrés Pavón,
Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras
(CODEH)–.
Tienen planificada una gran represión y pretenden perseguir a
los manifestantes, detener a todos y seguir matando. Pretenden que los informes
en materia de derechos humanos no sean registrados por organizaciones
internacionales como la OEA o la CIDH.
Ya tenemos a 15 personas con calificación de muerte por
motivos políticos lo que constituyen otros tantos delitos de lesa humanidad,
como es el caso de la muchacha que murió a causa de los gases lacrimógenos que
la Policía lanzó el día del desalojo frente a la embajada de Brasil
–concluyó
Pavón.
Wendy Elizabeth
Ávila,
de 24 años, murió la noche del 26 de septiembre a causa de complicaciones
respiratorias después de varios días de agonía. Su cuerpo fue velado por miles
de personas en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria
de la Bebida y Similares (STIBYS).
Derechos individuales y colectivos en cero
Como otra
medida represiva, el gobierno de facto emitió un Decreto Ejecutivo con el que se
restringen por un plazo de 45 días las garantías constitucionales del pueblo
hondureño, y en cadena nacional dio a conocer que “Queda prohibida toda reunión
pública no autorizada por las autoridades policiales o militares”, dándoles
facultad a estas fuerzas represivas para disolverlas con la fuerza.
Prevé también
la prohibición de “Emitir publicaciones por cualquier medio hablado, escrito o
televisado que ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos o atenten
contra la ley y las resoluciones gubernamentales, o de cualquier modo atenten
contra la paz y el orden público”.
En un acto de
grave violación a la libertad de expresión, que obviamente apunta a silenciar
los medios que siguen denunciando el golpe de Estado, como Radio Globo, Canal
36, Radio Progreso y las radios comunitarias, el decreto dio a la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y a las Fuerzas Armadas la
autorización para “suspender cualquier radioemisora, canal de televisión o
sistema de cable que no ajuste su programación a las presentes disposiciones”.
Finalmente, el
decreto ordena “detener a toda persona que sea encontrada fuera del horario de
circulación establecido o que de alguna manera se presuma como sospechoso de
causar daños a las personas o sus bienes", y el desalojo de todas aquellas
instalaciones del Estado que fueron tomadas por manifestantes”, poniendo en
serio peligro a las organizaciones campesinas y al Sindicato de Trabajadores del
Instituto Nacional Agrario (SITRAINA), afiliado a la UITA, que
desde hace tres meses se tomaron las instalaciones del INA.
La Resistencia responde
Durante una
masiva Asamblea del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado, el
dirigente sindical y miembro de la conducción colegiada de esta organización,
Juan Barahona, instó a la gente a no tener miedo y seguir con la lucha.
“Vamos a
continuar aún bajo las balas, el humo y las botas. Nos levantaremos y nos
liberaremos de esta dictadura, porque hay que derrotarla –dijo Barahona
ante una audiencia enardecida y el ataúd de Wendy Elizabeth Ávila–.
No pueden ser
ellos más fuertes de un pueblo que lucha con coraje y dignidad. Por eso no
podemos retroceder en esta lucha, porque hoy es Patria o Muerte. Porque es una
lucha de dignidad donde exponemos lo más valioso que es la vida. Porque la
sangre de los mártires hoy se convierte en semilla de libertad”, concluyó.
Para hoy, 28 de
septiembre, el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado,
desafiando el decreto, se concentrará en la Universidad Pedagógica para
marchar nuevamente y celebrar los tres meses de resistencia contra el golpe.
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